A fines de 2007, todo indicaba que el Congreso aprobaría una ley para permitir el arresto domiciliario a embarazadas y madres de niños de hasta 5 años. Sin embargo, con la llegada de nuevos legisladores y cambio de autoridades, el proyecto (originalmente presentado por Diana Conti y Marcela Rodríguez), que el 7 de noviembre del año pasado había logrado media sanción en Diputados, quedó estancado en el Senado, a pesar de que había logrado también allí la aprobación de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales. Por eso, el 10 de junio de este año un grupo de internas del pabellón de madres de la U 31, de Ezeiza, realizó una huelga de hambre que días después se convirtió en un motín. El reclamo, como planteó una de las presas en las páginas de este suplemento, era que el trámite parlamentario siguiera adelante.

¿Por qué el arresto domiciliario era la mejor opción para esas madres y embarazadas? Conociendo los aspectos prácticos, ella dijo: “Acá no hay pediatra ni obstetra las 24 horas. Los médicos están de día, vienen a las 2, se van a las 6, y después quedan de turno médicos clínicos, no especialistas. Los chicos se enferman por bronquiolitis, acá es una tumba para ellos: no hay un lugar verde, no hay lugares donde se puedan sentir bien. Y para sacar un nene a un hospital, tiene que estar desvaneciéndose”. Pensándolo desde el aspecto legal, el proyecto subrayaba que no correspondía extender la obligación del cumplimiento de la pena a los hijos de las condenadas (algo que significa “la institucionalización de los niños”) y sí, en cambio, lograr que el Estado procure “resguardar el derecho a la salud, a la vida, a la protección contra la tortura, el trato humanitario al condenado, la intrascendencia de la pena y la tutela especial de los niños y las embarazadas”.

Presión de las internas y de cierto revuelo mediático mediante, días después (el 8 de julio) el trámite avanzó un paso más, al ser tratado de nuevo en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado –donde había quedado varado–, tras lo cual obtuvo, una vez más, dictamen y recomendación de ser tratado en el recinto. Desde esa fecha, sin embargo, nada más pasó.

La iniciativa está a la espera de pasar a recinto para formar parte de la agenda en alguna sesión y, eventualmente, aprobarlo. Tal como había pasado en Diputados, el dictamen de Comisión obtenido en el Senado no implicó un proceso conflictivo. ¿Qué impide el avance, entonces? En la Comisión, dicen que el tiempo no alcanza, que “hubo otras urgencias, otras leyes, el debate por las jubilaciones”. Vale decir, otras prioridades.