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Los edictos policiales daban la excusa escrita con sangre azul y bastones largos para encarcelar a trans y travestis. El encierro se sumaba a los golpes, las extorsiones sexuales, las violaciones y las fellatio forzadas, los pedidos de coimas y las degradaciones físicas. La Argentina ya no es la misma, pero el Estado tiene que pagar por haber permitido esa violencia institucional. Por eso, Abogad*s por los Derechos Sexuales (Abosex), Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (Alitt), Futuro Transgenérico

y Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) promueven un proyecto de ley para el resarcimiento económico de las personas trans que, por su identidad de género, hayan sido privadas de su libertad tanto por aplicación de los edictos de policía como por cualquier otro acto emanado de las fuerzas de seguridad violatorio de sus derechos humanos.

La iniciativa es impulsada en el Congreso de la Nación por la diputada Diana Conti (FpV) y, desde hace dos semanas, empezó su curso legislativo. La ley de identidad de género visibiliza el derecho a la autopercepción. Pero, en plena democracia, la norma policial consideraba una contravención la sola decisión de ser trans y por eso eran perseguidas y maltratadas por la policía. “Teniendo en cuenta nuestra Constitución nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos de jerarquía supralegal, así como estándares previstos por los Principios de Yogyakarta y el marco regulatorio instado por la Ley de Identidad de Género y su decreto reglamentario, corresponde reconocer una pensión a las víctimas trans de la desterritorialización del Estado argentino, expresado paradigmáticamente en las figuras de los edictos que directa e indirectamente criminalizaban sus identidades de género”, consideran las organizaciones del colectivo de diversidad.

El patrullero fácil y la violencia sexual con uniforme se tiene que pagar para que las victimas puedan reparar con más oportunidades todas las discriminaciones que sufrieron por parte de la policía.