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Bastó conocerse que el hombre, integrante de una fuerza de seguridad, abusaba sexualmente de su hijastra y la había violado en dos oportunidades para que la Sala I de la Cámara del Crimen de esta Capital le otorgara la excarcelación durante su procesamiento, a cambio de una fianza de 4000 pesos. Pese a haber empleado “una mecánica” de agresión sexual que los camaristas prefirieron omitir “para no herir la susceptibilidad del lector”, el individuo fue beneficiado con la libertad porque se presentó en forma voluntaria tras la denuncia en su contra. Otra sala de esa misma cámara brindó un ejemplo más sonado que vislumbra hacia dónde se inclina la balanza penal en la Argentina, cuando en enero último los magistrados María Laura Garrigós de Rébori, Mauro Divito y Marcelo Lucini permitieron al psicólogo Jorge Corsi aguardar en libertad el juicio oral por los delitos de estupro con acceso carnal y corrupción de menor agravada. Pero fue el juez Luis María Andueza, presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de Morón, quien con claridad brutal dejó conocer el caracú del hueso, al afirmar que “no le remordía la conciencia” facilitarle la libertad al sacerdote católico Julio César Grassi hasta que quedara firme la sentencia condenatoria por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores. De más está decir que no es la posible reincidencia del reo lo que preocupa a sus señorías.

“La prueba de que no les importa en absoluto está en que la Sala I otorgó el beneficio de la excarcelación el 28 de julio pasado, pese a que cuatro días antes la Sala de Feria de la Cámara del Crimen había confirmado el procesamiento de ese efectivo por el delito de abuso sexual en concurso real con abuso sexual mediante acceso carnal, agravados por el grado de parentesco”, advierte la psicóloga Mónica Laura Creus Ureta, titular de la asociación civil Abuso Sexual Infantil No (A.S.I. No).

Además, “esa resolución confirmaba un fallo de primera instancia del juez Guillermo Carvajal”, agrega Creus Ureta, y fue firmada por los magistrados Mario Filozof y Gustavo Bruzzone, uno de los integrantes de la Sala I que curiosamente días después se pronunció por la excarcelación junto con su par Jorge Rimondi. Fuerza destacar que el tercer miembro de ese tribunal, Alfredo Barbarosch, votó en disidencia por considerar que el acusado podría merecer una pena elevada en el juicio oral.

En una de sus últimas exposiciones públicas, el juez Carlos Rozanski observó que todavía hay magistrados y operadores judiciales que siguen interpretando las leyes según “el viejo paradigma”, que no discrimina las particularidades que presentan los casos de violencia contra menores de edad.

Rozanski, uno de los mayores especialistas del país en abuso sexual infantil y autor del proyecto que impuso la Cámara Gesell como método de entrevista de niñas y niños, alerta sobre el índice elevado de impunidad de delitos que atentan contra la integridad sexual infantil en la Argentina, porque “la cifra negra del abuso sigue siendo enorme”. Las estadísticas oficiales señalan que sólo el 10 por ciento de los casos se denuncia y apenas el 1,5 por ciento se esclarece.

Para Creus Ureta, los casos de maltrato o abuso infantil deberían ser tratados de manera diferente del procedimiento habitual que se aplica en otros delitos penales, “porque si no, lo único que se consigue es agravar la situación de la víctima. Jueces y fiscales están entrenados para evaluar pruebas físicas, medibles, cuantificables, pero el abuso sexual no es una ciencia exacta. Debería reformularse el pensamiento jurídico, para intervenir desde otras variables que no otorguen el beneficio de la duda al abusador”.

El gran obstáculo que hoy se les presenta a las organizaciones de prevención y asistencia es precisamente el maltrato institucional en el ámbito de la Justicia. “El escollo son los procedimientos que por acción u omisión de fiscales, jueces y operadores del sistema vulneran los derechos de las víctimas”, explica la especialista Nora Shulman, directora del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (Casación).

“No hay protección integral –precisa–. Interesa más el victimario en términos de creerle. Y la ausencia de protección se refleja en todo el país. En localidades pequeñas, esos casos son llevados por jueces de paz, sin ningún tipo de preparación para resolverlos.”

El maltrato del sistema judicial está relacionado con una ideología patriarcal que, según la titular de Casación, “no reconoce a niñas y niños como sujetos de derecho. Pero también se vincula con una cuestión cultural machista, que invisibiliza las acciones de los hombres contra la dignidad y la salud integral de esos menores”.

Por ahora, los programas de apoyo para las víctimas no incluyen herramientas que eviten el padecimiento judicial. Shulman concluye que “lamentablemente, tampoco ayudan la holgada capacidad económica de algunos imputados –valga recordar que Jorge Corsi pagó una fianza de 100.000 pesos para permanecer libre– y la resistencia ideológica de una Justicia que plantea escenarios intimidatorios antes que el apoyo integral de las víctimas”.