En Guatemala, cada día, dos mujeres mueren por causas violentas. Desde el 2000, mientras la tasa de femicidios se duplica, las cifras de procesos judiciales son casi inexistentes –3 por ciento según algunas ONG y sin contar los casos que no llegan a recibir una sentencia–. En este país centroamericano, el 97 por ciento de los asesinatos –contra hombres y mujeres– queda impune. Miseria y un sistema policial y judicial corrupto con vínculos con el crimen organizado completan el panorama. En el caso de los delitos contra mujeres, que en este país revisten el carácter de “epidemia”, se suman ingredientes como el ensañamiento de los victimarios y el machismo de las autoridades policiales. En lo que va del año, 351 guatemaltecas han muerto asesinadas en episodios que incluyeron violaciones, torturas y mutilación.

“Cuando puse la denuncia en la policía me dijeron que no podía ser por secuestro porque seguramente se había ido con el novio”, declaraba hace unos días Elizabeth Chajón a la agencia de noticias IPS. Su hija Rosmery González fue asesinada en el 2008 por un tío. Había ido a encontrarse con él porque buscaba trabajo y este había prometido ayudarla. A pocas horas de su desaparición, sus padres fueron a la policía, que desestimó el caso. Ni siquiera cuando se encontró su cadáver, una semana más tarde, hizo su trabajo. No se allanó la casa del principal sospechoso y la autopsia que se practicó fue un chiste: “muerte por causas indeterminadas” dictaminó el forense. Sin embargo, gracias a las presiones de la ONG Sobrevivientes, el caso de esta guatemalteca probablemente no pase a integrar las pilas de casos que se cajonean en las fiscalías de este país. Hace unos días, un año después del asesinato, el tío de la joven fue detenido y el cadáver de Rosmery exhumado para investigar por fin su muerte.

Detrás de este logro, está Norma Cruz, fundadora de Sobrevivientes, que brinda ayuda psicológica y legal a mujeres y niños víctimas de la violencia. Sólo en 2007, su fundación tuvo un rol activo en la búsqueda, detención y condena de 30 hombres acusados de femicidio. Según Cruz, el creciente número de víctimas mujeres está vinculado con la pobreza generalizada que reina en un país diezmado por el narcotráfico y una guerra civil que duró 36 años. Las bandas de delincuentes suelen matar a mujeres de las familias rivales como un rito de iniciación, sin miedo a represalias porque la mayoría de estos crímenes no son denunciados. La respuesta policial más común, aseguran los activistas en DD.HH. que trabajan en estos casos, es que la víctima era una prostituta, una narcotraficante o que engañaba a su pareja, finalmente convertida en su verdugo. Presionada por la ONU y organizaciones como Sobrevivientes, a mediados del año pasado el parlamento guatemalteco aprobó la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, un instrumento que podría ser clave en la lucha contra la impunidad de los asesinatos de mujeres. El año pasado también se sancionó una ley que tipifica el femicidio y la violencia de género, pero su aplicación e interpretación se han visto obstaculizadas.

Estos avances han sido conquistados a un alto costo personal para los activistas implicados. Recientemente, una sobrina de Cruz, quien ya había sido amenazada de muerte en varias ocasiones, fue secuestrada y golpeada brutalmente. No fue un ataque casual: meses antes, la madre de Cruz había sido apaleada en un claro intento por intimidar a su fundación. Sin embargo, esta cuarentona menuda y enérgica no está dispuesta a claudicar.

Por su valentía, en marzo pasado, recibió el premio “Mujeres de coraje”, que desde 2007 el Departamento de Estado norteamericano entrega a mujeres de todo el mundo que luchan por el acceso a la justicia y a la igualdad de oportunidades. Al igual que la argentina Susana Trimarco de Verón, que hace dos años recibió el mismo premio, Cruz es madre y ha luchado con dientes y uñas por defender a su hija. Ex guerrillera, a fines de los ‘90, cuando su país entraba en un lento proceso de pacificación, dejó las armas para volver a la vida civil. Fue entonces cuando descubrió que su hija era abusada por su segundo marido, el ex dirigente de la Unión Revolucionaria Guatemalteca Arnoldo Noriega, hoy asesor de la Presidencia de su país y con aceitados vínculos con la dirigencia política. “En una sociedad machista como la de Guatemala, entendí que tenía una nueva lucha. No podía fallarle a mi hija. Nadie nos tendió la mano, pero conseguimos que lo declararan culpable, aunque pasó menos de cuatro años en prisión”, declaraba en enero pasado al diario El País. Fue durante el proceso a su ex pareja cuando nació Sobrevivientes, con apenas dos integrantes: Cruz y la abogada de su hija. En la actualidad, la organización cuenta con casi 40 empleados. “A todas las mujeres que nos piden ayuda les ponemos un abogado para que puedan afrontar a su agresor en igualdad de condiciones. Si una mujer arriesga su vida para buscar justicia, es para ganar. No aceptamos perder un juicio y no hemos perdido ni uno”, declaraba Cruz al diario madrileño. “Cada golpe que damos a la criminalidad nos alimenta.”