Quizá la pregunta no sea qué se nombra cuando se dice violencia, sino qué se excluye. Hace no más de dos semanas un gran diario argentino daba una noticia alarmante: cada vez más personas mueren a manos de personas que conocen. Pero en realidad lo alarmante no era tanto la cantidad de casos que se mencionaba, sino la abrumadora invisibilidad de algo (absolutamente) evidente: de esas muertes, el 90% de las víctimas eran mujeres; y más que simples conocidos de las víctimas, los victimarios eran sus parejas. En ese caso, se nombró violencia como quien dice humedad, sensación térmica, inseguridad, pero se borró en el mismo acto de emitir palabra toda la carga propia (distintiva, específica) de esa violencia: las marcas particulares que convierten esos supuestos azares en la aplicación de lógicas de poder basadas en el género. Lo que se excluye es admitir que las víctimas de esas muertes violentas, de delitos contra la integridad sexual, de redes de tráfico, de prostitución, de pequeños (y no tanto) ejercicios cotidianos de dominio, son mujeres. No es una interpretación, lo dicen los datos. Pero está visto que en las noticias las identidades de género se diluyen.

Así como resulta arduo encontrar que se nombren las cosas por su nombre y no con eufemismos, también se vuelve difícil dibujar un mapa para entender de qué se habla cuando se habla de violencia contra las mujeres en Argentina, y de qué cuando se mentan acciones de prevención y atención. Vale decir que los números no cierran porque las políticas no son parejas. Si la base de datos del Consejo Nacional de la Mujer es correcta, no todas las provincias han incorporado como política de Estado una acción con perspectiva de género, no todas cuentan con servicios especializados en auxiliar, contener y acompañar a las mujeres víctimas de distintas formas de violencia, no todas han comprendido que llevar adelante políticas que contemplen los derechos de las mujeres no tiene por qué estar atado a estados civiles o maternidades. En San Luis, por ejemplo, lo más cercano a una política pública con perspectiva de género y voluntad no sexista es la que aplica el Subprograma Mujer y Comunidad, que forma parte del Programa provincial Familia Solidaria (y depende del Ministerio de la Cultura del Trabajo). En Río Negro, el Consejo Provincial de la Mujer depende del Ministerio de la Familia y en Formosa todo recae en la Dirección de Minoridad y Familia (que depende de la Subsecretaría de Desarrollo Social), pero peor es la situación de Jujuy: no existe ningún ámbito específico de todo el estado provincial, sino algunas (tres, para ser exactas) áreas mujer en instancias municipales.

El panorama se vuelve un poco más oscuro si se tienen en cuenta detalles anexos, como el hecho de que cuando se trata de muertes violentas, los archivos de la policía bonaerense catalogan las estadísticas de acuerdo a dos categorías: asesinatos comunes (más allá de sus grados) y crímenes pasionales. Y todo puede empeorar si se recuerda que para el Estado –el criterio surgió desde el Consejo Nacional de la Mujer– el único tipo de violencia de género que mereció la elaboración de un Instrumento de Registro de Casos fue la Violencia Familiar.

LAS FOTOGRAFÍAS PERTENECEN AL ENSAYO “VIVIENDO CON EL ENEMIGO” (1991), DE DONNA FERRATO, UNO DE LOS POCOS TRABAJOS DEL GÉNERO QUE HIZO FOCO SOBRE ESTA PROBLEMÁTICA.

