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En la nota publicada en Revista La Nación del 28 de octubre del 2012 titulada “Padrectomía, la otra violencia familiar”, vemos con asombro cómo son utilizados los mismos argumentos que son esgrimidos repetidamente en los tribunales por parte de los/as abogados/as defensores/as de padres a los que refieren ser “falsamente acusados” de violencias diversas hacia sus hijos/as.

La visibilidad creciente de los temas de violencia familiar o contra las mujeres, y de abuso sexual infantil, dio por tierra con el mito de que los violentos y abusadores pertenecían a un sector social marginal. Cuando tal visibilidad muestra que hombres pertenecientes a sectores socioeconómicos medios y altos, con niveles culturales destacados, también han sido y son capaces de cometer esos actos –y que gracias al poder económico que detentan pueden contratar a profesionales abogados/as, psicólogos/as, psiquiatras, médicos/as que los asesoran y los representan judicialmente–, comienza la reacción conocida como “backlash”, que niega la existencia de tales abusos.

Al respecto, el argumento acerca del supuesto crecimiento de falsas denuncias no se apoya en datos estadísticos. Es falso que el síndrome de alienación parental (SAP) que en la nota es referido como reconocido por la Sociedad Americana de Psiquiatría haya estado o vaya a estar incluido en el Manual de Diagnóstico y Estadística de los Trastornos Mentales (DSM-IV), según lo publicado por la agencia The Associated Press el 21 de septiembre del corriente año. También ha sido rechazado por la Asociación Americana de Psicología.

Mientras que indagaciones llevadas a través del Programa de Investigación en Infancia Maltratada de la UBA han detectado un 12 por ciento de abuso sexual antes de los 18 años en la población universitaria capitalina –en un relevamiento de una muestra representativa de todas las universidades públicas y privadas–. Estas cifras aumentan al 15 por ciento en la población general. En ambos casos, el 70 por ciento de los abusos ocurrió en el ámbito intrafamiliar –padres, padrastros, pareja de la madre/hermana, tíos, abuelos– y sólo pudieron ser relatados en menos del 50 por ciento de los casos.

Estas defensas “en bloque”, generalizadas y apoyadas por un grupo de profesionales de diversas disciplinas, sólo han logrado ayudar a la impunidad de quienes cometen actos dañinos para con sus hijos/as, lo que perpetúa y agudiza el daño ocasionado a estos/as niños/as a través de la revictimización institucional en los diversos ámbitos en donde la denuncia es tramitada.

Si la “preocupación” explicitada en el artículo son los niños, la realidad es que lo que se desprende de la lectura es una fuerte preocupación por los derechos de los padres alejados de sus hijos. Desde la protección a la integridad psicofísica del niño/a es que alertamos sobre estas cuestiones.

* María Inés Bringiotti, secretaria, y Patricia Elena Visir, presidenta Asociación Argentina de Prevención del Maltrato Infanto-Juvenil.