En el 2013 Yamila Estefanía Escudero fue elegida Reina de la Vendimia. Pero la destronaron y no la dejaron ir a la fiesta del año siguiente a entregarle el legado a su heredera. ¿Por qué? Porque se embarazó y eso era una deshonra para la monarquía de la uva mendocina. La abogada Carolina Jacky inició una demanda contra el Municipio de Tunuyán y el gobierno de Mendoza por considerar que el reglamento del concurso de belleza de la localidad es discriminatorio y que se ejerció violencia institucional. También Gabriella Dellatore, en el 2009, y Jeniffer Cubillos, en el 2011, fueron vapuleadas por pretender convertirse en madres o casarse a pesar de ser elegidas para representar a la provincia por su belleza.

Con todos estos antecedentes, el martes 7 de octubre el Senado provincial aprobó una ley –presentada por Gustavo Arenas, del Frente para la Victoria– que permite que la reina y virreina Nacional de la Vendimia puedan continuar con su mandato si deciden un embarazo con coronita y todo. Además, les permite –como si fuera una licencia para espejar algo más que una mano que saluda bonito– desarrollarse en el ámbito laboral y estudiantil. También se invita a los municipios a sumarse a esta oferta de derechos para las reinas de cada pueblo.

Gustavo Arenas se definió como “un defensor de nuestras tradiciones y costumbres, pero de aquellas que nos hacen sentir orgullosos. Ningún mendocino se puede sentir orgulloso de discriminar a una mujer”. Y aseguró: “Debemos defender aquellas tradiciones que nos hacen crecer como sociedad”. Por su parte, mientras tanto, la agrupación Acciones Feministas, con el respaldo de la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de la Violencia de Género (Consavig), pide la suspensión de estos concursos. No pretenden reinas madres o educadas, sino que el Estado no fomente la valoración de las mujeres por su aspecto físico.