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Desde abril, más o menos, que no llueve en Tucumán. Las calles están llenas de tierra, y las personas que la tosen sin lograr sacársela de adentro no esperan menos que una gran tormenta, como la de Santa Rosa. Sin embargo, no es la tierra lo único que enrarece el clima. Son las historias que se desangran, los 80 crímenes impunes que han sumado su reclamo en la Marcha por la Justicia que desde hace seis meses –los mismos que pasaron desde la desaparición de Paulina Lebbos–, cada martes, surcan la ciudad envuelta en cerros.

“Lebbos no es Blumberg”, señalan los que los miran pasar, valorando el dato que hace la diferencia: los coprotagonistas de las marchas de los martes son personas pobres. El 80%, mujeres que padecieron delitos –la mayoría vinculados con la desaparición de personas– en carne propia o a través de sus hijos, padres, hermanos, maridos. También están allí los parientes de Beatriz Argañaraz y vecinos que se autoconvocaron. El grupo –secundado además por agrupaciones políticas (Partido Obrero y la Corriente Clasista Combativa) y gremios– se bautizó “Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad”, y cambió su primer lema “A vos te puede pasar” por otro que, sienten, los identifica más: “Para que no te pase”.

Que a nadie más le pase lo mismo que a Verónica, violada hace seis años por dos ingenieros agrónomos. O a Paola, que subió a un remise y el chofer, luego de apuntarla, la esposó. Que no vuelva a suceder lo que a Fernanda, que estaba trabajando cuando apareció su novio y de un tiro la mató. Ni a Jessica, capturada por una red de trata de blancas. Saben que su lema es ambicioso: ¿cómo evitar que esto no vuelva a pasar, si muchos de los culpables están en libertad?

En una encuesta realizada por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), el 100% de los entrevistados confesó la misma preocupación: “la inseguridad”, el miedo a un tipo de delito que está lejos de parecerse al que existe, por ejemplo, en Buenos Aires. Hay otro denominador común: hasta a los remiseros les corre un frío en la espalda si sus hijas tienen que tomar uno. “Acá, las empresas de remises tienen nombres y apellidos que están vinculados con causas muy graves, como Cinco Estrellas –implicados en la desaparición de Marita Verón–, con una flota de 700 vehículos, cuya titular es María Jesús Rivero. Además, sólo el 20% de los autos de alquiler que circulan están registrados, al resto se les permite andar con normas provisorias. Es ínfimo el avance, a pesar de las medidas que se establecieron tras el asesinato de Lebbos”, afirma el abogado Saúl Ibáñez.

SANTA PAULINA

“La incidencia principal del caso Paulina es cuánto ha conmovido a la sociedad tucumana: ha permitido reflexionar en torno de la naturalización de la violencia –interpreta la psicóloga Vicky Disatnik, de La casa de las mujeres Norma Nassif y docente de la UNT–. El impacto que ha tenido en los jóvenes es fuerte: a pesar de que les han metido miedo, ellos han generado estrategias para cuidarse y, a la vez, denunciar, cada martes. Así como el de Tejerina fue un analizador de la situación de las mujeres, para Tucumán el caso de Paulina es punto de encuentro de muchas miradas, donde la cuestión de género atraviesa la relación de las mujeres y la seguridad. El Estado ha hecho una cosa terrible de persecución a los padres, culpabilizándonos, como si la represión estuviera instalada de nuevo, persiguiendo a la que tiene polleras cortas. Hay un retroceso social enorme, pero se está armando una movilización por debajo, tanto de jóvenes que no están dispuestos a ser rehenes como de un movimiento de mujeres incipiente, que ayuda a que esto se visibilice. La impunidad tiene rasgos subjetivos que imponen condiciones sociales después.”

La Comisión de Familiares de Víctimas de la Impunidad intenta escribir un informe para el presidente Kirchner pero no logra terminarlo: todos los días se dispara un caso nuevo. Pide que los organismos de derechos humanos se acerquen a la provincia y que los legisladores sigan discutiendo leyes como las de testigo protegido.

