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El año pasado presenté en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley que establece la prohibición de la oferta, la promoción y/o la publicidad del comercio sexual ajeno por cualquier medio de difusión. El segundo determina una multa en dinero aplicable a quienes transgredan tal prohibición. Ambas medidas están dirigidas a quienes sostengan, administren o utilicen medios gráficos, audiovisuales o red de telecomunicaciones. Por lo tanto, la prohibición de publicitar el comercio sexual ajeno tiene como destinatario un amplio abanico, que comprende desde la persona individual que acerque un aviso con este tipo de contenido, por ejemplo, hasta el o los propietarios de los medios que acepten difundirlo.

El espíritu de este proyecto, que tiene giro a las comisiones de Legislación Penal y Comunicaciones e Informática y que lamentablemente aún no ha recibido tratamiento, se fundamenta en un reconocimiento básico: el alcance y el poder de los medios de comunicación.

Ese poder es beneficioso en tanto difunde información a las y los ciudadanos sobre lo que sucede a nuestro alrededor, sobre los actos de gobierno o las actividades de las distintas instituciones públicas. Pero no está exento ni de transmitir estereotipos sexistas (y con ello, además, contribuir a naturalizarlos y legitimarlos) ni de dar espacio a la propaganda de actos que provienen de conductas delictivas. Y es justamente en esto en lo que se incurre con la mayoría de los avisos clasificados que promocionan el comercio sexual ajeno. En la Argentina la prostitución no está prohibida, pero sí lo está el proxenetismo, es decir, la explotación del ejercicio de la prostitución ajena. No es otra cosa que el apoyo a esta actividad ilegal lo que los medios de comunicación realizan cuando publican avisos que refieren a esta conducta.

Y más aún: ya no podemos, como sociedad, hacernos los distraídos con la problemática de la trata de personas en nuestro país. Ya no hay ni lugar ni tiempo, ante la magnitud de las dimensiones de este aberrante negocio en la Argentina, para caer en ingenuidades. No quiero decir que los medios de comunicación o las empresas de servicios de Internet avalen la trata de personas, pero pretendo señalar que nadie es ajeno o ignora lo que se publicita en los avisos clasificados conocidos bajo el rubro 59 o el rubro “acompañantes”. Tampoco lo es a las propuestas audiovisuales que convocan, por ejemplo, a enviar la palabra “colegiala”, “vecina” o “carita” a tal o cual número de móvil. Por lo tanto, si el proxenetismo y la trata, además de ser delitos, constituyen actos opresivos y de profunda violencia, el circuito que los promueve, también lo es.

* Historiadora, diputada nacional y candidata a legisladora nacional por la Ciudad de Buenos Aires para continuar su mandato por la Coalición Cívica.