La Legislatura porteña convocó a un grupo de profesionales de salud y Justicia para reimpulsar la alicaída discusión sobre mortalidad materno-infantil en la Ciudad de Buenos Aires. El fin urgente es promover acciones para reducir la tasa de fallecimientos y diseñar nuevas estrategias que arrojen luz estadística y de vigilancia epidemiológica. La iniciativa de los diputados Aníbal Ibarra y María Elena Naddeo, de Diálogo por Buenos Aires, que incluye la creación de un “comité de análisis, estudio e investigación” del fenómeno, intenta hallar soluciones a algunos de los datos crudos que suele arrojar el gobierno macrista, como el aumento, después de cinco años, en 2009, de la tasa de bebés que mueren antes de cumplir el primer año en un 8,3 fallecimientos por cada mil nacidos vivos, un punto por encima de 7,3 que registró en 2008 la Dirección General de Estadísticas y Censos porteña. Y si bien la cartera de Salud afirmó que la tasa de mortalidad infantil de 2010 se redujo al 6,7 por mil, el fenómeno se reduce o aumenta de manera grosera según los barrios, siendo la franja sur el sector históricamente desprotegido, con un 9,8 por mil nacidos vivos.

Súmese a esta parábola que por cada muerte materna hay otras dos que no se registran como tales, que el aborto continúa siendo la principal causa de muerte, que entre el 1 y 12 por ciento de las causas de fallecimiento se relacionan con una morbilidad aguda severa, y la existencia de un déficit grave de anestesistas y enfermería en los servicios de neonatología de los hospitales públicos de la Ciudad.

En medio de afirmaciones que dan como prácticamente inorgánico el Programa Materno Infantil que coordina los hospitales y centros de salud porteños, legisladoras y legisladores de la oposición reclaman “un emprolijamiento” de los índices disponibles sobre muertes maternas, más bien pobres hasta el momento. Y una acción efectiva sobre las causas de mortalidad materna, que no varían desde hace años en la Argentina, según la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires (Sogiba), con el aborto en primer lugar, seguido por la hipertensión en el embarazo, la hemorragia posparto, las infecciones por parto vaginal o cesáreas y los traumatismos en el parto.

Jorge Vinacur, coordinador de la Comisión de Salud Pública de Sogiba, estimó que por cada muerte materna hay otras dos que no se registran como tales. El subregistro aumentó en las últimas dos décadas, de acuerdo con el estudio de Marianne Mollman, directora de Promoción y Defensa de los Derechos de la Mujer de Human Rights Watch, sobre el funcionamiento de los servicios de salud sexual y reproductiva en la Ciudad de Buenos Aires sobre más de mil muertes maternas, y de la revisión de 400 historias clínicas en hospitales privados y públicos porteños.

Durante el encuentro, el médico Oscar García, que integra la Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, lamentó “el ocultamiento que se hace de las muertes de mujeres jóvenes por causas relacionadas con embarazo, parto y puerperio. Necesitamos crear un sistema de vigilancia epidemiológica en la Ciudad, que nos permita conocer en tiempo y forma las muertes que ocurren dentro del sistema público y privado para revertir las causas”.

García consideró “un importante subregistro que oscila entre el 80 y 90 por ciento de los casos de esas muertes, que son evitables en un altísimo porcentaje”, y una vez más situó al aborto como primer causal de muerte, “entre un 25 y un 33 por ciento”, vinculado con las desigualdades que padecen las mujeres en salud reproductiva.

Unas 429 murieron en la Argentina de 2009 por causas debidas al embarazo, parto y puerperio; 106 más que en 2008. Desde hace veinte años la principal causa de muerte materna continúan siendo las complicaciones de abortos inseguros.

Por su parte, Mabel Bianco, de la Fundación Estudio e Investigación de la Mujer (Feim), consideró “inaceptable que tengamos estas tasas de mortalidad materna y, lo que es peor, sin resultados. Desde 1985, cuando se realizó el primer estudio de mortalidad, buscamos el subregistro”. Entonces, todas las mujeres fallecidas “eran jóvenes de sectores pobres. Veintiséis años después, sabemos que entre el 70 y el 80 por ciento de las causas de muerte son prevenibles. Estamos frente a una cuestión de injusticia social: en los hospitales no hay servicios para la atención de abortos no punibles, necesitamos el acceso efectivo a métodos de anticoncepción de emergencia y es fundamental el control prenatal”. Entre las presentes, la abogada Nelly Minyerski advirtió que “tenemos una estructura legal que no necesita modificaciones, cuánta muerte se evitaría si se cumpliera con las normas existentes sobre derechos reproductivos”. Propuso concretar acciones “que cambien la conciencia social impregnada de cuestiones morales y de fe” y que permita apelar “a las responsabilidades en los diferentes niveles profesionales, con un respeto absoluto al aborto no punible, convertido en ley desde 1921”.

El neonatólogo Jorge Tavosnanska, del Hospital Fernández, fue uno de los que confirmaron la disolución “de la Dirección Materno Infantil” y la pobre situación de los doce jefes de Obstetricia de las maternidades porteñas. Su horizonte es pesimista: “En neonatología no va a haber aumento de sobrevida si no se soluciona el déficit del 37 por ciento en enfermería. No hay inversión en recursos humanos y lo que pasa es una gran estafa a las mujeres, porque las condiciones obstétricas no se cumplen”.

La tasa de mortalidad está directamente relacionada con las condiciones socioeconómicas y con el sistema de salud. Es evidente que la mayor mortalidad infantil en 2011 sigue verificándose en Villa Soldati, Villa Lugano y Villa Riachuelo, donde la desnutrición reina y la obra es nula.

“En cada muerte materna se conjugan discriminaciones y desequilibrios de poder entre géneros, clases sociales y grupos etarios –cerró Naddeo–. El problema debe enfocarse desde la clínica y desde los condicionantes que excluyen a las mujeres de los sectores más perjudicados de esta ciudad.”