El martes 10, en los pabellones de madres de la Unidad Penitenciaria 31, de Ezeiza, comenzó una huelga de hambre. “Estamos pidiendo arresto domiciliario. Acá no hay pediatra ni obstetra las 24 horas. Los médicos están de día, vienen a las 2, se van a las 6, y después quedan de turno médicos clínicos, no especialistas. Los chicos se enferman por bronquiolitis, acá es una tumba para ellos: no hay un lugar verde, no hay lugares donde se puedan sentir bien. Y para sacar un nene a un hospital, tiene que estar desvaneciéndose. Para poder llevarlo tiene que ser a criterio de ellos, y uno convive con los bebés... mi hijo estuvo varias veces enfermo, no pude llevarlo al hospital, pero acá me hice traer un nebulizador... el otro día se enfermaron 33 chicos y tenemos sólo 2 nebulizadores, aunque dicen que hay 6.” Así lo explica por teléfono Constanza Saruvi, una de las mujeres que empezó a negarse a tomar su comida del carrito que cada día recorre el pabellón, “lo único que hacemos es cocinar para los chicos, pero nosotras nada”. Ella tiene 27 años, un hijo que esta semana cumplió su primer año (“nació acá, yo caigo embarazada de 2 meses, lo tuve en la Sardá a mi bebé, y luego estuve acá, todo este tiempo, un año y siete meses”), y también dice que habla porque “si afuera no se enteran, a nosotras no nos puede ayudar nadie”.

Lo que reclaman, en realidad, es que vuelva a ponerse en marcha un proceso parlamentario que a fines de 2007 estaba encaminado. El 7 de noviembre del año pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de Diana Conti (FPV) y Marcela Rodríguez (CC), en el que se modificaban artículos del Código Procesal y también del Penal para extender el beneficio de la prisión domiciliaria a cuatro grupos vulnerables: personas con enfermedades en fase terminal o incurables, discapacitados, embarazadas y madres de niños menores de cinco años (o con discapacitados a su cargo). En los Fundamentos, la iniciativa rescata que “el Código Penal en su artículo 10 dispone que procede la prisión domiciliaria cuando la pena de prisión no excede de los seis meses y la persona condenada es una mujer honesta, es mayor de sesenta años o es valetudinaria (...) Por ‘mujer honesta’ se ha entendido que es la que no ejerce la prostitución. Esta norma (...) es inconstitucional, ya que resulta claramente arbitraria la discriminación al permitir que sólo las ‘mujeres honestas’ sean beneficiarias de esta medida”. Además, recuerda que “tampoco se prevé la prisión domiciliaria para las mujeres embarazadas o para las que tienen hijos pequeños, afectando el principio de intrascendencia de la pena (N. de R.: vale decir, el hecho de que una pena sólo debe afectar a quien se juzga y castiga) y provocando la institucionalización de los niños que son hijos de mujeres prisionizadas (...) el Código Procesal Penal de la Nación permite diferir la aplicación de la pena en estos supuestos –embarazada, madre de niño menor a los seis años y enfermo grave–”. Por esos motivos, entre otros, es que la modificación propuesta busca “resguardar el derecho a la salud, a la vida, a la protección contra la tortura, el trato humanitario al condenado, la intrascendencia de la pena y la tutela especial de los niños y las embarazadas”, al tiempo que tiende a aliviar la superpoblación penitenciaria.

Luego de la media sanción en Diputados, la iniciativa pasó a la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, donde fue tratada y obtuvo el dictamen para ser tratada en la Cámara, con recomendación de aprobación. Eso sucedió el 27 de noviembre. Luego, el tratamiento se postergó y el recambio de senadoras y senadores prolongó más el proceso. El 11 de febrero de este año, la Comisión tuvo nuevas autoridades, entre las cuales se cuenta a Rubén Marín (FPV) como presidente. En todo este tiempo el proyecto no fue tratado, y nada hace sospechar que obtenga rápidamente la media sanción que falta. El conflicto agropecuario se lleva todos los debates, tanto que Marín no encontró los minutos para responder a Las12 cuáles son las perspectivas de avance en este trámite.

De acuerdo con el Servicio Penitenciario Federal, en las prisiones hay 585 procesadas con prisión preventiva y 427 condenadas. En la U 31, las internas son 228, y las niñas y niños 75 (32 de ellos bebés, el resto tienen entre 1 y 4 años). En los últimos años, algunas de ellas asistieron a los talleres de violencia, salud y género organizados por el Programa de Fortalecimiento de Derechos y Participación de las Mujeres “Juana Azurduy” (dependiente del Ministerio de Desarrollo Social) dentro de la Unidad, y luego también participaron del Parlamento de Mujeres, adonde llevaron propuestas para mejorar las condiciones de detención. Fue por estos contactos previos que, al momento de lanzar la huelga, las mujeres detenidas tuvieron una reunión con responsables del Programa y también con representantes del Ministerio de Justicia. En ambos casos, la promesa fue llevar el reclamo a la oficina de Marín. Desde el despacho de la diputada Cecilia Merchán (EPS), quien fuera hasta el año pasado coordinadora del Programa, comentan que las autoridades del Servicio Penitenciario se muestran entusiastas ante el panorama que abriría esta nueva ley, pero también que si el proyecto no avanza tal vez sea porque en el Senado no se comprenda la urgencia, por no decir que no se ve la situación de estas mujeres como un problema a resolver.

Con el correr de los días, cuenta Constanza, algunas de sus compañeras abandonaron la protesta (“dicen que te perjudica en la conducta”). A mediodía del último martes, tras una reunión con autoridades del penal (“el director les decía que por más lío que hicieran nadie se iba a acercar, que ni un solo periodista las iba a escuchar”, contó una visita que estaba allí), la tensión subió y muchas de ellas armaron una revuelta. Al día siguiente, algunos de los niños y las niñas fueron retirados de la Unidad por familiares de las internas: el clima no garantizaba tranquilidad para ellos. Lo único seguro, de momento, es la inestabilidad. “Este penal no está en condiciones”, explica una de las internas, y Constanza da más detalles: hay humedad en las paredes, pérdidas de agua, hace frío. “Queremos que alguien venga y vea, que no es mentira, que lo único que queremos es el beneficio por la salud de nuestros bebés.” En el último tiempo, el refuerzo alimentario que se distribuye para bebés y niñas y niños disminuyó. “Te dan una manteca por mes, galletitas variadas, en algunos casos un tomate, un yogur por mes, una banana, un pedacito de queso, un pedacito de carne todos los días que parece una lengua de vaca... Son pocas cosas, no nos alcanzan.”

La mayoría de las chicas que comenzaron están a la espera de sentencia, “y algunas que están con la (libertad) transitoria y las que no son madres no nos apoyan; es cuestión de compañerismo y no lo hay”. ¿Tienen esperanzas? “Pase lo que pase, tenemos que seguir ahora con más fuerza, tenemos que intentar conseguir ese beneficio. Si no es para todas, por lo menos que sea para algunas, para compañeras con HIV, con discapacidad... si no es para todas, que sea para algunas, que sirva de algo. Si ya empezamos, no podemos bajar los brazos.”