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Dos nenas de 11 y 12 años llegaban muy golpeadas al Centro Comunitario Justicia Social, en el barrio Gráfico de Rosario, una zona de trabajadores con casas humildes, donde militantes del Movimiento Evita llevan apoyo escolar y una copa de leche. Las nenas llegaban con horribles marcas, contaban que habían sido golpeadas por su padre, y comían con desesperación. También se llevaban comida en los bolsillos. Se aferraban a la coordinadora territorial del Movimiento, Alejandra Fedele, y le suplicaban que se las llevara con ella. Pero no contaban que eran violadas, algo que Alejandra supo por otros vecinos del barrio. El padre las obligaba a prostituirse con un vecino, apodado “el Paraguayo”. En la escuela y el centro de salud estaban al tanto de los golpes, pero no habían intervenido. Alejandra recurría a la comisaría, presentaba denuncias, pero le decían que no tenían efectivos, con excusas tan nimias como que estaban todos asignados al Mundial de Hockey femenino sobre césped que se realizó en septiembre del año pasado en Rosario. Entonces, Alejandra tomó una decisión drástica: aprovechó que N. y J. estaban en el Centro Comunitario –lindero al domicilio del padre de las niñas– y decidió llevárselas del barrio, con ayuda de compañeros y vecinos.

El padre de las chicas intentó interponerse, llegó a capturar a la más grande de las dos nenas, la metió dentro de la casa y comenzó a golpearla. Alejandra y algunos vecinos entraron a rescatarla. Las nenas fueron llevadas a la Comisaría de la Mujer, donde contaron los golpes, torturas y violaciones que sufrían. No sólo su papá, sino también la compañera de él, Josefa, las maltrataba y luego las mandaban a la casa de “el Paraguayo”, donde eran violadas a cambio de plata para la pareja.

“El sábado me reuní con el equipo del centro comunitario e inmediatamente decidimos sacar a las nenas por nuestros propios medios porque habíamos llamado al Area de la Mujer, a la Dirección de la Niñez, a la comisaría, donde nos decían que no tenían policía para sacar a las nenas”, contó Alejandra sobre la decisión colectiva de intervenir para impedir que las niñas siguieran sufriendo.

Alejandra, que tiene 41 años y trabaja en el Concejo municipal, tuvo en su propia casa a las dos niñas durante 25 días. Ellas todavía le dicen mamá. Las nenas jamás habían dormido en una cama, y vivían con miedo porque habían sufrido constantes torturas y permanecían atadas durante mucho tiempo. El rescate fue un sábado a la tarde. Al día siguiente, a la noche, Alejandra recibió un llamado anónimo para informarle que las niñas también habían sido filmadas. Les preguntó, y la más chica les contó que sí, que las grababan mientras las violaban. Otro hombre –un comerciante– las llevaba en una camioneta a departamentos donde ellas y otras niñas eran violadas y filmadas. Había allí una red de prostitución y pornografía infantil. Pero el Estado siguió brillando por su ausencia.

Alejandra recurrió insistentemente a la Secretaría de la Niñez de la provincia, donde hizo todas las denuncias, ya que después del relato de las nenas, el Movimiento Evita investigó quiénes formaban parte de la red de prostitución infantil y entregó los datos tanto a la Justicia como al estado provincial. Pero sólo el padre de las nenas y “el Paraguayo” continuaban detenidos. En abril, las víctimas declararon en cámara Gesell lo que habían vivido. Pero no hubo más detenciones durante 25 días.

En el ínterin, las nenas fueron entregadas a su madre biológica, que no tenía contacto con las niñas desde hacía años, está bajo tratamiento psiquiátrico y convive con un hombre violento. Ante la falta de respuestas, otra militante del Movimiento Evita denunció a la secretaria de la Niñez, Mónica Varetto, por incumplimiento de deberes de funcionario público. Las militantes volvieron a intervenir de facto, lograron que desde el Estado se entendiese que las nenas necesitaban un ámbito contenedor y Viviana Centurión, otra militante, se quedó a cargo de las chicas. Hoy las dos van a la escuela, aunque siempre acompañadas por algún adulto para garantizarles la seguridad, ya que algunos integrantes de la red continúan libres.

La semana pasada, el Movimiento optó por sacar el tema a la calle, y recién con la movilización en la puerta de los Tribunales, la jueza María Luisa Pérez Vara recibió a los militantes, que llegaban urgidos por el vencimiento de los plazos procesales para mantener detenidos al padre y “el Paraguayo”, en ese momento los dos únicos detenidos. La magistrada los procesó después de la movilización. Cuando Alejandra le pidió que sacara a la comisaría de la investigación, porque era evidente la complicidad con los integrantes de la red, la magistrada le contestó: “Me das una buena idea”. Intervino la sección Judiciales de la Policía. Y al día siguiente la jueza ordenó los allanamientos para dar con los otros integrantes de la red. Detuvieron a un hombre llamado Agustín y al comerciante, Antonio Cataldo, que tenía en su poder material pornográfico y un arsenal. También cayó presa Josefa, la pareja del padre de las nenas. Habían pasado ocho meses desde la primera denuncia.

“Tenés que verlas ahora, están divinas. Es muy grande la diferencia entre el estado en que estaban cuando las sacamos de la casa y cómo están ahora”, dice Alejandra, tratando de contener la emoción. Incluso, la más grande está entusiasmada con el viaje de estudios de 7º grado. Alejandra le prometió que podrá hacerlo. Para eso, planifican una peña que les permita juntar los fondos. Las dos nenas cuentan con apoyo psicológico brindado por el Centro de Asistencia Judicial, que depende del Ministerio de Justicia de la Provincia.

“La verdad es que yo he visto muchas cosas en los barrios y hemos tratado de resolver muchas situaciones de violencia contra mujeres y niños, pero nunca me imaginé que me iba a encontrar con algo así. La titular de la Comisaría de la Mujer, Mariel Arévalo, me felicitó por haber llevado a las nenas. Cuando yo leí lo que ellas declararon en esa primera denuncia, me puse a llorar, porque no nos habían contado todo lo que sufrían. Cuando las nenas fueron tomando confianza y nos contaron más, en muchas reparticiones del Estado no nos creían, pero yo sé que los chicos nunca mienten”, dice Alejandra, que incluso pidió una reunión con el ministro de Seguridad. Una de las compañeras del Movimiento Evita recorre el barrio para localizar a uno de los integrantes de la red que todavía está libre. “Eso lo tendría que hacer el Estado, no nosotras. Nuestro objetivo es desmantelar la red, porque hay otras nenas”, dice Alejandra. “Siempre vamos a estar con estas nenas, que las sentimos nuestras, pero hay que pensar en las otras que siguen sufriendo esta situación”, concluye.