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El gobierno porteño se niega a conceder licencias por embarazo a las profesoras de educación física que dependen de la Subsecretaría de Deportes. Los responsables de esta violación de derechos son el jefe de Gobierno, Mauricio Macri; el ministro de Desarrollo Económico, Francisco Adolfo Cabrera, y el subsecretario de Deportes, Francisco Irarrazaval, según las dependencias que surgen del organigrama de Administración de la ciudad.

Con este accionar, el gobierno de Macri continúa, mediante la modalidad de celebración de contratos basura –aquellos que carecen de aportes previsionales y sociales dejando al trabajador/a sin cobertura–, empleando personal en relación de dependencia en fraude a la legislación laboral vigente y desconociendo el fuero maternal que brinda protección a las trabajadoras embarazadas.

El derecho laboral y las normas que protegen la maternidad son de orden público e irrenunciable por lo que, de ninguna manera, pueden desconocerse. Las profesoras de educación física han denunciado públicamente que, para gozar de licencia por maternidad, deben contratar una suplente y pagarles ellas mismas de su bolsillo por el período tomado para estar con su bebé recién nacido. En realidad, es obligación del gobierno de la ciudad contratar a la suplente y pagar los salarios a la titular del cargo docente por todo el período de licencia por maternidad. Por lo tanto, es un abuso, por donde se lo analice, esta situación.

Las trabajadoras cuentan para su protección, con la Ley 20.744 (Contrato de Trabajo) que en su artículo 177 establece claramente la conservación del empleo, durante el tiempo de licencia paga, que la misma ley impone. Asimismo, en la ciudad de Buenos Aires, las trabajadoras están protegidas por la Ley Nº471 de Relaciones Laborales en la Administración Pública, aprobada el 5 de agosto del 2000, que en su artículo 16 establece el pago de las licencias por maternidad y adopción. Además, en el artículo 22, de la misma norma, se fija que la mujer puede tomarse licencia con goce de sueldo los 45 días previos al parto y los 60 posteriores al nacimiento o la llegada del bebé como tiempo de licencia paga.

Cabe preguntarse sobre la clase de funcionarios que nos gobiernan, de su comprensión y respeto de las leyes vigentes y, por sobre todo, si tienen conciencia de quién les dio la vida. Además, si conocen las condiciones físicas y psíquicas propias de un embarazo. Por el contrario, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires realiza este atropello que constituye una muestra elocuente de su total desinterés social como un flagrante incumplimiento de la legislación vigente que tanto pregona respetar.

* Defensora adjunta del Pueblo de la ciudad de Buenos Aires.