Lo primero que llama la atención es el lema que dice: “Una persona sin derechos no es una persona” y lo segundo es la imagen: en cada afiche camina por la calle un Play móvil con alguna discapacidad, una chica ciega, un chico sin brazo, un chico con muletas. Están estáticos y plásticos instalados en una ciudad desierta. El texto, que tal vez esté aludiendo a un concepto del Derecho, convengamos que no muy popularmente conocido, de que “persona” es todo ente susceptible de tener derechos, suena un tanto violento. La lectura más rápida al pasar caminando o en auto podría ser la siguiente: una persona sin derechos no es persona, los discapacitados carecen de derechos, ergo, no son personas. Luego la vista se dirige al muñequito, modo de desviar la vista si los hay, y se desentiende del problema. Pero el afiche, en letras más chicas, se encarga de confirmar que efectivamente el problema es de las personas discapacitadas: “Si tenés alguna discapacidad hacé valer tus derechos. Asesorate”. ¿Es un tanto compulsivo no? Si no nos llamás, no sos persona. Numerosas carteleras de la vía pública en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano se hicieron eco, desde el pasado diciembre, de esta campaña muy bien intencionada. “Defender tus derechos es igualar tus oportunidades” es el título que agrupa a estos tres afiches que puso en circulación la Fundación Par “con el objetivo de difundir el teléfono gratuito 0800-122-3727 (en el que se puede encontrar) información y concientización sobre derechos y obligaciones ciudadanas, dirigido a las personas con discapacidad y a sus familiares”.

Las cifras estadísticas que maneja la institución son elocuentes en lo que respecta a lo poco que las personas con discapacidad recurren a la asistencia estatal. Es de suponer que muchas de estas personas desconocen que el Estado se hace o se debe hacer cargo de ciertas cuestiones. Aunque también es verdad que otros motivos, que resulta tedioso incluso ponerse a enumerar, pueden estar desanimando a los potenciales usuarios. Las cifras son éstas: el 19 por ciento de las personas con discapacidad posee su certificado de discapacidad que los habilitaría a ingresar al sistema de prestaciones básicas de salud y recibir el 100 por ciento de cobertura, y a la protección integral de la ley (Indec), el 51,6 por ciento paga con dinero propio (es decir, no recibe del sistema de salud) las ayudas técnicas externas de toda índole (silla de ruedas, audífonos, aparatos, bastones, computadoras adaptadas, oxígeno, sondas –Indec–) y el 26 por ciento de los niños con discapacidad estudian en escuelas comunes.

¿No era más fácil y más útil poner en el cartel algunos de los beneficios que están disponibles en lugar de cargar a los beneficiarios, además de con la incógnita, con la culpa de estar autoexcluyéndose del grupo de personas?