A ver cómo tienen las uñas de los dedos que usan para masturbarse... Seguro que cortas, para que no les raspe”, era uno de los comentarios que a diario disparaba Jorge R., jefe del equipo. Los muchachotes se reían. Las chicas, coloradas y demasiado ingenuas para tener veintipico, nos retorcíamos del asco tras tan inoportuno comentario. Pero ninguna relacionaba el retortijón con un síntoma de lo que las expertas llamarían: “Acoso leve, verbal, ya que incluye chistes, conversaciones de contenido sexual”. Es la cara más “leve” del acoso sexual que, a su vez, es una de las 30 caras posibles de la violencia laboral. Pero no una más: si hasta la Convención Belem do Pará lo apunta especialmente como una de las formas de discriminación contra la mujer. En él se conjugan la naturalización de la violencia sexual, la impunidad del victimario ante la dificultad para presentar pruebas en su contra, el abuso de poder y la herencia del derecho de pernadas.

“Si se acepta que la sociedad, por medio de sus instituciones, regula y sanciona comportamientos sobre lo permitido y lo negado socialmente para mujeres y varones llegamos al concepto de producción de identidades con un fuerte énfasis respecto de la subordinación del sujeto femenino. El género nace como una imposición social violenta sobre un cuerpo sexuado. Allí sobrevuela el concepto de violencia de género, y el acoso sexual se presenta como emblemático en este terreno. En el ámbito laboral se observa una recreación de este tipo de relaciones sociales. Por eso resulta necesario interrogarse sobre los procesos por los cuales una sociedad ha utilizado la diferenciación sexual para justificar jerarquías, injusticias y asimetrías de poder”, reflexiona Matilde Mercado, investigadora del Instituto Gino Germani.

Una de las encuestas que sigue siendo referente la llevó adelante la Organización Internacional del Trabajo, en 1996, en 36 países. ¿El resultado? Francia, Argentina, Rumania, Canadá e Inglaterra encabezaron el ranking de acoso sexual en ámbitos laborales. En nuestro país, el 16,6% de las trabajadoras había sido víctima de incidentes de carácter sexual. En la misma época, una investigación de UPCN arrojó que sólo el 12% de las acosadas hizo una denuncia. El 60% conocía la existencia de legislación para sancionarlo. Pero el 70% no entendía bien de qué hablamos cuando hablamos de acoso en el trabajo. Una década más tarde, la consultora Dalessio entró a las oficinas a preguntar lo mismo, a pedido de la revista Viva. Conclusión: los lugares de trabajo figuran segundos entre los sitios donde se producen situaciones “de incomodidad sexual”. La investigación no tuvo perspectiva de género, los resultados sí: el 10% de los varones se asumió como potencial abusador.

“Se está visualizando el tema, las mujeres se animan a denunciar. Antes, no encontraban aceptación, al contrario. Ahora, primero se trata de arreglarlo internamente. Acudir a la Justicia es difícil porque nadie quiere atestiguar por temor a perder el trabajo. Pero no es imposible: hay casos de resolución satisfactoria para algunas mujeres que habían sido despedidas cuando hicieron la denuncia, y luego tuvieron que ser reincorporadas –observa Susana Pérez Gallart, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH)–. Cuando se visualiza, a medida que se va conociendo como delito, en lo popular, los victimarios se restringen. ‘No soy tan impune como creía, no soy tan atractivo como creía’, piensan. Muchas cosas se han logrado. La ley escrita, por ejemplo. De ahí a que penetre culturalmente, van a pasar años.”

ESPACIO INTIMO, VIOLACION PUBLICA

Un proyecto de ley nacional, con media sanción en el Senado, amaga con darle entre 6 meses y 5 años de cárcel al acosador, por cometer un delito penal. Valdría para el ámbito privado y para el público. Hasta ahora, en cambio, las normativas sólo alcanzaban el territorio estatal (Decreto 2385/93) y la máxima sanción era una licencia forzada o despido del victimario.

“Lo que hace falta es una modificación de la ley de riesgos del trabajo u otra ley para incorporar los riesgos psicosociales, que nadie previene, como la violencia laboral”, propone la socióloga Diana Scialpi, presidenta de Instituciones Sin Violencia. Y explica: “El acoso sexual no sólo puede darse en el ámbito laboral, pero cuando ocurre en el lugar de trabajo se produce en un espacio de intimidad, de privacidad, constituye una violencia interpersonal, del mismo modo que el acoso psicológico. Pero la violencia laboral también adquiere modalidades institucionales, como las violaciones a la ley. El acoso sexual perjudica a una persona, a la que hay que asistir y empoderar, por supuesto, y el mayor obstáculo para defenderse es probarlo. Las violencias institucionales, en cambio, son claramente verificables: un cargo de responsabilidad en manos de alguien no idóneo causa estragos en los resultados de la gestión pública. Al ser perpetrada desde los organismos públicos, equivale a la violencia que ejerce un padre frente a un hijo o hija, porque es la violencia de la fuente de protección convertida en fuente de daño”, denuncia Scialpi, autora de Violencias en la Administración Pública.

Instituciones Sin Violencia promovió la creación de una Oficina de Denuncias de Violencia Laboral para atender reclamos sobre maltrato a servidores públicos. “Nadie se ocupa, por ejemplo, de denunciar que el 85% de los organismos públicos viola la ley de higiene y seguridad en el trabajo. Vos, yo, el vecino y todos en la función pública estamos en riesgo, podemos tener un Cromanón en cualquier momento. ¿Por qué no denunciamos esa violencia institucional que es fácil de probar? –lamenta Diana Scialpi–. Otro ejemplo que incluye una acordada de la Corte Suprema de la Nación, que en democracia bien podría modificarse, y constituye violencia de género es un fallo del año 97, que surgió de una investigación de Matilde Mercado: le niega su licencia por parto a una mujer porque su hijo nace muerto. Es una clara desprotección a la maternidad, violatoria de cualquier tratado internacional. ¡Caramba si no es violencia contra la mujer!”

Pensando en violencia laboral por razones de género, Scialpi agrega el dato que faltaba: el de “el techo de cristal”, la discriminación salarial entre varones y mujeres que realizan las mismas tareas.