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El Congreso está para cosas más importantes que estas ridiculeces”, dijo el señor diputado –no quiso dar su nombre el señor diputado– al que no hace falta adivinarle el tono ninguneante de “psttttt”, la mano levantada justo en la palabra ridiculeces y el gesto de morderse el labio (que registraron los ex noteros de ShowMacht al grito de “¡andaaaaa!”). Lo dijo el señor diputado que no quiso dar su nombre para que las señoras diputadas y su señora esposa –bromeó el señor diputado, porque éstos son temas para bromear– no lo reten. Tampoco hace falta adivinar que el señor diputado –que no dio su nombre en serio– cuando deja de ser diputado llega a su casa, se desanuda la corbata de señor, prende el control remoto y cree que la cama donde se acuesta, el plato donde come, la bañadera donde se ducha o la camisa sudada que se saca, se limpian, se cocinan, se desinfectan, se lavan solas. O por control remoto.

Todo eso que el señor diputado no hace lo hace alguien: una mujer. Una mujer a la que le dijo “sí, quiero” u otra a la que le paga y a la que la mujer que le dijo “sí, quiero” le dice qué, cómo y cuándo hacer para que la casa del señor diputado sea una casa en la que al señor diputado le gusta vivir. Pero el señor diputado opinó que eso era una ridiculez en una nota del diario La Nación en la que se contaba sobre el proyecto de la diputada y abogada Marcela Rodríguez para que, de ahora en más, cuando un varón y una mujer digan “sí, quiero”, digan, también, que además de amarse y respetarse y cuidarse para toda la vida, van a compartir las tareas domésticas y el cuidado de los hijos.

Nunca en el despacho de la diputada Rodríguez recibieron tantas llamadas (más de sesenta) de radios y medios –locales e internacionales–, en una clara demostración de las repercusiones de ese eco doméstico que parece silencio hasta que las quejas se amplifican y la contra-queja se vuelve burla. Al despacho, incluso, llegaron a llamar para preguntar por qué las mujeres no aprenden a poner bombitas de luz.

Pregunta número uno: ¿Quién dijo que las mujeres no saben poner bombitas de luz?

Pregunta número dos: ¿Quién dijo que los hombres no saben lavar los platos, sino que no consideran su deber hacerlo, y cuando los lavan, se autocalifican de filántropos conyugales?

Pregunta número tres: ¿Se puede cambiar por ley el reparto de roles de mujeres y varones puertas para adentro?

El proyecto de Ley de Rodríguez (que consiguió la semana pasada el dictamen favorable de las comisiones de Legislación General y de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados) modificaría el artículo 199 del Código Civil y establecería que “los esposos deben compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de sus hijos”. Por supuesto, que el Código Civil no va a hacer Abrakadabra un domingo a la tarde y lograr que los varones agarren la aspiradora o se fijen si en el cuaderno de comunicaciones hay un pedido de un mapa físico político número 5 de Madagascar. Pero, igual, podría tener efectos más allá de las palabras. En principio, para casos de divorcios (al demostrar el incumplimiento de esa obligación) y en la visualización de que la intimidad (esa que las mujeres son encargadas de barrer levantando la alfombra) es política.

Nadie nota que el piso está limpio, hasta que se ensucia. Nadie nota que la ropa está limpia, hasta que se le nota una arruga. Nadie nota que a los platos hay que lavarlos (y el tiempo y esfuerzo que eso implica) hasta que se arremanga y se reta a duelo con una papa quemada que hay que desterrar de la asadera para volver a dejar en el horno un pollo con papas antes de irse a trabajar. Nadie nota lo que no se anota. Que lo diga la ley ya es un paso, un ayuda memoria (de esos en los que se escribe que hoy hay reunión de padres, mañana clase abierta de natación y pasado cita en el pediatra) y que, en este caso, sacaría las tareas domésticas de la responsabilidad femenina o de la mal llamada “ayuda” masculina. ¿Favores? No, gracias.

Privado y político

Por Marcela Rodriguez *

He seguido con sorpresa las repercusiones de la presentación de mi proyecto de ley que trata de promover la igualdad de responsabilidades entre hombres y mujeres. No sólo soy autora de esta modificación al Código Civil, he impulsado proyectos para fortalecer la Auditoría y la Sindicatura General de la Nación, modificar la Ley de partidos políticos y derogar los indultos. También trabajé en proyectos en defensa de los derechos de las mujeres, como la ley de prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres y del acoso sexual. Sin embargo, ninguna de estas iniciativas tuvieron la repercusión que tuvo el proyecto que propone establecer que los esposos compartan las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de sus hijos. Se trata de contribuir a la construcción de relaciones familiares más igualitarias. Nada más que eso. Pero nada menos. Esta iniciativa pretende cumplir con las obligaciones asumidas por Argentina en diversos tratados internacionales de derechos humanos que cuentan con jerarquía constitucional. Entre ellos, la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw) que establece la obligación de reformar las normas que constituyan discriminación contra la mujer y asegurar “los mismos derechos y responsabilidades durante el matrimonio y con ocasión de su disolución” y “los mismos derechos y responsabilidades como progenitores”. Se procura colaborar a erradicar costumbres y roles estereotipados de género, que otorgan a las mujeres un papel subordinado al hombre y conforman la doble jornada laboral, que implica trabajar adentro y afuera de la casa y se traduce en un desigual acceso al mercado laboral, mayores dificultades para alcanzar mejores puestos y obtener promociones en sus carreras. Este proyecto pretende que las mujeres tengan más posibilidades de acceder al espacio público y que los hombres tengan mayor responsabilidad en la crianza y cuidado de los hijos. Y no es una cuestión banal, sino central en la vida pública/privada. Las repercusiones que generó este proyecto no son más que una muestra clara de la necesidad de incorporar normas de esta índole a nuestra legislación.

* Abogada y diputada nacional del ARI por la provincia de Buenos Aires.