Nuestro Estado, al consagrar los principios de igualdad ante la ley y de no discriminación, se comprometió a adoptar todas las medidas necesarias, incluidas las legislativas, a fin de hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales, en condiciones de igualdad. Sin embargo, un recorrido no exhaustivo por los proyectos pendientes en el Congreso nacional es demostrativo de la ausencia de políticas de Estado que resguarden dicha igualdad y sancionen su violación. No han sido aprobadas, entre otras, las siguientes iniciativas: la ley de prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en el ámbito familiar y las relaciones interpersonales, que define las distintas manifestaciones de violencia contra las mujeres, sus derechos y vías de protección, e incorpora la creación del Programa Nacional para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y Asistencia a las Víctimas. La atención a víctimas de delitos sexuales y prevención de enfermedades; la derogación del avenimiento contemplado en el artículo 132 del Código Penal, cuya consecuencia es finalizar la persecución penal en casos de violencia sexual en los que existieren relaciones afectivas preexistentes entre víctima y victimario; la incorporación de reglas procesales que garanticen los derechos de las víctimas de delitos contra la integridad sexual; la modificación del artículo 86 del Código Penal sobre aborto no punible, aclarando en qué casos está habilitada esta práctica médica y que no es necesaria la autorización judicial; la ampliación de los supuestos de detención domiciliaria a mujeres embarazadas y de madres de niños menores de cinco años o con una persona con discapacidad a su cargo. El régimen de prevención y sanción del acoso sexual en el ámbito de las relaciones laborales, educativas, y las que surjan de las prestaciones de los sistemas de salud; la modificación a la ley de actos discriminatorios, que incorpora el género y otros factores de discriminación como categorías sospechosas. La incorporación del Infanticidio; el programa que establece medidas de prevención, protección y asistencia a las víctimas de la trata de personas, y el cupo femenino en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otras tantas.

Si las agendas públicas están integradas por todos aquellos asuntos que los miembros de una comunidad política consideran de legítima preocupación y merecedores de la atención pública, advertimos que la formulación de políticas públicas concretas para la promoción y protección de los derechos de las mujeres en un marco de real igualdad de oportunidades y de trato, como encomienda la Constitución nacional al Poder Legislativo, entre sus atribuciones, sigue siendo una deuda ni siquiera reconocida por gran parte de sus integrantes.

* Diputada nacional Coalición Cívica.