Muchas de las víctimas de estos crímenes, en un primer momento tuvieron a quien recurrir: algún pariente policía. Al mismo tiempo, “el denominador común de estos casos es que están involucrados policías. Tenemos las pruebas –sostiene Alberto Lebbos–. Seguimos con autoridades en el Ministerio de Seguridad y en la Jefatura de Policía que no sólo son incompetentes sino delincuentes. Por ejemplo, en el caso de la Pauli, están implicados en maniobras de encubrimiento. Todos los días de mi vida vengo a la fiscalía, si no hacés un escándalo no pasa nada, el abandono es humillante”.

Las causas, judicialmente, parecen avanzar: hay detenidos, las víctimas son convocadas para hacer identificaciones, están en contacto con las brigadas de investigación policial y fiscalías. Pero la sensación es que de ahí a que se haga justicia hay un abismo. “Porque llega un momento donde todo se arregla, o porque no siempre es la pista correcta la que se trabaja”, explica Ibáñez.

YO ESTUVE AHI

Todos los diarios de Tucumán publican, en tapa y por día, alguna noticia policial. “A pesar del seguimiento que los lectores les dan a estos casos, no se prestan a colaborar con las investigaciones. Ni siquiera cuando se ofrecieron recompensas se acercó nadie a aportar un dato. Por miedo, nadie se mete”, arriesga Paola Ramírez, desde la sección policiales de El Periódico, semanario independiente que aumentó un 80% sus ventas en pleno caso Lebbos. “Sí despiertan conciencia social a la hora de hacer denuncias. Desde hace seis años cubro temas judiciales y policiales, y paso las mañanas en tribunales. Ultimamente veo en los partes policiales que ingresan a la fiscalía decenas de denuncias, la mayoría son de mujeres que denuncian amenazas de muerte, golpes, maltrato, y no hay quien las ayude –cuenta Ramírez–. Cifras que reflejen esta situación hay, pero se ocupan de que no tomen estado público.”

Además del de la maestra Betty Argañaraz y el de Paulina Lebbos, algunos casos que desvelaron a Tucumán en los últimos meses:

PAOLA SALCEDO el 8 de julio, a la noche, tomó un remise. Iba a un cumpleaños. El conductor detuvo el auto, apuntó a Paola (26), la esposó con las manos hacia atrás y le ordenó que se recostara en el asiento. Paola no gritó: nunca podría haber superado los decibeles de la FM 100. “Pensaba: ‘Estoy soñando, me quiero despertar’ –cuenta Salcedo a Las12–. Pensé: ‘Me van a violar, me van a torturar y, encima, después me matan. Prefiero matarme yo’.” El auto era pequeño, y había alcanzado la Ruta 9. Paola, haciendo malabares, logra rasguñar el picaporte: la puerta se abre, el conductor frena, ella se tira. En medio del camino, justo había una casa, y en la casa una fiesta privada (de las que se organizan desde que, tras el caso Lebbos, los boliches cierran a las 4 de la mañana): esas personas se acercaron a ayudarla. El conductor escapó. “Luego empecé a dar vueltas para sacarme las esposas: ninguna llave las abría. Parece que me habían puesto un modelo nuevo, como unas que acaba de recibir la policía, dicen...”. El intento de secuestro ocurrió a pocas horas de los festejos patrios: la ciudad estaba, en teoría, especialmente protegida. Paola hizo la denuncia, incluso un identikit. Pero no hay pistas que la lleven al chofer.

FERNANDA CHAILA fue asesinada el 29 de mayo cuando su ex novio, Lucas González, delante de testigos, le disparó. Eran las 12 del mediodía, ella estaba en su trabajo, una oficina pública, la Secretaría de Coordinación de Municipios y Comunas. “No lo pueden encontrar. Está confirmadísimo que González tiene contacto con policías que no están bien vistos dentro de la cúpula. Se habla, incluso, de zonas liberadas en el lugar donde la mataron: no había guardias, pudo irse volando en una zona donde a esa hora hay muchísimo tránsito”, afirma la periodista Ramírez.

