Según informes de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, durante 2013 y 2014 no se caratuló ninguna causa por femicidio en la provincia de Buenos Aires. “Un hecho emblemático, porque significa que el Poder Judicial no es permeable a la perspectiva de género”, define la coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo (OVG), Laurana Malacalza. Fiscales que no encuentran pruebas si no existe denuncia previa, que prefieren caratular “homicidio agravado por el vínculo”; organismos judiciales carentes de áreas específicas dedicadas a mujeres, ausencia de capacitaciones, falta de un seguimiento de las resoluciones ejemplifican la gravedad de una situación que para Malacalza variaría sustancialmente con la modificación de la Ley provincial 12.569, de Violencia Familiar, y su adecuación a la Ley nacional 26.485 de Violencia Contra las Mujeres. Un cambio de paradigma que evalúan las principales referentes de las mujeres en Nación y Provincia, Fabiana Túñez y Daniela Reich. El flamante informe “Monitoreo de políticas públicas y violencia de género 2014-2015” del OVG, que será presentado este lunes en la Universidad Nacional de La Plata, es un diagnóstico crítico sobre el modelo de gestión que expone la necesidad de crear unidades fiscales y defensorías especializadas, y de brindar patrocinio jurídico gratuito efectivo, ya que en la provincia “se alentó denunciar sin garantizar medidas de protección y asistencia efectivas.” Las denuncias por violencia familiar realizadas en comisarías de la Mujer y la Familia aumentaron considerablemente en los últimos años: en 2014 se recibió un total de 162.204, es decir un promedio de 445 denuncias por día en todo el territorio, lo que implica un aumento del 43 por ciento respecto de 2012. “Sin embargo, cerca del 80 por ciento de las causas judiciales en que las víctimas son mujeres se archivan por ´lesiones leves y amenazas´”, advierte Malacalza, mientras que desde 2010 hasta 2014 el número de causas por violencia familiar iniciadas en ese fuero se duplicó. De las 49.803 registradas en 2010, el número ascendió a 98.012 causas iniciadas en 2014, en las que los procesos de criminalización recayeron sobre las propias mujeres, imputadas por delitos contra parejas o ex parejas, que precisan de una contextualización experta con perspectiva de género. El próximo funcionamiento de una mesa interministerial, las promesas de apoyo a las mesas locales y la creación de refugios generaría “una protección social y de estrategia comunitaria que de paso trascienda las políticas policiales represivas de las violencias contra las mujeres y que en algunos territorios las dejan más expuestas cuando no ponen aun en mayor riesgo sus vidas. Se necesita un Estado más creativo, que desconcentre la presión policíaca”. Y que salde la deuda pendiente de la información desde los diferentes ámbitos institucionales, hasta hoy fragmentada y escasa. Además, para la coordinadora del OVG “en Provincia no se prevén mecanismos de tramitación de las situaciones de violencia que sufren las mujeres en otros ámbitos que no sean el familiar, cuando la legislación nacional define modalidades de violencia institucional, obstétrica, laboral, mediática y contra la salud sexual y reproductiva”. El panorama no es alentador, pues tampoco se definieron políticas públicas inclusivas ni un tratamiento administrativo adecuado por parte de representantes judiciales, estatales y policiales, concluye Malacalza. “Se incumple la Ley de identidad de género: cuando se trata de personas trans y travestis, persisten prácticas estigmatizantes y discriminatorias cotidianas, que tienen su versión más cruda en las poblaciones de ese colectivo que se encuentran alojadas en cárceles de la provincia de Buenos Aires”.