La sucursal argentina de la empresa multinacional proveedora de productos y servicios de diálisis más grande del mundo acaba de dejar en la calle a 138 mujeres, diez de ellas embarazadas y más del setenta por ciento víctimas de enfermedades laborales. El argumento utilizado es un incendio ocurrido a fines de 2007 en uno de los depósitos que Fresenius Medical Care tiene en su planta del parque industrial de Pilar, pese a que los sectores afectados se están reparando y a la existencia de otro importante depósito construido hace ocho meses. El caso viene a sumarse a otros hechos graves de violencia laboral sobre trabajadoras ocurridos en el último año, que se tradujeron en especias de discriminación, enfermedades e incluso de muerte.

“Por circunstancias desconocidas, uno de los depósitos de materias primas sufrió un incendio el 6 de diciembre. Hubo áreas que se llenaron de humo y sufrieron daños menores. Sin embargo, en la planta dicen que el sector guías –uno de los afectados junto con los de bicarbonato, sales y puristeril–, donde trabaja el grueso de las mujeres, no podrá reabrirse en menos de dos años. El 21 de diciembre presentaron un preventivo de crisis en el Ministerio de Trabajo de Pilar para justificar el despido de 138 mujeres y la suspensión de otros 32 operarios. La medida es fraudulenta, porque las ganancias de la empresa son siderales, y además empezaron a corrernos con ofrecimientos de retiros voluntarios, que en definitiva son despidos encubiertos, y con presiones telefónicas permanentes a las compañeras más necesitadas para que ‘arreglaran’ indemnizaciones al ciento por ciento”, explica María Solinas, una de las delegadas que integra la comisión interna junto con Mónica Gorostiaga y Marysol Martínez. “Es una historia de arrastre contra las mujeres. Hasta 2006 nunca tuvimos delegados, y en 2007 se eligió la primera comisión formada por mujeres. Lo que más los irritó fue que iniciamos la gestión con una campaña por nuestros derechos.” A esta acción se agregaron “las denuncias que presentamos por enfermedades laborales, los sucesivos reclamos salariales y las exigencias de pago por antigüedad adeudado durante años a muchos compañeros, de pago de la sala maternal a las trabajadoras contratadas por agencia y de la categorización de más del 90 por ciento de personal.” Según Solinas, la empresa seguiría ofreciendo cifras de cuatro ceros para procurar nuevos retiros voluntarios. “La fábrica puede reabrir en unos meses y las trabajadoras estamos dispuestas a colaborar para que vuelva a funcionar. Además, cuenta con un seguro que la cubre contra todo riesgo. ¿Cuál es el argumento para un despido masivo?”

María Solinas, una de las delegadas de una comisión interna compuesta por mujeres. Todas ellas fueron cesanteadas.

Hallarle respuesta a esa pregunta no resulta muy alentador si se observan los antecedentes violatorios de la misma empresa a derechos laborales fundamentales en otras regiones del planeta, como Turquía, donde sus 83 trabajadores, de los cuales 80 son mujeres, realizaron una huelga histórica durante 456 días en protesta por las insoportables condiciones de trabajo y frente a la negativa de Novamed –la sucursal de Fresenius Medical Care en ese país– a negociar un convenio colectivo con el sindicato Petrol-Is, que finalmente se acordó el 18 de diciembre pasado, con la reincorporación de trabajadoras y trabajadores. Además de percibir salarios de miseria, las mujeres eran obligadas a acordar con la empresa el momento en que podían quedar embarazadas, estaban obligadas a pedir permiso para casarse, se les prohibía hablar en el trabajo y en el vehículo de Novamed que las llevaba y traía a sus casas y, al cabo de los dos períodos de descanso diarios, de 15 y 25 minutos, eran sometidas a pruebas de aliento para comprobar si habían fumado. La magnitud de la protesta alcanza ribetes históricos, pues se trata de la primera iniciada por obreras en la ciudad de Antalya, una zona de libre comercio, esto es sin obstáculos para la inversión de capitales y carencia absoluta de derechos laborales.

