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La mujer entra con su celular en la mano. Es joven pero lleva el cansancio acumulado bajo los ojos, como si estuvieran apoyados sobre un pozo de aguas oscuras en el que podrían nadar tanto el miedo como las noches en vela rumiando hartazgo. No le han quitado la determinación. Va hacia la mesa de entradas de la fiscalía de Delitos Conexos con la Violencia de Género de Pilar. Las empleadas de la unidad fiscal que dirige Carolina Carballido Calatayud la reconocen enseguida, la llaman por el nombre de pila, se alegran de verla.

–¿Dónde anduviste? Te estuvimos buscando desde el viernes.

–A él no le resulta difícil encontrarme, mirá –dice la mujer y muestra la pantalla de su teléfono: una atrás de la otra, las amenazas de un tipo que no parece tener miedo de que queden por escrito.

–Mirá vos –dice la empleada leyendo de reojo–, nosotras te buscábamos porque la doctora se reunió con tu denunciado y él tuvo muy buena actitud, se comprometió a parar la mano, te queríamos dar la buena noticia... ¡Qué pena!

–¿Podés tomar la denuncia de las amenazas, por favor? –la bronca se suma a eso que se agita en el pozo negro bajo sus ojos.

–Sí, claro –la empleada se acoda sobre el mostrador, revisa otra vez la pantalla, después levanta los ojos hacia su interlocutora y devuelve el celular.

–Acá enfrente hay una casa de fotocopias donde te pueden bajar los mensajitos, los imprimís y me traes la hoja así te lo puedo sumar al expediente.

La mujer se queja, pregunta si no pueden tomarle una foto directamente a la pantalla, o copiar lo que dice ahí frente a testigos, lo que sea que no signifique una nueva gestión para ella. No tiene suerte; si la víctima quiere aportar pruebas, la prueba de por qué tiene miedo, del por qué de sus ojeras, de por qué el viaje hasta la oficina pública un lunes a la mañana después de un fin de semana de pesadilla cuando debería estar trabajando o en cualquier otro lado, si quiere hacerlo tendrá que ser por escrito y con las formalidades del caso, le tendrá que costar, siempre un poco más. Más de lo que le costó a “su denunciado” convencer a la doctora de su buena voluntad para frenar la violencia.

Sofía Carabelos y Laurana Malacalza miran la escena desde un banco de madera. Están ahí mientras esperan que la titular de la fiscalía, Carballido Calatayud, las reciba en tanto integrantes del Observatorio de Violencia de Género de la Provincia de Buenos Aires que depende de la Defensoría del Pueblo. No las sorprende, ni que se haya citado a un agresor como si fuera un chico de primaria a la dirección de la escuela ni que se carguen sobre la víctima los trámites que hacen a su causa. De hecho María Belén Morán, también asesinada en Pilar, en la jurisdicción de Carballido, tenía la orden de restricción en su cartera cuando la mataron, ese escudo de papel que las mismas víctimas tienen que presentar en las comisarías para que tenga algún efecto, con el riesgo que implica toparse aunque sea de casualidad con sus agresores cuando están en ese trámite. Carabelos y Malacalza saben que es moneda corriente, aun cuando ésta es una fiscalía supuestamente especializada en violencia de género y deberían saber cómo funciona, cómo se repiten las tretas de los agresores, arrepentidos un rato, justificándose en sus frustraciones, el mucho trabajo o su falta, las ausencias de ellas, la pérdida de control que juran no sucederá más.

A Fernando Farré, el hombre que degolló a su ex esposa mientras su madre y al menos dos abogados escuchaban los gritos del otro lado de la puerta del vestidor de un chalet de barrio cerrado, también le creyeron cuando dijo que lo preocupaba ser tildado de violento, que ya había entendido, aceptado la separación. Fue en otra fiscalía, es cierto, una de la Ciudad de Buenos Aires, donde le levantaron la medida de restricción que le impedía acercarse a Claudia Schaefer para que entre “las partes” de un divorcio conflictivo solucionaran la división de bienes. En eso estaban cuando la mató, en Pilar, bajo la jurisdicción de la agitada fiscalía de Carolina Carballido Calatayud.

