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“Me quiero matar”, dijo A. G., la adolescente de 15 años de Comodoro Rivadavia, Chubut, cuando supo que estaba embarazada después de haber sido violada por su padrastro. Contra esa pulsión de muerte es que acudió a la Justicia, que durante cuatro meses la obligó a seguir adelante con la gestación hasta que la autorizó –aunque sin necesidad porque el Código Penal ya la había autorizado– a interrumpir el embarazo. “Siempre se dice que el post aborto es traumático, pero la niña, gracias a eso, pudo volver a su vida feliz. Ella no carga con ningún trauma por el aborto, sino por la violación, que todavía sigue impune, con el acusado libre y amenazas constantes a ella y su familia”, contó la abogada Sandra Elizabeth Grilli, quien defendió a A. G.

“Tuvimos que pasar por muchas instancias que le negaron la posibilidad a la niña de abortar. Hasta que la sentencia que permitió la interrupción del embarazo quedó firme. Sin embargo, aun después del aborto, hubo una apelación del supuesto defensor del niño por nacer. Ahora el caso está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero esperemos que no sirva para amedrentar a otros médicos o jueces a cumplir con la ley, sino para que la Corte respalde la posibilidad de acceder a los abortos no punibles”, remarca Grilli, quien vino a Buenos Aires invitada por la diputada Cecilia Merchán para participar del panel “Diversidad, género e igualdad de oportunidades”, realizado el sábado 7 de agosto, en la Facultad de Derecho, en el marco del “Primer Foro por un proyecto Emancipador”, del movimiento Proyecto Sur, donde ella agradeció especialmente la tarea periodística de Página/12 en la posibilidad de dar batalla y ayudar a la adolescente enclaustrada en su propio cuerpo, ya previamente enclaustrado. “Yo no veía la luz, y cuando me llamó Mariana Carbajal para seguir el caso empezaron a surgir apoyos y sentí que no estaba sola y que valía la pena luchar, fue como una luz, aun en una ciudad como Comodoro Rivadavia, que es una sociedad apática, y a pesar de que cuesta que la sociedad reaccione cuando no es una fábrica que se cierra sino una niña violada, esta vez la gente comenzó a movilizarse a favor de la niña y eso fue muy emocionante.”

El aborto, finalmente, se realizó el 13 de marzo pasado, en el Centro Materno Infantil de Trelew, con el respaldo de una sentencia de los jueces de la Sala Civil del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Lo peor ya pasó. Pero la causa judicial y la violencia no. El violador –que era su padrastro, el padre de cuatro hermanos de ella por parte de madre y la habría sometido sexualmente desde los 11 años– sigue libre. Las amenazas a la niña; a su mamá, Luisa Fuentes (motor principal del pedido de A. G.), y a Sandra continúan con llamadas y balas dejadas en la puerta de la casa de la nena, que disparan miedo aunque no logren inmovilizarlas.

Mientras el aborto no punible sigue interpretándose de la manera más restrictiva posible en muchos centros de salud, las directivas concretas que podrían normativizarlo en todo el país para frenar las judicializaciones en cada pedido de una víctima de violación carecen de fortaleza.

La causa judicial que se originó con el pedido de A. G. enfrenta un proceso en la Corte Suprema de Justicia, incentivado por grupos conservadores (que pretendían impedir el aborto y siguieron con la causa, aun después de realizado, para derribar el valor histórico del fallo que dio el aval a la interrupción del embarazo) pero que podría dar un vuelco y convertirse en un respaldo a los abortos legales y a quienes pusieron su firma para que se realicen en caso de controversia judicial. Ese es el caso del juez Martín Losada, de Bariloche, que permitió abortar a una joven violada y después tuvo que sufrir la persecución y el pedido de juicio político por parte de grupos llamados “pro vida” en el Consejo de la Magistratura local. El expediente de A. G. es un caso testigo que puede generar jurisprudencia para evitar que se perpetúe la violencia contra las mujeres víctimas de violencia sexual como parte del sistema político, de salud y judicial en la Argentina.

En este sentido, una de las consideraciones más importantes de Sandra Grilli es contra el Comité de Bioética del Hospital de Comodoro Rivadavia (en donde se negaron a realizar el aborto), ya que “en este comité fueron renunciando los profesionales y quedaron sólo los integrantes más antiguos. La resolución que dieron estuvo totalmente impregnada de cuestiones religiosas en las que después se basó el fallo que le prohibía el aborto a A. G.”, relata.