Datos más protocolares pueden leerse en el sitio oficial de la firma en Internet, donde se detalla que Fresenius cuenta con una red mundial de 1540 clínicas distribuidas en países de América del Norte, Latinoamérica y Asia, que suministran tratamientos de diálisis a 117.600 pacientes con insuficiencia renal. Se presenta como el mayor proveedor mundial de productos de diálisis y aclara que más de 40.000 empleados en el mundo “están mancomunados en el compromiso” de proveer productos “de la más elevada calidad y acercar las mejores prácticas médicas al cuidado del paciente renal”. El desembarco en la Argentina fue en 1989, como proveedor de servicios de diálisis, y fabricante y distribuidor de productos. En la actualidad brinda prestaciones a Pami, hospitales públicos y privados, y posee 82 clínicas en 16 provincias, donde reciben tratamiento unos 7500 pacientes. “Pero desde la planta de Pilar producimos los insumos para todo el país. Está claro que se trata del principal monopolio mundial de la diálisis. Sólo en 2006 facturó 8500 millones con una ganancia neta de 537 millones de dólares. Y tenemos datos fehacientes de que en 2007 las ganancias crecieron entre el 18 y el 21 por ciento.”

El grupo empresario, con sede en Bad Homburg (Alemania), tiene una antigua historia en la industria farmacéutica, que se inicia en la Frankfurt del siglo XVIII, hasta la década del ‘60, con la extensión de su actividad a la venta de máquinas de diálisis y filtros. El gran despegue se produce en los ‘90, cuando se fusiona con la Nacional Medical Care, de los Estados Unidos, e inauguran Fresenius Medical Care. Para 2001, la firma se consolida como líder mundial en diálisis. Resulta por lo menos sospechoso, entonces, que su filial sudamericana presente un preventivo de crisis.

Historia menos conocida, por cierto, fue el despido en bloque de 13 empleadas contratadas en septiembre último, una de ellas madre de una hija discapacitada. “Estos sucesos nos sacudieron no sólo por lo repudiable sino porque muchas enfrentamos la vida solas con nuestros hijos, y en ese momento sentimos que nos podía pasar a cualquiera de nosotras, como efectivamente ocurrió tiempo después”, lamenta Martínez.

Las mujeres que trabajan en Fresenius tienen entre 25 y 40 años, y en su mayoría son madres de dos o más niños, quienes están a su cargo. Por el tipo de tareas que realizan en las líneas de producción, están sometidas a lesiones por ejercicio repetitivo (LER), que se traducen en dolores de espalda, fatiga visual, traumas, esguinces, tendinitis, síndrome de túnel carpiano, contracturas en cuello y hombros, cefaleas, cervicalgias y estrés laboral. “Las lesiones provocan dolores fortísimos, al punto de dificultar e incluso imposibilitar la realización de tareas cotidianas como vestirse, cerrar grifos o hacer compras, cocinar, cuidar o levantar a los chicos. Como este tipo de afecciones no suelen advertirse a simple vista, ocurre que jefes, encargadas, supervisores y médicos laborales no creen lo que no pueden ver y no comprenden la naturaleza de la lesión o enfermedad”, precisa Gorostiaga, que considera “alarmantes” las cifras de operarias afectadas por LER. “Hay un 30 por ciento de trabajadoras con tendinitis; muchas no lo declaraban porque tenían poca antigüedad y no querían ausentarse. Otras padecen cervicalgias, varias debieron ser operadas por síndrome de túnel carpiano y muchas se encontraban de licencia por estrés laboral. Son problemas que fueron incrementándose por el aumento de la productividad”, lo cual implica mayores ritmos de producción y eliminación de tiempos muertos. “Una maniobra que utilizan empresas nacionales y multinacionales para abaratar costos y competir con el mercado, presentando productos en menor tiempo y con poco personal.”

En la Argentina, la violencia laboral contra las mujeres tiene formato de revólver a repetición. Ya gatilló contra las trabajadoras de Fresenius, lo está haciendo con las contratadas de la planta Pepsico en Florida, donde aún se recuerdan los casos de Estela Macaroff y Catalina Balaguer, publicados en este suplemento. Y pulverizó la fábrica Aerosoles Argentinos, de Virrey del Pino, en mayo último, con una explosión que asesinó a Margarita Miranda, Bárbara De Paula, Yesica Gómez y Carmen Toscano. Los casos de abuso e inequidad se cuentan por miles pero, obviamente, no existe registro que los denuncie y compile. “Entendemos que los empleadores deben ser solidariamente responsables por las acciones de violencia laboral”, enfatiza Solinas. “Es su obligación dar fin a esas acciones y reparar los daños laboral, moral y material causados a la víctima. Pero los sindicatos y el Estado deben ejercer un rol de control sobre el empresariado y una protección más efectiva de las trabajadoras. Y eso, en efecto, no está ocurriendo.”