Mary Ahumada, la madre de Fernanda, es una conocida productora de radio y televisión. “Se cansó de pedir ayuda por todos lados por las amenazas de muerte que recibía su hija –detalla Ramírez–. Incluso hizo denuncias que luego ratificó. A ella la conocen desde el gobernador hasta el último concejal. Se cansó de pedir auxilio cuando Fernanda todavía estaba viva.”

VERONICA JUAREZ hace un mes supo que uno de los dos hombres que la violaron, hace seis años, fue sobreseído por la Corte Suprema de Justicia. Sus padres, que comenzaron a estudiar abogacía, imaginan que al segundo hombre le llegará la misma sentencia. Aunque nunca se animó a contarlo públicamente “porque me da vergüenza que me tomen el pelo”. Verónica levanta en cada marcha una pancarta con los datos de los violadores: “Luis Gonzalo Blasco, Coronel Suárez 315. José Fernando Gómez, Lavalle 1171”. Por esto, acaban de iniciarle juicio por injurias, piden un año de prisión para ella y/o el pago de $90.000. Verónica tiene 23 años: la edad en la que fantaseaba recibirse de ingeniera. “Cada vez que tenía algo importante en la facultad pasaba algo, como cuando me ofrecieron plata para salir de la querella y decir que estuve de acuerdo con todo”, afirma.

JESSICA CATIVA estaba enojada con sus padres porque no la dejaban salir a bailar. Hace unos meses fue secuestrada, en la esquina de su casa de la villa miseria El Sifón. Pero en 24 horas la liberaron por “el quilombo” que armó su mamá, Antonia, que trabaja como pasadora de ropa en la frontera argentino-boliviana y acumula bronca desde que no pudo hacer nada cuando a Jessica la violó un policía, hace tres años. “La tía de una chica del barrio me llevó, la Sara. Sabía los problemas que yo tenía, y me propuso trabajar en casas de familia. Yo le dije que no. Como ya se iba, me pidió que la acompañe hasta la esquina. Llegamos y había un auto blanco, de los (remises) Cinco Estrellas, y me hizo subir –relata Jessica–. Después me encerraron con tres chicas en una pieza. Me pegaron, porque vinieron cuatro hombres y me pusieron con otra chica delante de ellos, y les dicen: ‘¿Con cuál querés estar?’ Un tipo me eligió, y yo dije: ‘A mí no me toca nadie’. Al otro día, la Sara dijo que la policía me andaba buscando, y que si no me entregaba le iban a llevar a su hijo. Otra mujer que estaba ahí, Mabel, dice: ‘Mirá cómo es, el cuerpo que tiene: con ella vamos a ganar mucho. No la pienso dejar’. Pero después llamaron a un servimoto, y le dicen al chico: ‘Tomá, llevala, hacé lo que quieras con ella’. La mujer me dijo: ‘Demandame, que yo les pongo whisky y les pago a todos los jefes de la policía, y me sueltan’.”

Jessica las demandó: las mujeres están detenidas, y en sus expedientes hay datos que las vinculan con los hermanos Viera, involucrados en las redes de trata de blancas y en el secuestro de Marita Verón. Apenas fue liberada, la policía trasladó a Jessica con una capucha en la cabeza y registró su caso como “fuga de hogar”.

Jessica y Antonia pudieron hacer escuchar su denuncia. Contaron con la ayuda de Susana Trimarco, madre de Marita Verón, la joven a quien desde hace un mes no la busca la policía sino Gendarmería Nacional. “Es tarde: hace cuatro años que Marita fue secuestrada. Pero que ingrese una fuerza federal a investigar es un avance. Con madres como Susana logramos que se instale socialmente el tema. Yo las veo como las Madres de Plaza de Mayo de la nueva generación –propone Garmendia–. Así como nosotros les agradecemos a las Madres de Plaza de Mayo que podamos seguir condenando a los genocidas, estas mujeres van a ser referentes para la generación de mis hijos. En Santiago del Estero, incluso, el problema es tan grave como acá, pero encima involucran a niñas. Sin embargo, ésta no es una preocupación para el poder político, pero creo que en algún momento va a reventar.”