Hola, buen día, vengo a comprar una cajita de anticoncepción de emergencia.

–No, señorita, disculpe. Tengo objeción de conciencia. No puedo, no debo, no le vendo...

El mismo farmacéutico que despacha antibióticos, jarabes, aspirinas, laxantes, diuréticos, antidepresivos, adelgazantes, energizantes, viagra y otros químicos en dosis altas, cada vez más altas, en sociedades cada vez más medicalizadas, tiene problemas de conciencia con darle a una señorita la misma droga que sí vende en el formato de anticonceptivos orales, pero no en su presentación de emergencia (o sea, para usar después de una relación sexual y no antes). La escena parece atribuible sólo a un farmacéutico loco o llanamente conservador; sin embargo, la negativa a vender la píldora del día después la sostuvieron ocho de cada diez de los farmacéuticos de Chile. O, mejor dicho, las tres empresas que monopolizan el 80 por ciento de la venta de remedios en Chile y que, cumpliendo con una de las últimas órdenes de Benedicto XVI, decidieron negarse a expender anticoncepción de emergencia.

El mes pasado, el papa Joseph Ratzinger, en una nueva embestida por asfixiar al creyente medio y volver al catolicismo una fe para pocos pero muy convencidos, pidió a los farmacéuticos del mundo que dejaran de vender anticonceptivos. En Italia, los farmacéuticos católicos le dijeron que no podían negarse a vender remedios –porque ése es su trabajo–, pero en Chile –donde ya previamente se encuentra en el Tribunal Constitucional un planteo judicial de sectores conservadores para prohibir el reparto de la anticoncepción de emergencia en adolescentes– los farmacéuticos fueron tan papistas como pedía el Papa y ejercieron censura de mercado, justamente contra una presidenta, Michelle Bachelet, médica y con conciencia de género que, desde que era ministra de Salud, respalda la anticoncepción de emergencia como una herramienta fundamental para frenar el aborto.

Si el liberalismo fuera liberalismo –o sea: un mercado con respeto por las libertades individuales– tal vez el problema hubiera sido anécdota, pero el capitalismo –se sabe– es salvaje. Y, al Sur del Sur, la decisión moral de las farmacias chilenas se convirtió en una de las más elocuentes manifestaciones ideológicas –y misóginas– de las empresas privadas y en una prueba de los efectos colaterales de dejar en mano de grandes cadenas el negocio de la venta de remedios. Atentos argentinos/as: ¿no ven desaparecer las farmacias de su barrio por supermarketers de Farmacity o Dr. Ahorro? Bueno, veamos lo que pasó en Chile. Al otro lado de la Cordillera hay tres grandes cadenas farmacéuticas que representan el 80 por ciento del mercado, aproximadamente. Las tres se negaron a vender la píldora del día después.

En una decisión de fuerte respaldo político a los derechos reproductivos de las mujeres, el gobierno de Bachelet –a través del Ministerio de Salud– decidió multar en 63 mil dólares a cada local que no cumpliera con la medida sanitaria del gobierno chileno de permitir la venta de estas dosis similares a las pastillas anticonceptivas, pero para usar hasta 72 horas después de una relación con riesgo. Tal vez las empresas no se esperaban que la respuesta de Bachelet fuera con la misma moneda que las compañías que miden en monedas sus ganancias. Y lo importante es que si las multas se aplicaban a todos sus locales, podían llegar a hacer quebrar a los shoppings de remedios. Por eso, la reacción fue fuerte. Una cadena (SalcoBrand) protestó por la decisión del gobierno en una solicitada y argumentó “razones de conciencia” para no vender la píldora. Las otras dos (Farmacias Ahumada y Cruz Verde), en cambio, se refugiaron en excusas de falta de stock y prometieron volver a venderla. En realidad, se conoce que estos grupos empresarios están ligados a sectores conservadores de Chile y que el poder de mostrador que tienen (Ahumada cuenta con 933 locales en todo el país andino, y Cruz Verde con 439 puntos de venta) lo iban a usar para imponer un cercenamiento de la posibilidad de usar un anticonceptivo que es la principal alternativa para no llegar al aborto, después de una violación, de la ruptura de un preservativo o de una relación sexual sin protección.

La periodista Ana María Portugal y coordinadora general de Isis Internacional analiza: “En Chile el poder de la derecha económica es determinante y los temas de valores son los principales caballitos de batalla. Se sabe que algunos dueños y/o accionistas de las cadenas de farmacias, que son monopolio, son miembros del Opus Dei. Además, cuentan con el apoyo de la jerarquía de la Iglesia Católica y de la prensa en poder de grandes consorcios de derecha, sin que exista un mercado informativo plural”.

“La alta concentración en la propiedad de las farmacias es la vía que permite esa intromisión de los empresarios en las políticas públicas. La actitud de los farmacéuticos afecta la implementación de una política pública porque están abiertamente incumpliendo una normativa que los obliga a expender todos los medicamentos incluidos en el Formulario Nacional y es el caso de la llamada píldora del día después. Otro dato interesante es que las mismas cadenas sí venden la píldora del día después en Perú, pero no en Chile”, resalta, por su parte, Ana Verónica Peña periodista y editora de “Primera Plana”, del diario La Nación, de Chile.

Desde Argentina, Mabel Bianco, médica, presidenta de la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM) pero también parte de una iniciativa latinoamericana para intervenir en el conflicto judicial chileno que tiene que decidir si dar vía libre o censurar el acceso de las adolescentes a la anticoncepción de emergencia, remarca: “El Papa pidió a los farmacéuticos católicos que no vendan la píldora del día después por considerarla abortiva. En Chile, como ya hay una acción legal, estas tres grandes empresas, que son negocios (no son más una organización de un profesional que brinda un servicio vinculado con la provisión del servicio de medicamentos), decidieron no vender la anticoncepción de emergencia aunque no pueden, legalmente, tomar esta decisión y llevarla a la práctica. Es totalmente distinto a un médico que sí se puede negar a recetar, siempre y cuando exista otro que esté disponible para dar la receta. Pero es importante remarcar que no existe la objeción de conciencia en la venta de un medicamento. Por eso mismo, el freno de Bachelet es significativo porque si no las empresas farmacéuticas podrían decir que, por motivos ideológicos, no venden más preservativos u otros remedios. Y la venta de remedios es muy importante porque, obviamente, el Estado no está para suministrar medicamentos a los que tienen recursos para comprarlos”.

Una pregunta resurge ante el enfrentamiento de las farmacias con Bachelet. ¿El poder económico, que ya enfrentó a Salvador Allende, ve como un flanco más débil a una jefa de Estado? Portugal responde: “La oposición a la anticoncepción de emergencia no es porque la presidenta sea una mujer (tal vez influya algo, pero no es lo determinante). Esa oposición siempre estuvo en los anteriores gobiernos de la Concertación. Desde mi punto de vista, si hoy aparece más virulenta es que a diferencia del gobierno de Ricardo Lagos y/o de Eduardo Frei, Bachelet se ha mantenido firme en hacer cumplir las disposiciones del Ministerio de Salud y varias veces se ha pronunciado públicamente defendiendo su uso”. Bianco también rescata la actitud de la presidenta chilena como una demostración de que el poder con perspectiva de género no se diluye en la diferencia de traje: “Si esto lo hubiera hecho un hombre, a lo mejor, podría recibir crítica. Pero Bachelet es enfrentada porque es una mujer que conduce con tono de mujer, es una mujer muy feminista que no adopta las conductas de los hombres, ni las mismas políticas que ellos”.