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El rumor llegó a la cárcel, y no sólo a pabellones de madres. Y anda diciendo algo que, extramuros, parece una versión a confirmarse: que los legisladores no llegarán a expedirse, en lo que resta del año, sobre el proyecto de ley que les permitiría a las detenidas embarazadas o con hijos e hijas menores de 4 años cumplir su condena en casa, bajo arresto domiciliario. La medida afectaría a las que están presas por delitos federales, la mayoría acusadas de ser “narcotraficantes” por cruzar la frontera con bolsitas de cocaína en su panza. Por mulas.

A pesar de que el proyecto de ley obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados, es una posibilidad que la resolución no tenga el OK definitivo durante este período parlamentario. Por eso, atentos a los pronósticos, el Ministerio Público de la Defensa junto con Unicef acaban de realizar unas jornadas de sensibilización y capacitación dirigidas a abogadas y abogados que trabajan para las defensorías públicas. Que llegaron de todo el país “para pensar cómo lograr, desde la defensa, morigeraciones a las condenas, incluso en contextos en los que la legislación no las favorece”, explica Gimol Pinto, representante de Unicef.

A diferencia de lo que sucede entre los reclusos varones, el 90 por ciento de las mujeres detenidas recurre a la defensoría pública. Las intenciones de este seminario son, además, reconocer el impacto que tiene el encierro de las mujeres hacia adentro de sus familias y hacia el seno de un sistema, el carcelario, pensado originalmente para varones. También busca analizar los derechos con perspectiva de género y desde la CDN (Convención de los Derechos del Niño y de la Niña).

“El rumor llegó a la cárcel”, cuenta a Las12 el abogado Gustavo Paduczak, que está al frente de la Comisión Cárceles del Ministerio Público de la Defensa. Lo dice con bronca; para las mujeres detenidas significa, según él, atravesar las fiestas de fin de año esposadas a un bajón más grande del habitual. La mayoría está detenida por tráfico de estupefacientes. Representan la población carcelaria que crece a un ritmo alarmante. Según el Servicio Penitenciario Federal, en los últimos 10 años la cifra se duplicó. En promedio, las mujeres detenidas tienen 30 años, el 90 por ciento es madre; muchas son jefas de hogar, otras tienen a sus compañeros también detenidos.

“¿Cuándo voy a salir? ¿Cómo puedo averiguar cómo están mis hijos?”, son las preguntas desesperadas que más escucha la abogada María Dolores Pistone, defensora pública ante el Tribunal Federal de Orán, Salta. “Si sus parejas están detenidas suele ser, también, por pasar droga. Ellas cuentan que lo hicieron presionadas por la misma organización que les decía que tenían una deuda pendiente, que fueran, que iban a cuidar de sus hijos. Les prometen pagos que ni en dos años de trabajo en el campo se pude conseguir”, comparte Pistone.

ESCAPATORIA

El 40 por ciento de las detenidas por delitos federales todavía no ha sido declarada culpable. “¿Cuál es el argumento de sostener una medida privativa de la libertad antes de una condena? –explica la abogada de Unicef–. El argumento que lo justifica tiene que ver con el peligro de fuga y el entorpecimiento de la Justicia. Pero una mujer, embarazada o con hijos pequeños que no está encarcelada, seguro que no se fuga y que se somete a todos los controles que sean necesarios.”

¿Por qué otras razones defender el arresto domiciliario? La ley de ejecución penitenciaria prevé lo que fue un avance en su momento: que las detenidas que así lo quieran puedan estar acompañadas por sus hijos, para reducir el impacto de la distancia. Porque la separación y la distancia, según Quaker United Nations Office, puede provocar en los menores de edad depresión, hiperactividad, problemas de alimentación. Pero, a su vez, estar encerrados los obliga a enfrentarse a la misma lucha diaria que sus madres por acceder a la comida, a la educación, a la salud. Por eso devolverlos a su vida cotidiana es una forma de preservarlos del llamado “principio de intrascendencia penal”. Esto es: evitar que la sanción trascienda a la persona imputada penalmente, evitar que la sanción afecte a quien no ha tenido conflicto con la ley.

“Muchos jueces dicen: ‘¿Para qué quiere que salga esa mujer pobre que, seguramente, irá a parar a una villa y no tendrá ni el plato de comida que tiene acá ni la atención pediátrica para sus hijos que tiene acá?’ –reproduce Paduczak–. Ese discurso es patético porque oculta qué le está pasando a ese chico privado de la libertad.” Y enumera qué les pasa, cómo los condiciona la institucionalización forzada: juegan a la requisa, andan con la cabeza gacha, mantienen el silencio, se recuentan. No reconocen figura masculina pero, al mismo tiempo, ante cualquier figura cercana, incluso proveniente del Servicio Penitenciario, se aferran como si fuera un padre. “El otro discurso que circula es que la mujer se va a embarazar para ir a su casa o para pasar al pabellón de madres, y a nadie se le ocurriría semejante cosa”, agrega la abogada salteña.

Las cosas según las muestra la tevé son la excepción a la regla. No todas las mujeres embarazadas y con hijos chiquitos que están encerradas tienen la contención de las que habitan la cárcel de Ezeiza. Por eso el abogado Paduczak dice que Ezeiza parece “el Sheraton” al lado de las demás. “De acá a Ushuaia no tenés cárcel de mujeres perteneciente al sistema federal. En toda esa zona, o la mujer no delinque o termina detenida en otro lugar. Hacia el norte del país, lo mismo. Apenas hay una cárcel en Jujuy, con capacidad para 100 mujeres, y otra en Salta, con capacidad para 22. “¿Ni en Misiones ni en Corrientes ni en Formosa hay mujeres que delinquen, o es que terminan detenidas en otros lugares?” La respuesta dice que muchas van a parar a destacamentos de Gendarmería, aunque eso esté prohibido, o son trasladadas a penales que están lejos de su casa, rompiendo a la fuerza cualquier vínculo familiar. Esas son otras razones para defender el arresto domiciliario para reparar este tipo de delitos en los que no hay ni robos ni muertos ni rehenes ni mafia sino pobreza, desesperación y soledad.

En las jornadas mencionadas, los abogados se llevaron un valioso cuaderno verde que dice “Mujeres Presas/Limitaciones al encarcelamiento”. Ahí se enumeran decisiones de organismos internacionales y jurisprudencia de casi 50 casos, de casi 50 historias de vida que fueron menos peores gracias a que la condena alternativa. La idea es que esos precedentes sirvan para la defensa de estas otras nuevas tantas causas, para copiar y pegar la información al expediente y que sirvan como casos testigos.