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El proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se inscribe en el reclamo de democratización de los medios que, hace más de veinte años, realizan organizaciones sociales, comunitarias, universitarias y sindicales. La reacción visceral que sobreactúa la necesidad de resguardar privilegios corporativos de los grandes grupos (obtenidos gracias a modificaciones y concesiones hechas por todos los gobiernos desde Carlos Menem hasta Cristina Fernández) ha operado, en este caso, como boomerang. La conciencia sobre la posición abusiva de los medios más concentrados se refuerza cuando gobernadores y diputados –que hacen gala de la evasión fiscal y de la discrecionalidad en el uso de los fondos públicos– se convierten en paladines de la libertad de prensa. Y cuando grandes grupos, cuya posición dominante asfixia a la competencia mediante conductas predatorias, reducen las fuentes de trabajo y fijan precios abusivos en los mercados en donde funcionan como monopolio e intentan maquillar de “interés público” la avidez corporativa.

El proyecto del Poder Ejecutivo requiere de mejoras y el Congreso es el ámbito para introducirlas: la autoridad de aplicación no puede tener mayoría del gobierno de turno. La generación de fondos para garantizar la producción de contenidos en medios pequeños y de gestión comunitaria es otro aspecto central.

La condición para contar con una buena ley es asumir que la Argentina del bicentenario no puede perpetuar una ley firmada por Jorge Videla y empeorada por casi todos los gobiernos constitucionales que lo sucedieron.

* Doctor en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, Profesor de la Universidad Nacional de Quilmes e investigador del Conicet.