“Es un caso muy conmovedor”, fue lo primero que se le escuchó decir a la fiscal a los medios con los que ahora es receptiva, “vamos a pedir la pena máxima”, dijo también y habló de un homicidio doloso doblemente agravado. “Por el vínculo y por el contexto de violencia de género”. Suena bien, aunque no se sabe a qué se refiere Carballido con el “contexto” de violencia de género, eso no es un tipo legal y lo cierto es que los antecedentes no permiten creer que vaya a ir por ese camino. Según el relevamiento de las cifras de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que hizo el Observatorio de Violencia de Género, ni en 2013 ni en 2014 hubo una sola causa elevada a juicio en la que se haya aplicado el artículo 11 del Código Penal, que habla de Violencia de Género y no de “contexto”. “No hay registros oficiales de femicidios, pero si los hubiera, al ir a mirar esos números, habría que decir que en esos años en nuestra provincia no hubo ningún femicidio”, dice Malacalza.

Pero ahora Carballido quiere hacer buena letra, trabajar bien, no adelantarse. Así lo repitió en los medios, con los que estuvo receptiva, “todavía no pasó una semana, no puedo decir exactamente qué sucedió, todas las hipótesis están abiertas”, se la escuchó por radio antes del cierre de esta nota y entre esas hipótesis se cuentan también las de la defensa que van desde buscar un atenuante por emoción violenta a la inimputabilidad lisa y llana de Farré.

Llama la atención la prudencia de Carballido ahora; cuando le tocó acusar a Celina Benítez, una joven migrante de 23, por abandono de persona después de que la pareja de ésta asesinara a golpes su hijita apenas necesitó 48 horas. El hecho sucedió el 10 de junio y el 12 ya estaba lista la acusación, la joven mamá detenida sin poder asistir al entierro de su hija, y el único dato que sostiene la hipótesis de la fiscal es el testimonio de una vecina que escuchó un llanto una semana antes al que Celina no habría respondido con celeridad, como tampoco acudió a una guardia cuando vio una quemadura en el cuerpo de su hijita. “En cambio eligió otros caminos, como irse a trabajar”, dice Carballido en su escrito en el que nunca se menciona que Celina misma vivía amenazada, que era golpeada sistemáticamente, obligada a tener relaciones sexuales o, sin eufemismos, violada constantemente. Nada de eso figura en el escrito porque nadie se lo preguntó a Celina. Como nadie se lo preguntó a Yanina González, otra joven mamá que estuvo presa durante más de un año porque Carballido la acusó con la misma figura que a Celina y con la misma inconsistencia de pruebas; tanto es así que Yanina fue absuelta y la procuración decidió dejar sin efecto la apelación de la fiscal especializada en delitos conexos con la violencia de género en Pilar.

Cuando a Carballido se le pregunta por el caso de Celina, contesta con las fotos forenses que se tomaron sobre el cuerpo de la pequeña Melina. “¿Qué quiere que haga con esto?”, le soltó a Malacalza como si la brutalidad del agresor justificara la detención de su otra víctima, la madre de la niña. Ahora las que se filtraron a la prensa fueron las fotos forenses de lo que se llama “el crimen del country”, Farré mirando a cámara, gesto dislocado, la sangre tiñéndolo todo y hasta la marca de un golpe que ella, la víctima, le habría dado. Un regalito extra para la estrategia de la defensa que quiere mostrar a un hombre dominado por sus pasiones. Mientras los medios las reproducían y se consultaban especialistas que explicaran la figura de la emoción violenta para justificar lo imposible, se filtraron las fotos del cuerpo de Schaefer. Una crueldad innecesaria que completa “el caso conmovedor”, este con el que Carballido parece querer maquillar su falta de perspectiva de género, tal vez usando por primera vez, ella que está en una fiscalía especializada, la figura de la violencia de género como agravante.