Salvedades y recaudos prologan, entonces, la lectura de lo que fue el 2° Informe de Evaluación de Resultados, un balance de la atención por violencia familiar en todo el país, con datos entregados por servicios locales. En primer lugar, el acceso a servicios de atención y contención por casos de violencia suele darse de manera informal: lo más habitual es que una conocida, un conocido sean quienes alertan sobre el recurso, acercan el dato de un servicio y (quizás) acompañan en las consultas. Le siguen, en importancia, derivaciones de juzgados y otros servicios que no son las fuerzas policiales. En una cantidad intermedia de casos, la información de acceso llega a través de algún medio de comunicación; en muchos menos a través de alguna agente escolar. Como ya es tradición (aunque algunas páginas periodísticas todavía hoy se asombren de eso), entre el 80 y el 90% de los casos tienen por victimarios a parejas o ex parejas de las mujeres que denuncian o demandan atención (lo curioso, en cambio, es que en el caso de parejas actuales prácticamente no se denuncia a novios, sino a concubinos o cónyuges). Más del 30% de las mujeres lleva entre 20 y 30 años sufriendo violencia; en ese tiempo no ha pedido ayuda pero tampoco la ha recibido. La violencia psicológica generó más consultas que la física (entre 74 y 98% de los casos, frente a una brecha de ente 70 y 83%) y la violencia económica estuvo presente en el 75% de las consultas. La violencia sexual (que en estos registros también contempla la situación conyugal) asomó en los relatos del 50% de las mujeres atendidas. Todo esto, por supuesto, debe también leerse a la luz de otro supuesto: el del subregistro que puede producirse en el nada improbable caso de que la víctima no sea capaz de reconocer (porque naturaliza, porque niega, porque ignora) que es, precisamente, víctima de determinados ejercicios de la violencia.

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Estamos paradas en ese mapa, que es el mismo a partir del cual, por ejemplo, la antropóloga Patricia Arenas y la especialista en Ciencias Políticas Dolores Marcos hilaron para obtener El estado cómplice. Violencia y Derechos Humanos en Tucumán, una investigación que fue presentada a principios de este mes en el coloquio “Violencias, culturas institucionales y sociabilidad”, de Flacso (que forma parte del proyecto “Violencia delictiva, cultura política, sociabilidad y seguridad pública en conglomerados urbanos”, de la red de unidades académicas que sustentan la Universidad Nacional del Centro, la UN de Córdoba, la de Tucumán, la de Cuyo y Flacso). La cultura política, la memoria y los valores son, plantean las investigadoras, las bases de definición caprichosa que la historia nacional en general y tucumana en particular han modelado de acuerdo a estatutos de excepción y concepciones de democracia restringidas. A protecciones y desprotecciones de sectores de la sociedad civil que terminan por enfrentar con la lógica de los cortes de clase (de igual modo que en el resto del país), se suma la acción de un Estado que causa más efectos por omisión (no resguardar ciertos derechos) que por presencia, lo que podría explicar la existencia de casos notables de los últimos tiempos: el secuestro de Marita Verón por una red de trata, y el asesinato de Paulina Lebbos, a partir del cual se abrió en los hechos el espacio de la demanda colectiva. (Justamente sobre este último caso recuerdan Arenas y Marcos que, de acuerdo con una encuesta del diario La Gaceta de marzo de este año, más del 70% de los entrevistados creían que el caso no iba a resolverse.) Y es que no puede obviarse que una lectura equitativa y no violenta de género atiende, también, a una cierta concepción de la democracia. Vale decir, no puede serle ajena. En Tucumán, “los valores que sustentan la cultura política local son el orden, el respeto y la autoridad (...), que no sólo se reivindican para el mundo político, sino que también se aplican al ámbito familiar y social”. Y también: “en el caso del noroeste, y especialmente de Tucumán, las raíces de esta relación paternalista y conservadora del orden y el respeto se asocian con la cultura del azúcar, y en especial con las relaciones de patrón-obrero que ella promueve y estimula; y es que, además, al menos un estudio local ha cristalizado en palabras los correlatos entre “la percepción de las relaciones domésticas y la percepción de la autoridad” en el territorio provincial. Lo privado, lo particular, las relaciones que suelen creerse más originadas en las elecciones afectivas que en la fuerza de la costumbre, las socializaciones pequeñas y voluntarias también se modelan frente a esos espejos de lo público, tanto como lo público va tomando forma de la mano de los pequeños actos privados. De algún lado, hay que reconocer, salió ese lema que reivindicaba como espacios políticos equivalentes a la casa, la cama y la plaza.

