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Hace unos días, varias mamás de un barrio carenciado cercano a Lomas del Mirador fueron a pedir asesoramiento a la asamblea popular de la zona, donde sus hijos van a tomar la merienda: querían saber cómo acceder a que les hicieran una ligadura de trompas. Y terminaron narrando historias de violencia y abuso familiar. Carla Vercellone, una maestra jardinera de 29 años, fue quien las recibió y no puede sacarse aquella escena de la cabeza. “Fue un sacudón, fue tener la evidencia de lo complejo que es nuestro papel como asambleístas barriales. Pedir que se vaya toda la dirigencia política, o dar de comer a esos chicos que no tienen nada es sólo una parte. Pero el ejemplo de la situación con esas madres puso en claro algo más profundo. A esas mujeres nunca se les había ocurrido pensar que tienen derecho a decidir sobre su sexualidad, a expresar lo que no quieren. Encarar esto es un desafío”, comenta Carla.
Dice que le parece que en los últimos meses creció de golpe. Su iniciación como asambleísta fue accidentada. Después del fervor de los cacerolazos, se integró a una asamblea que ya venía funcionando. Cuando se acercaba el 24 de marzo, tanto ella como otros vecinos encontraron una tremenda resistencia a hacer un escrache a la comisaría del barrio, que había sido un centro clandestino de detención durante la dictadura. “Muchos de nosotros, con nuestra escasa experiencia de militancia, tardamos en darnos cuenta que era un grupo que respondía a Aldo Rico y a Mohamed Alí Seineldín. Así fue que nos abrimos y convocamos a una asamblea propia en la plaza. Ahí encontramos a la iglesia del barrio y las patotas del PJ. Pero sobrevivimos. Con el tiempo, empecé a sentir que me sacaba los espejismos a través de los cuales veía la realidad”, se reconforta.
Este proceso, cuenta Carla, le costó en su vida privada largas discusiones. Con su marido, que es empleado en una empresa de servicios, lo más problemático era hablar del tarifazo, pero terminó convenciéndolo de que participara en una campaña barrial contra los aumentos. Con su papá, que trabaja en una fábrica en Isidro Casanova, polemiza porque él da todo por perdido, acostumbrado a ver “cómo a los obreros los compran fácilmente, por 180 pesos, para llevarlos a los actos del menemismo”, explica ella.
Carla se hizo cargo ante la Justicia del conflicto que afronta la asamblea por la ocupación de una casa que llevaba años deshabitada y donde fue instalado el comedor, al que concurren 40 chicos por día. “Esto es lo más importante que me pasó en la vida y estoy dispuesta a afrontar las consecuencias, no veo otra forma de apostar a cambiar las cosas”, dice. Y decidió retomar los estudios en la Facultad de Derecho que hace siete años dejó a medio camino.