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La muerte de una maestra de clase media, o de un ingeniero, o de un estudiante universitario genera innumerables notas periodísticas. Conocemos sus historias, sus profesiones, sus sueños. El estudiante hacía trabajo solidario. La maestra catequizaba niños pobres. El ingeniero gustaba de viajar con su familia. Vemos fotos familiares, sabemos sus edades, las de sus hijos, maridos y esposas, madres y padres.

La información, repetida en canales de aire y de cable, en los portales de internet de los diarios, y en sus ediciones impresas, genera sentimientos de empatía y de solidaridad con las familias de esos muertos y deseos de castigo para los culpables de esas muertes, porque todos nos sentimos parte de la misma comunidad lastimada. Todos somos la maestra de Wilde, el estudiante de Tigre o el ingeniero de San Isidro.

Tal vez no sea ese en sí mismo el problema, sino el absoluto desinterés que provocan otras muertes, que son responsabilidad absoluta del Estado. El lunes 14 de diciembre se produjo un hecho de violencia en la Comisaría 8ª de La Matanza, la misma que, con la denominación de “Sheraton”, funcionó como Centro Clandestino de Detención durante la dictadura. La comisaría, bajo cuya jurisdicción está el destacamento policial de Lomas del Mirador donde, según denuncia de testigos, estuvo el adolescente Luciano Arruga, el 31 de enero, antes de desaparecer. Luciano Arruga cumplió 17 años en febrero de este año, sigue desaparecido, y poco sabemos sobre sus sueños y los de su familia, porque su imagen y su historia no resultan atractivas para la inmensa mayoría de los medios de comunicación.

El lunes 14, esos medios se apresuraron a publicar la versión oficial sobre los hechos y dijeron que en la comisaría 8ª había existido un intento de fuga y que, una vez descubierto, los presos prendieron sábanas y frazadas (no colchones, como describió rápidamente el segundo jefe de la Policía Bonaerense, Salvador Baratta, porque los colchones son ignífugos) y eso mató a cuatro personas. O a cinco. Ni siquiera ese dato se dio a conocer con certeza.

Todavía, al cierre de esta edición, no sabemos si hubo cuatro o cinco muertos en la Comisaría 8ª de La Matanza. Tampoco hemos visto fotos de los muertos. Apenas alguna imagen de mujeres desesperadas —madres, esposas, hermanas, hijas— y algún hombre —también desesperado— reclamando información frente a policías ataviados como para la guerra en la puerta del Hospital Paroissien de La Matanza.

El Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (Cepoc) realiza todos los años un registro de muertes en lugares de encierro. Es una obligación que debería cumplir el Estado, pero no la lleva a cabo. Nos referimos a muertes violentas o dudosas (por ejemplo, las sucedidas por ahorcamiento, que, sistemáticamente, son consideradas como “suicidios”, cuando en numerosos casos una investigación más profunda revela que fueron homicidios), no a las sucedidas por razones naturales.

Sabemos que las muertes naturales en la cárcel, en la inmensa mayoría de los casos, son consecuencia de las pésimas condiciones de atención, pero no tenemos los instrumentos de recolección suficientes como para contabilizar esos fallecimientos en todo el país. Todas estas muertes, aún las provocadas por presos a otros presos, son responsabilidad del Estado.

El Estado tiene un rol de garante y debe cumplirlo. Eso quiere decir que si decide encerrar gente debe garantizarle la vida y la integridad física. No lo decimos nosotros, sino la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema de Justicia de nuestro país.

Este año, al 15 de diciembre, contabilizamos sesenta y dos personas muertas en lugares de encierro por razones violentas o dudosas. Esa cifra supone una disminución con respecto a los años anteriores. En el 2005 hubo 198; en el 2006: 88; en el 2007: 93; en el 2008: 77 y (hasta el 15 de diciembre) del 2009: 62.

Sin embargo, el total de muertes producidas en estos casi cinco años —un total de quinientos dieciocho fallecimientos— que revela sólo una parte de los casos (los que hemos podido recopilar a través de la información publicada en los medios y la brindada por los familiares, organizaciones sociales y de derechos humanos y nuestra propia investigación) revela un problema que el Estado nacional y los estados provinciales deben abordar atacando las causas de las muertes.

En el año 2009, las sesenta y dos muertes se produjeron por los siguientes motivos: 19 por ahorcamiento, 14 por heridas punzantes, 10 por golpes, 7 por quemaduras e intoxicaciones, 4 por accidentes de tránsito (en el que se incluye la muerte de tres funcionarios del Servicio Penitenciario), 2 por causas violentas sin más datos, 1 por mala atención médica, 1 por ingestión de cocaína, 1 por disparo de arma de fuego, 1 por estrangulamiento, 1 por falta de aire y ahogo en un traslado y 1 por electrocución.

En cuanto a las edades, del total de casos en los que se cuenta con la información sobre la franja etaria (cuarenta y cinco personas), once son menores de 21 años, y de esos once, cuatro son niños como, conforme la Convención sobre los Derechos del Niño con jerarquía constitucional, define a los que tienen menos de 18 años de edad.

Se trata de Alejandro Cruz y Ezequiel Galarza, ambos de 17 años, fallecidos por quemaduras e intoxicación en la Comisaría 20 de Orán, Salta; Ramón Quiñones, también de 17 años, muerto por la misma causa en la Seccional 18 de Campo Gallo en Santiago del Estero; y Esteban Martín Leiva, de 16 años, quien apareció ahorcado en una celda de la Seccional VIII de Posadas, Misiones.

Es preciso recordar que está prohibido que personas menores de edad estén privadas de libertad en comisarías, y que nuestro país ya ha recibido —en varias oportunidades— observaciones por parte del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas.

Este registro pretende no sólo denunciar estos casos, sino también plantear la necesidad de desarrollar políticas públicas que contribuyan a evitar todas las muertes que sean evitables.

Más información: www.cepoc.org.ar