El trabajo de Arenas y Marcos tiene una virtud nada menor: ata cabos conocidos que no suelen contarse unidos, lo que da por resultado bastante más que la suma de esas partes. Señalan que “de la lista total de denuncias de los colectivos de víctimas de la impunidad, el 60% son mujeres jóvenes”, y recuerdan la impunidad de redes que pueden tener origen en clanes y que continúan en funcionamiento a pesar de todas las pruebas y denuncias en su contra. “La red familiar paradigmática es la de la familia Ale. Rubén Ale (‘La Chancha’ Ale) y su ex esposa, María Jesús Riveros, están imputados en el caso Verón, al igual que su otra ex esposa, Daniela Milhein (...) Fueron encarcelados, junto con un policía, cuando trasladaban chicas secuestradas a Río Gallegos. La banda de Rubén y Fernando Pierri (padre e hijo) actúa en la zona de Chilecito y Nonogasta (...), zona en la que desapareció la ciudadana suiza Annagreth Wurgler, que habría ingresado al circuito VIP de la prostitución con el alias de Mariela. En Catamarca, es la familia de Lidia ‘Liliana’ Medina (está presa), que trabaja con sus hijos José Fernando ‘Chega’ Gómez (regentea el local Desafío, hoy rebautizado La Isla) y Gonzalo Gómez (regentea el Candy o Candilejas). En estos locales dicen tener a uno de los jueces de la causa como cliente. Otro clan familiar son los Viera. Están organizados bajo el mando de Adriana Sara Medina de Viera, madre de Roberto ‘Chanchón’ Viera, su hermano Jorge y Arnaldo. Serían los encargados de llevar y traer mujeres, niñas y adolescentes desde Tucumán a sus lugares de encierro en Catamarca y otras provincias.”

En las provincias, hablar de impunidad a la hora de la acción pública ante la violencia hacia las mujeres implica una combinación de ejercicios de la violencia, pero también una escalada de crímenes. “Actualmente, la policía mantiene vigiladas en Tucumán las casas de los miembros del clan (Ale) porque están buscando al asesino de María Fernanda Chaile, realizado a plena luz del día y en una oficina pública. El ataque ocurrió el 29 de mayo, en la sede de la Secretaría de Coordinación de Comunas y Municipios de la Provincia, ubicada en el Predio Ferial, en el Bajo, donde María Fernanda trabajaba. El hecho ocurrió luego de que González y Chaile discutieran por teléfono. El le exigió que bajara a hablar, y cuando ella accedió la golpeó, según los testigos. Luego le disparó con una pistola en la cabeza, tras lo cual escapó. La familia de Fernanda había hecho tres veces la denuncia por violencia y malos tratos a los que Fernanda era sometida por su novio. Terminó asesinada.” Una posible explicación al vacío en que fueron cayendo las denuncias por violencia es el hecho de que en Tucumán es preciso denunciar en comisarías que no cuentan con personal capacitado, “y, a pesar de que hay programas nacionales en curso, no está instaurada la práctica de seguir protocolos claros y eficientes en estos casos, que pocas veces llegan a la Justicia”.

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Las mujeres de Santiago del Estero debieron esperar a que cayera el imperio de Carlos Juárez y Nina Aragonés para que el estado provincial se diera, si no políticas de género, al menos espacios especializados en atención de mujeres víctimas de violencia. Esto sucedió, entonces, recién hace tres años (mientras que el Estado nacional cuenta con un área específica, el Consejo Nacional de la Mujer, desde 1992, es decir, hace ya catorce años). Se trata de uno de los últimos distritos del país en incorporar esta perspectiva en la política pública, a través del Programa de Violencia contra las Mujeres, que depende de la Subsecretaría de Derechos Humanos provincial.

