El titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 de la Ciudad de Buenos Aires, Roberto Gallardo, intimó, el 2 de septiembre, al Gobierno de la Ciudad a garantizar el acceso a abortos no punibles a las mujeres con discapacidad. La gestión del PRO, en el 2013, generó la Resolución del Ministerio de Salud Nº 1860, mediante la cual se dispuso la creación de un “Equipo Interdisciplinario de Apoyo para pacientes con discapacidad intelectual y/o psico-social que soliciten prácticas de aborto no punible”. En la práctica este equipo implica un filtro para retardar y evaluar si una mujer puede acceder o no al derecho garantizado en la ley argentina desde 1921 y, por eso, la Justicia dispuso que se modifique esa normativa y ordenó que el sistema de apoyo se sustente solamente en la confianza, el respeto y la voluntad de las ciudadanas que concurran a los hospitales.

La idea es que el apoyo sea un derecho de la mujer y que lo realice una persona que cuente con su confianza previa y no una obligación o un requisito más a cumplir, por afuera de lo que ordena el Código Penal y el fallo FAL de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ratificó la posibilidad de interrumpir un embarazo en distintos casos. El fallo se dictó en el marco de la acción de amparo presentada por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y se basó en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Ley Nacional 26.378, que impone un cambio desde el paradigma de sustitución en la toma de decisiones hacia el reconocimiento pleno de la capacidad jurídica en todos los aspectos de la vida.