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Sandra Ayala Gamboa llegó desde Perú hasta La Plata, en octubre de 2006, con el deseo de estudiar medicina. Era una joven mujer de 21 años, que vivía con su familia en Ancón, una ciudad frente a la playa, hacia el norte de Lima, la capital de Perú. Habría cumplido su promesa de recibirse de no haber sido asesinada hace dos años y medio. En febrero de 2007 va al ex Archivo del Ministerio de Economía (hoy ARBA) local a una supuesta entrevista de trabajo. Con el correr de las horas no regresa a la pensión donde vivía y su novio acude a la comisaría primera para denunciar su desaparición. El 22 de febrero de 2007 su cuerpo es encontrado en ARBA.

Hasta el momento no ha habido avances en la causa judicial, sino todo lo contrario: cada pedido por parte de los abogados de la familia de Sandra fueron ninguneados, rechazados o cajoneados. La causa, a cargo del fiscal Tomás Morán, de la UFI Nº 2 está siendo continuamente obstaculizada. Por eso exigimos la inmediata reactivación de la investigación y denunciamos las siguientes irregularidades:

* El mismo día de la desaparición la denuncia no fue tomada por la comisaría 1ª y tampoco se orientó a sus familiares para que supieran qué medidas tomar ante su ausencia.

* Al segundo día de la desaparición toman la denuncia como “averiguación de paradero”, pero ni la fiscalía ni la comisaría dieron la orden de registrar el edificio donde había sido vista por última vez.

* No se procesó a los policías Carlos Frenegal y Pablo Zufrategui. Los integrantes de la fuerzas de seguridad en su inspección ocular sólo realizaron una descripción exterior del lugar donde había sido asesinada Sandra, afirmando que se trataba de un edificio abandonado y antiguo.

* No se volvió a citar —ni siquiera para brindar testimonio— a las seis personas que entraron al lugar, desde el 16 hasta el 22 de febrero del 2007: el arquitecto Alberto Luis Castillo, el ingeniero Luis Batería, el electricista Vega y su hijo, el jefe de mantenimiento Horacio Ricardo Alfonsín y el cerrajero Morabito.

* Todas estas personas contaron con la llave, como también el personal de maestranza del Ministerio de Economía ubicado frente al edificio.

* Recién pasado un año del hecho se realizaron las pericias de luminol en el lugar para determinar el ADN, pero había sido limpiado varias veces.

Una prueba fundamental es el video del Banco Columbia, donde aparecen Sandra y sus posibles victimarios. Nunca fue pedido por el fiscal el disco rígido donde se encontraba este material, hoy sólo se cuenta con una copia. En el momento del femicidio Raúl Montoya era el titular de ARBA, exigimos que salga a declarar sobre el tema, ya que este edificio estaba por ser inaugurado como dependencia de esta agencia.

Por todo lo mencionado nos preguntamos:

¿Por qué habiendo tantas pruebas la causa no avanza? ¿Por qué la negativa del fiscal a cada pedido de los abogados de la familia?¿Por qué se sostiene la hipótesis del violador serial, habiendo tantos sospechosos y encubridores?

A Sandra la violan y asesinan por ser mujer, trabajadora, pobre y migrante. Por todo esto denunciamos a los responsables políticos que estaban a cargo: Raúl Montoya, ex titular de ARBA; Felipe Solá, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires; Julio Alak, ex intendente, son todos cómplices por permitir el encubrimiento. También denunciamos al actual gobernador Daniel Scioli, por no atender los reclamos de Nelly Gamboa, madre de Sandra.