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Por Nora Veiras

La Argentina soportó durante doce años a Julio Nazareno como presidente de la Corte Suprema de Justicia. Doce años en los que el menemismo legitimó, desde el más alto tribunal, la depredación del Estado ante una sociedad que naturalizó esos desmanes. Algo cambió.
Cuando las luces de la televisión iluminaron el rostro burlón del ex jefe de Policía de La Rioja jactándose de su independencia –ahora que el menemismo era oposición–, algo se quebró. Fue otra prueba de que no sólo el Jefe sino también sus incondicionales se habían atrofiado en la discrecionalidad: habían perdido la capacidad de advertir el hartazgo social.
El nuevo presidente tomó la posta y redobló la apuesta. En pocos días Nazareno renunció jaqueado por el proceso de juicio político abierto en su contra, y Néstor Kirchner propuso a Raúl Zaffaroni para ocupar la vacante. El establishment se erizó y, mostró, como cada vez que se siente en riesgo, la vileza de la que es capaz. Hasta el 6 de agosto está abierto el plazo para impugnar al candidato oficial.
El decreto 222 de autolimitación del Poder Ejecutivo para designar a los integrantes de la Corte abre una oportunidad impensada para elaborar argumentos que avalen o cuestionen la trayectoria de Zaffaroni. La solvencia de sus pergaminos académicos le otorgan una ventaja difícil de revertir. De ahí que Ambito Financiero optó por denostarlo en lo personal –es soltero y sin hijos, atenta contra la familia, se horrorizó– y La Nación encendió las luces de alarma ante “la izquierda” que llegaría al máximo tribunal. Como quedó demostrado a lo largo de la historia, la derecha es garantía de justicia. Tienen tres semanas para sofisticar los cuestionamientos o dejar una vez más en evidencia que lo suyo no son las razones sino el instinto de perpetuación.
“Uno no se dedica a estudiar Derecho sólo para escribir libros sino para mejorar la calidad de las instituciones. Con eso se contribuye a mejorar la calidad de vida de la gente”, dijo Zaffaroni apenas lo postularon a la Corte. ¿Alguien se puede imaginar a Nazareno, Eduardo Moliné O`Connor o Adolfo Vázquez esbozando esa explicación? El salto cualitativo que significa haber pensado en un hombre que no sólo teorizó sobre el derecho sino que administró justicia como juez y camarista es irrefutable. Claro que el piso es tan bajo que sería ingenuo pensar que la renovación del Poder Judicial pasa por el relevo sólo de un impresentable. La decisión política está tomada y el Congreso tiene la palabra en el proceso abierto ahora contra Moliné O`Connor. Otro de los supremos de la mayoría automática que validó las privatizaciones y la impunidad de Carlos Menem.
Reconstituir la cabeza de uno de los poderes del Estado es impostergable en un país donde el empresario paradigmático de esa época, Alfredo Yabrán, llegó a declarar públicamente que “el poder es impunidad”. El camino parece empezar a despejarse y también quedan al descubierto las trampas del propio sistema. Es por lo menos frustrante comprobar cómo la renuncia es también una herramienta de impunidad.
Nazareno apeló a ese “derecho” para evitar el juicio político y pasó a disfrutar sin más costo que algún que otro repudio social de lo acumulado durante sus años de (auto)servicio. Zaffaroni, titular del Departamento de Derecho Penal en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y de la cátedra de Criminología en Psicología, es elogiado por unos y criticado por otros por “garantista”. Para él, la calificación es tautológica, se supone que el ejercicio del derecho es por definición garantista –salvo que uno se confiese partidario de un Estado autoritario–. Desde la perspectiva autoritaria se confunde seguridad jurídica con otra cosa y entonces se engaña a la gente. Es mentira que haya más seguridad entregando derechos y garantías. Lo que habrá es más abuso de poder. Y de paso quedarán destruidos los organismos policiales. Puede haber un Estado sin Fuerzas Armadas, pero no uno sin policía. Si se conceden a la policía facultades arbitrarias, se le abre el espacio de corrupción. Y el espacio de corrupción es la antípoda de la eficacia.
Las consecuencias políticas, sociales y económicas de una justicia cómplice son irrefutables. La postulación de un jurista que está a la vanguardia del derecho penal para ocupar un lugar en la Corte puede ser un mojón para empezar a dibujar los límites de una nueva relación de poder que revalorice el sentido de la democracia después de veinte años de la recuperación formal de las instituciones.