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En la ciudad de Buenos Aires, más de 85.000 familias atraviesan una crisis habitacional. Como dijo Sebastián Tedeschi, abogado del Centro de Derecho a la Vivienda y Contra los Desalojos (Cohre), a la revista Hecho en Buenos Aires, en nuestro país más que políticas de vivienda lo que existen son incentivos a la industria de la construcción. “El problema no se soluciona construyendo, sino generando mecanismos de acceso —propuso Tedeschi—. La mayoría de las leyes de vivienda que tenemos se hicieron bajo dictaduras militares, no protegen la vivienda como derecho, crean fondos y programas. Y acá la mayoría de las políticas sociales se instrumentan como beneficios discrecionales: ‘Si quiero te doy el plan de vivienda, si quiero te lo quito’. En el ámbito internacional, hay países que desarrollan y protegen ese derecho, como Inglaterra o Brasil. Pero casi todos los violan, hasta los del Primer Mundo.”

El informe anual del Cohre cita, sin embargo, experiencias interesantes de autogestión que nacen de la sociedad civil. Una de ellas es el caso La Dulce, vecinos que cuentan con el apoyo, entre otras organizaciones, del CELS y la Defensoría del Pueblo. La de los vecinos de la AU7 es otra historia. ¿Qué análisis hacen, de ella, desde el Estado? La subsecretaria de Promoción e Integración Social porteña, Gabriela Groba, responde.

¿Qué participación tuvieron las delegadas del asentamiento de la AU7 en la sanción de la Ley 1987?

—Fueron súper protagonistas. Fueron ellas las que por muchísimo tiempo caminaron la Legislatura, vieron a los delegados, los convencieron. Nosotros, como Ejecutivo de la ciudad, acompañamos el cumplimiento de la ley. Ellas son dirigentes sociales profundamente responsables y comprometidas con su comunidad. Hoy incluso, como víctimas de un siniestro, están formando parte de la solución respecto de la construcción de las viviendas transitorias. Ellas tienen una capacidad de ver estratégicamente las cuestiones y de poder ver más allá. Este es un rol que le faltaba a la dirigencia social. Que sean ellas, las mujeres, las que estén haciendo semejante trabajo nos pone de cara a la sociedad que viene.

Respecto de las hipótesis sobre los motivos del incendio, ¿cómo avanza la investigación?

—Las hipótesis van cambiando en la medida en que estamos frente a un escenario dinámico, donde todo el tiempo aparecen nuevos actores. Pero hay un rasgo común a todos los actores, y es la intolerancia, la violencia como modo de dirimir cuestiones, la desesperanza, la falta de confianza en las instituciones. Ahí está el eje del problema. Si estamos frente a intencionalidades que tienen que ver con la política, estamos frente a gente que se maneja con relojes que atrasan.

Cuando habla de motivos políticos, ¿a qué se refiere?

—Esto que pasa en la política que tiene que ver con la crisis de representación, también se da en las organizaciones sociales. En este marco de intolerancia, algunos suponen que generando situaciones de caos detienen un proceso.

¿La intolerancia social es un denominador común en estas tragedias: incendios de barrios pobres, como sucede, por ejemplo, en La Boca?

—Generalizar no me gusta, uno pierde la riqueza de ir viendo situación por situación. Pero creo que la gran preocupación de la dirigencia política y de los dirigentes sociales debe ser este tema: la intolerancia. Tenemos el problema de arrastre de décadas, de los ‘90 para adelante, juntamente con el proceso de empobrecimiento y degradación que sufrió toda la sociedad. Y esto tiene su expresión más descarnada en los asentamientos.