El punto es fundamental, ya que la Guía de Abortos No Punibles, realizada por el Ministerio de Salud, aún con vigencia pero sin carácter de resolución ministerial (después de una polémica surgida a partir del ataque a la Guía por parte del diario La Nación), les saca poder de decisión –frente a la situación de pedidos de interrupción de embarazo de mujeres violadas– a los comités de bioética, que, justamente, suelen estar cooptados por sectores ultra-conservadores.

“Si no se cumple con los abortos no punibles, se está violando la Constitución Nacional”, dictamina la abogada. Pero lo más interesante de la visita de Sandra es que no habla desde el lugar de experta que tiene en sus manos uno de los expedientes judiciales clave en la jurisprudencia que defiende los derechos de género. Ella, además, hila su propia historia de vida y se anima a contarla para compartirla. Porque cree que la única manera de defender a las mujeres no es con la ley, sino con la palabra. Y que su intervención se dio cuando ella pudo defenderse también en su propia vida.

EL LIMITE QUE BORRO LAS FRONTERAS

“Muchas mujeres abortamos y nos quedaron secuelas”, se planta Sandra el sábado 7 de agosto, mientras su hija la espera en el zoológico junto a su nieta como parte de un viaje que no es sólo una escala sino la metáfora de una travesía que ella empezó cuando se convirtió en madre de su primer hijo, a los 14 años; a los 17 tuvo a su hija (de 20 años y mamá de una nena de 4), y a los 22 al último de sus hijos, ahora de 15.

Siendo madre precoz estudió y trabajó aun cuando en su casa fue maltratada. “Yo confundía el amor. Creía que si me pegaban y no me dejaban salir o comprarme ropa era porque me querían. Podía asesorar a otras mujeres, pero no podía ver lo que me pasaba. Y menos cuando después de cada paliza venía una escena romántica”, rememora en un pasado que quedó tan atrás como la firmeza con la que camina.

Antes el límite se lo ponía su marido, su mamá (muy religiosa) que la incitaba a aguantar y el cura de una comarca rural (donde vivía junto a su familia) que la instaba a soportar para conservar unida a su familia. Hasta que un domingo –a pesar de todas las culpas y los mandatos para que soportara la violencia–, de hace muy poquitos años, les preparó una tarta de acelga a sus hijos y se fue. El ya le había dicho que no se iba a ir. Y ella decidió empezar su nuevo camino, respaldada y abrazada, especialmente, por su hija, que siempre la apoyó.

A partir de ahí –no sin obstáculos, miedos, remordimientos y pérdidas– su vida cambió. “Mi autodeterminación como mujer me ayudó a defender la autodeterminación de otras mujeres”, subraya. “Ya no hago nada que no quiero”, define como un antes y un después –en una decisión absolutamente vital– y elige tanto comer una pizza como salir sola de vez en cuando, darse la mano con su hija y su nieta en un trío femenino que quiere reivindicar el amor sin violencia y la femineidad como un modo de solidaridad y no de traspaso de repeticiones de sumisión y frustración.

Su fortaleza y esas manos solidarias son las que la ayudan a no bajar los brazos. A pesar de que la sigan llamando para decirle que por defender el derecho de A. G. ella va a ser violada. Ella dice con su propia convicción el lema que marca que “lo personal es político”: “Creo que va en mi currículum. Porque para ser buena profesional tenés que estar autodeterminada como mujer y yo me autodeterminé cuando corté con la violencia”.

–¿Cuáles fueron los argumentos para negarle el aborto a A.G. en primera y segunda instancia?

–En el caso de A. G. los fallos de primera y segunda instancia hacían una interpretación restrictiva del artículo 86. Pero el Superior Tribunal de Justicia no. Hoy los tratados internaciones que están ratificados por la Constitución Nacional no hacen diferencia entre las mujeres “idiotas y dementes” nombradas en el Código Penal y las que no lo son frente al derecho a acceder al aborto luego de una violación. En este caso, se considera que A.G. debe acceder al aborto no punible porque estaba en riesgo su vida (ya que ella manifestaba que se quería matar si no la dejaban abortar) pero, además, se explaya sobre la no discriminación entre todas las mujeres. Por eso, es tan importante el fallo de tercera instancia que hace hincapié en la no discriminación.

–¿Cuál es tu expectativa frente al derecho de las mujeres a acceder al aborto legal?

–El matrimonio gay parecía inalcanzable y se aprobó. Ahora estamos hablando del aborto. Estamos en un momento muy importante de nuestro país y no tenemos que dejarlo pasar. Yo estoy segura de que se va a despenalizar el aborto.