- Primero, a partir de la intervención de 2003, surge el Plan de Acción Provincial para la Igualdad de Oportunidades, pero a partir de las demandas que empezamos a tener por casos de violencia, empezamos a cuestionarnos hacia dónde ir. Por ser una Subsecretaría de Derechos Humanos, las mujeres iban a pedir ayuda y la mayoría por casos de violencia doméstica. Eso pasó en toda la provincia. A partir de eso decidimos armar el programa de atención integral a mujeres víctimas de violencia. En primer lugar, nuestro objetivo es dar apoyo, contención y asesoramiento a mujeres que ya han hecho la denuncia penal y civil y están en proceso de recuperación y reinserción. Las acompañamos, las contenemos y, a través de entrevistas, las ayudamos a prepararse para las audiencias judiciales –plantea Liliana Pascual, coordinadora del equipo de cuatro personas que atiende cuestiones de violencia de toda la provincia–.

En Santiago del Estero, la mitad de la población es rural, lo cual también vuelve más complejos los sistemas de atención: “Recién en los últimos meses recepcionamos casos del interior de la provincia, que es una dificultad que tenemos, porque las distancias son muy grandes y los caminos son dificultosos. Para esos casos contamos con una red de organizaciones con las que tratamos de generar estrategias conjuntas, para que también las mujeres campesinas accedan a los servicios”. Además de demandas por violencia familiar, el Programa ha recibido casos de violencia familiar, aunque todavía no cuenta con la infraestructura ni las articulaciones necesarias para llevar adelante esos procesos de acompañamiento judicial, de contención y terapéutico. Ha recibido, también, casos de violencia sexual, “y en algunos los victimarios han sido policías retirados”.

Hace poco más de un mes el equipo participó por primera vez de una Jornada sobre Trata de personas –que fue organizada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación–, “que no es un tema nuevo pero sí reciente en la agenda pública”.

Por momentos, escuchar los relatos de Liliana es como sumergirse en el túnel del tiempo: el Programa es reciente y ella recuerda que la provincia viene de una historia de 50 años de caudillismo, “un tiempo en que toda la política de género del Estado reproducía modelos conservadores y patriarcales, y ponía constantemente a las mujeres en lugares vulnerables”. Pero ¿qué pasa con todas las experiencias previas?, ¿qué pasa que una instancia más global no ha podido capitalizar, por ejemplo, los años de trabajo de distritos como Ciudad y provincia de Buenos Aires, para que los inicios en otros distritos no tengan que ser en el vacío?, ¿por qué no aprovechar la experiencia para no tener que repetir lo que ya se sabe inútil y descartar por error lo que ha sido de provecho? Casi 15 años han pasado desde que el Estado nacional asumió el tema como propio, y muchos más desde que el movimiento de mujeres comenzó con sus demandas, y sin embargo hay espacios que, en la inauguración, parecieran comenzar de cero.

Rosa Isac, trabajadora social que integra el equipo de Santiago del Estero, afirma que el trabajo cotidiano no está libre de obstáculos. “Son muchos: todavía hoy a nivel de las instituciones judiciales y policiales tenemos que desarmar una base cultural para desnaturalizar la violencia. Vamos por la tercera campaña para plantear el tema en el espacio público, que era un desafío, y hemos tenido éxito. La primera vez, en 2004, el lema era: ‘la violencia no es tu culpa, es un problema de todos y todas’. En 2005 fue ‘vivir libres de violencia es ejercer el derecho a la salud’, y este año es ‘los derechos de las mujeres son derechos humanos, ejercerlos es vivir libres de violencia’. Nosotras estamos trabajando en sacar el tema de la violencia del ámbito de lo privado.” Todo eso, esa construcción casi contra reloj, a través de lo que Rosa define como “un programa pequeño con un espacio residual: con un pequeño presupuesto y objetivos de asistencia especial. Como todas las oficinas dedicadas a cuestiones de mujeres, no contamos con presupuesto suficiente, pero en ese caso no es un problema provincial sino general: en políticas públicas, los presupuestos para estos temas siguen siendo mínimos”.

Es curioso, pero la cuarta acepción (después de las obvias “cualidad de violento”, o “acción y efecto de violentar” o “acción violenta o contra el modo natural de proceder”) que el Diccionario de la Real Academia da para violencia es: “Acción de violar a una mujer”.