Es un viejo reclamo del movimiento de mujeres, porque –con las políticas públicas consecuentes– garantiza el acceso a las prácticas de salud sexual y reproductiva en el sistema público de salud, sin que las convicciones del personal se cuelen como trabas silenciosas pero imponentes. El registro de objetores de conciencia fue establecido el 28 de abril del año pasado en la provincia de Santa Fe. Terminado el plazo que tenían todos los agentes (no sólo profesionales, sino todos los empleados y empleadas involucrados en la atención) para enviar la declaración jurada, hubo 277 personas en toda la provincia que se niegan a realizar, sobre todo, abortos no punibles y a prescribir anticoncepción de emergencia, mientras un porcentaje menor objeta también las ligaduras tubarias y vasectomías o la prescripción de distintos anticonceptivos.

El dato más llamativo –pero nada inesperado– es la situación del Servicio de Ginecología del Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde todos los profesionales –18 en total– realizaron alguna objeción. El jefe del servicio, Rafael Pineda, es un conocido militante contra el aborto y la anticoncepción. “Todos los profesionales del servicio han presentado alguna forma de objeción, no todos la misma. En cambio, los residentes no la han presentado”, expresó el coordinador del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Daniel Teppaz. Sin embargo, desdramatizó la situación de ese hospital en particular y manifestó: “Nos preocupa más lo ocurrido en algunos lugares donde en las reuniones previas suponíamos que iba a haber algunas declaraciones juradas de objeción de conciencia, y luego no las recibimos. En los servicios que han hecho la objeción tenemos herramientas para actuar de manera de garantizar los derechos de las mujeres”, afirmó Teppaz. También en la maternidad más importante de Rosario, la Martin, tuvieron un alto porcentaje de objetores. Los profesionales que hacían una objeción debían presentarla en una declaración jurada, y quienes no tenían ningún tipo de objeción no debían presentar nada.

En cuanto al HECA, que es el hospital de emergencias más importante de la región, Teppaz puntualizó que por ley, la objeción no alcanza a las urgencias, como se encuadra a la llegada al servicio de una mujer con infección por aborto incompleto. Sí pueden objetar la atención pos aborto.

El número de 277 personas resulta impactante, pero se relativiza porque en la provincia hay 760 centros de salud, en los que trabajan aproximadamente 10 mil agentes. Para Teppaz, el silencio es más complicado. “Si sabemos que un agente es objetor de conciencia, estará claro que no se debe consultar con esas personas, para no exponerse a situaciones desagradables, o a alguien que por una cuestión de convicciones no respete la autonomía de las y los pacientes. Y el Estado debe garantizar que haya otros agentes que sí lo hagan”, expresó Teppaz.

Otra situación es la de la ciudad de Santa Fe, que tuvo un bajo nivel de objeciones. En el hospital Iturraspe de esa ciudad murió el 17 de mayo de 2007 Ana María Acevedo, la joven de 20 años a la que tanto los médicos como el director del hospital, entonces Andrés Ellena, negaron el derecho a un aborto no punible y, por lo mismo, los tratamientos contra su cáncer de maxilar.

Teppaz afirma que el registro de objetores no es estático, sino un punto de partida para “seguir trabajando con los equipos de salud”. De hecho, cualquier profesional puede retirar su objeción, o hacerla por una declaración jurada, siempre y cuando no lo haga frente a una situación concreta que debe atender.

“En muchos casos, hubo objetores que en realidad no lo eran, porque planteaban que no harían ligadura tubaria a una menor, cuando la ley no lo contempla, y eso es una confusión normativa; o que no prescribirían anticoncepción de emergencia después de la ovulación, cuando eso es incorrecto científicamente. En esos casos, se trabaja sobre esa información errónea porque no se trata de objetores de conciencia”, explicó Teppaz, de manera incansable, durante la última semana.

El martes pasado, el Ministerio de Salud provincial organizó una jornada debate sobre el tema con investigadoras del Centro de Estudios Estado y Sociedad (Cedes), Mariana Romero y Silvina Ramos, así como profesionales de distintos centros de salud. En la capacitación realizada en conjunto con el Cedes, Teppaz observó que “los equipos de salud tienen una cultura que ha sido por años y décadas sostenida y que es muy difícil revertir, por eso necesitan acompañamiento ante estas situaciones. Hay mucho desconocimiento de las obligaciones de los profesionales, de la ley, y también de los derechos. Falta enormemente una perspectiva de género en la mayoría de los servicios, es una tarea a largo plazo”. Por eso, el funcionario considera que la creación del registro es “una oportunidad riquísima para trabajar y aclarar las cosas, no termina con la presentación de un papel, sino que a partir de tener las declaraciones juradas de cada agente, el trabajo recomienza”.

Como el registro se dispuso por una resolución ministerial, la diputada provincial Alicia Gutiérrez, del partido SI, en el Frente Progresista que gobierna Santa Fe, presentó un proyecto para crearlo por ley, de manera que no pueda ser eliminado, ni vaciado de contenido, ante un cambio de gestión. La fundamentación de Gutiérrez indica que “el Registro de Objetores de Conciencia permitirá preservar los derechos individuales de los objetores, pero fundamentalmente facilitará que se puedan realizar los arreglos organizacionales para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a prestaciones oportunas y eficaces en salud sexual y reproductiva, incluyendo aborto no punible y la atención del post aborto”.

En ese sentido, Teppaz apuntó que “el eje primordial del registro está puesto en que nosotros, como Estado, no podemos hacer la vista gorda ante la falta de respeto a los derechos de las mujeres, porque eso es una falta grave”.