Viernes, 14 de agosto de 2015 | Hoy
El caso de Angela González es emblemático en España y en el mundo porque ella había denunciado a su pareja –más de treinta veces– por violencia machista y la Justicia, sin embargo, la obligó a que permitiera que el agresor siguiera viendo a su hija Andrea, de siete años. Finalmente, el progenitor mató a la niña, en Madrid, en el 2003, en una de las visitas exigidas a la madre, y después se suicidó. Ante esta situación, donde el Estado fue cómplice de la doble violencia, en julio del 2014, el Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) acusó a España de no proteger a Angela y exigió que se la indemnizara y que el Estado pidiera disculpas. Pero el Estado español replicó que no tiene responsabilidad y se niega a pagarle una reparación económica. El diario El País informa que, desde el 2008 al 2014, veinte menores fueron asesinados/as por sus progenitores durante el régimen de visitas.
El precandidato presidencial norteamericano Donald Trump ya dijo que los mexicanos son violadores y que habría que poner un muro para migrantes. Sus comentarios racistas lo elevan entre el público conservador pero les ponen un techo a las aspiraciones republicanas. Su última pelea fue con la periodista Megyn Kelly, de Fox News, durante un debate partidario, el jueves 6 de agosto, a quien acusó de no ser profesional y fustigó como fracasada. Al día siguiente Trump declaró, en la CNN, que a Kelly “le salía sangre de donde sea”, en obvia alusión a que si no fue agradable con él es porque estaba menstruando. Por supuesto, después Trump dijo que no se refería a la sangre menstrual, sino a que le salía (metafóricamente) sangre de la nariz.
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud debaten, en Colombia, si las parejas del mismo sexo pueden adoptar. Hace dos semanas el senador –del Partido de la U– Roy Barreras presentó un proyecto para permitir que gays y lesbianas accedan a convertirse en madres y padres adoptantes legitimados por la ley. Mientras, los derechos de la comunidad lgttb también son peleados en la Corte Constitucional, donde un grupo de trece personas pidió que las uniones de hecho sean consideradas matrimonios y que, en ese marco, también tengan derecho a la adopción.
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