No las eluden la luz del día ni el movimiento comercial. No las advierten el hormiguero humano ni la venta ambulante. Son invisibles a fuerza de tanta vecindad. Las casas de prostitución en la zona de Liniers, uno de los puntos urbanos más neurálgicos de esta ciudad, se arraciman por cuadras: son el plus de una demanda aumentada en los últimos tres años y de una “indudable connivencia policial aceitada”, según afirman diferentes organizaciones sociales que analizan la trata y tráfico de personas con fines de explotación sexual. No es preciso ensayar sondeos para advertir dónde funcionan los sitios vigilados por hombres y mujeres con celo penitenciario. En el radio que dibujan las calles Cosquín, Carhué, Montiel y José León Suárez, entre Ibarrola y la avenida Rivadavia, no menos de diez umbrales con barrotes hablan de las nuevas cárceles que disfrazan antiguos PH encorsetados por tiendas de vestir, de electrodomésticos, peluquerías, bazares, locutorios y hasta forrajerías. La desidia generalizada no quiere percatarse de las corridas e insultos que protagonizan a diario las “tarjeteras” del rubro con pares de la competencia, porque les “soplan” los clientes, en su mayoría albañiles del conurbano que al final de la jornada van “a descargar” con las pendejas, como suele escuchárseles en bromas callejeras, antes de subirse al tren que los devuelve al oeste bonaerense. Menos aún inquieta el esquema de tres a cuatro personas por casa, apostadas en diferentes sectores de la vereda, para custodiar aquello que nunca deja verse. Algunos de los que pagaron por hora de sexo admiten que entre las mujeres adultas, casi todas provenientes del interior, siempre se dejan ver “pibas muy jóvenes que parecen chiquitas”. Toda vez que se lo consulta, el fiscal Julio Castro, titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones de Delitos contra la Identidad Sexual, Trata de Personas y Prostitución Infantil, dice recibir con frecuencia denuncias anónimas con datos sobre prostíbulos donde habría niñas y adolescentes. Sin embargo, cuando allanan los lugares ya no están, porque viven sometidas a redes que procuran mantenerlas poco tiempo en el mismo sitio. Durante la crisis argentina de 2001, informes de la Procuraduría General de la Nación daban cuenta de que el 15 por ciento de la prostitución en Rosario, Córdoba, Capital Federal, Mendoza, Resistencia y Tucumán victimizaba a menores de edad. Entonces y ahora, la sociedad no parece interesada en reclamar que se legisle sobre uno de los grandes procesos de desmantelamiento de la infancia en el país. Y el Estado, por su parte, no sabe aún cómo alisar los pliegues que ocultan un sistema esclavista, donde los adultos se apropian de cuerpos adolescentes para su goce personal. El placer de lo prohibido, como promete el aviso, existe, porque los responsables de que eso no ocurra habilitan por acción u omisión que las niñas sigan siendo consumidas con voracidad.