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Entre el 16 de abril y el 15 de octubre de este año, cuatro policías de jurisdicciones diferentes se vieron involucradas en idéntica cantidad de hechos tan graves como violentos y que incluyeron tres muertes. En esos seis meses, uniformados de Córdoba, Mendoza, Buenos Aires y de la Federal mataron a dos hinchas, tuvieron responsabilidad en el fallecimiento de otro, balearon a un futbolista durante un partido e hirieron a varias personas más. La seguidilla insta a pensar si no llegó la hora de ponerle freno a una represión indiscriminada que no se compadece con los bajos índices de delitos y contravenciones que ciertos funcionarios de la Seguridad Deportiva gustan mostrar. A no ser que, en el fútbol, la política para lograrlos continúe siendo ésa.
El primero de los episodios ocurrió en las inmediaciones del estadio Olímpico de Córdoba, el 16 de abril. Jorge Martín Castro, un simpatizante de Talleres de 19 años, recibió un disparo de escopeta en el tórax, que le causó la muerte a él y serias heridas a Sergio Luis Kowalewsky y Marcelo Castillo, de 19 y 37 años, respectivamente. Los tres estaban a escasa distancia entre sí, en el conocido puente del Chateau, sobre el río Suquía, y habrían sido alcanzados por los perdigones de un mismo tiro.
El cabo 1º Gabriel Vivas es el único procesado en la causa por homicidio culposo y lesiones graves culposas. Un comisario mayor, Juan Carlos Brito, también había sido imputado por vejámenes calificados y abandono de persona en un hecho que, en principio, la policía cordobesa atribuyó a una pelea entre las barras de Talleres y Belgrano tras el clásico que acababa de disputarse por el torneo de la B Nacional.
Cinco días después del asesinato de Castro, en una columna de opinión que escribió para el diario La Voz del Interior, el comisario mayor retirado de la policía local, Fernando Bartolomé, aportaba un dato necesario para entender lo que pasa: “Hoy, el 20 por ciento los policías de Córdoba está sumariado...”; y cerraba su artículo con una pregunta inquietante: “¿Sabe los nervios que hay que tener para hacer lo que realmente se debe hacer?”.

La muerte en celular
El 27 de junio falleció Fernando Blanco, un pibe de 17 años, más hincha de Boca que de Defensores de Belgrano, que había ido con su tío y cinco amigos a ver una definición para evitar el descenso entre el segundo equipo y Chacarita, en la cancha de Huracán. La autopsia que se le practicó en la morgue al día siguiente arrojó que tenía fracturas de cráneo, contusión cerebral y hemorragia meníngea.
La Federal lo detuvo después de apalearlo y llevarlo de los pelos cuando intentaba salir del estadio junto a centenares de espectadores que recibieron el mismo trato. Hombres y mujeres, mayores y menores, abogados y padres de jugadores, simpatizantes pacíficos y barras encolerizados desfilaron en medio de un “pasillo chino” donde sufrieron golpes de todo tipo y heridas cortantes.
Blanco fue introducido en uno de los dos celulares (interno 9186, marca Iveco, patente AII 954) que llevaban apresados a un número indeterminado de detenidos. Sus padres están persuadidos de que Fernando no murió por la presunta caída del vehículo y responsabilizan a la policía (ver aparte). La causa caratulada “Lagoria, Mario (el chofer del celular) sobre homicidio culposo y evasión”, lleva el número 32.902/5 y estuvo primero en manos del juez subrogante Horacio Azzolín y ahora está terminando de estudiarla el doctor Mariano Sco- tto, el magistrado que lo sucedió en el Juzgado de Instrucción Nº 26.
De los cinco cuerpos del expediente, cuya investigación estuvo hasta ahora a cargo de la propia Federal, se desprende que todos los testigos que declararon fueron aportados por la propia fuerza de seguridad, que a la víctima se la intenta incriminar en base a imágenes donde no se le observa una conducta violenta (“arrojaría algún objeto hacia el campo de juego o bien hacia la línea de efectivos policiales”, dice en una de las fojas donde se ve a Blanco apoyado con los brazos sobre un paraavalancha) y que, como señala el abogado de la familia, Juan Carlos Pinto, “la instrucción no refleja nada de la golpiza recibida”.
Pero más revelador puede ser lo que no consta en el expediente y aseveran sus padres. Algunos de esos hechos ya se los comentaron al ministro del Interior, Aníbal Fernández, cuando los recibió: suponen que les “pincharon” el teléfono y que ciertas preguntas de policías que merodearon su casa a los pocos días de morir Fernando no tienen nada que ver con la causa. Los Blanco también están preocupados por la seguridad de los testigos. Uno de ellos, según Clara, la madre, salió del estadio Tomás A. Ducó tomado de la mano de su hijo, recibió demasiados golpes y “está con serios problemas, con psicólogo y en terapia con la familia porque quedó muy mal de ver cómo le pegaban a Fernando”.
Marcelo Achile, el vicepresidente del club Defensores, ratificó otra vez su demanda de justicia: “Tiene que aclararse la muerte de este chico, pero también el motivo de su detención. Porque en la cancha no hizo nada y era la tercera vez que iba a la cancha a ver un partido del equipo. Tengo esperanzas de que esto salga a la luz y que los culpables lo paguen. El pedido que hizo en su momento el presidente Kirchner de que se esclarezca me dio esperanzas y quiero creer que esto será así”.

La esperanza de Azcurra
En cada reportaje que ha otorgado, Carlos Azcurra, el futbolista de San Martín de Mendoza que baleó un policía a quemarropa sobre el césped del estadio mundialista, explica lo mismo: “Mi idea es volver a jugar al fútbol”. Desde aquel 11 de septiembre, cuando 17 perdigones impactaron sobre su cuerpo a veinte centímetros de distancia, el recuerdo de aquella tarde es una pesadilla que vuelve y que el jugador puede reconstruir con lujo de detalles.
Hoy se recupera de las lesiones (perdió un 30 por ciento de su pulmón derecho y le rompieron el diafragma) en el Imdyr, el centro de rehabilitación que posee Futbolistas Argentinos Agremiados en el barrio de Constitución. A diferencia de Vivas, el cabo cordobés, quien está libre, el agresor de Azcurra, el también cabo primero Marcial Maldonado, continúa detenido en el marco de una causa donde se le imputó “homicidio agravado en grado de tentativa”.
El episodio se esclareció con rapidez gracias a las imágenes televisivas tomadas en aquel clásico mendocino que Godoy Cruz le ganó a San Martín. El defensor había intentado evitar que la policía siguiera disparando contra un sector de la tribuna donde se encontraban su padre, un hermano y un sobrino. La respuesta que recibió fue estremecedora: estuvo cerca de que lo mataran con la camiseta de su equipo puesta.

El mejor policía del 2004
Juan Carlos Furnus, el comisario de la seccional 8ª de Tres de Febrero, el mismo que le disparó al cuello a Mauricio Suárez, de 26 años, un hincha de Estudiantes de Buenos Aires, había recibido el premio al mejor policía del 2004 que entrega el Coprosede, el organismo de seguridad deportiva que actúa en el territorio bonaerense. Hoy está detenido y pesa sobre él una acusación por homicidio agravado, que establece una pena máxima de reclusión perpetua.
Mario Gallina, ex comisario, ex árbitro y responsable máximo de aquel Comité provincial, confirmó la distinción y admitió con perplejidad que la conducta del oficial “es un golpe duro para nosotros. Furnus era un funcionario de diez hasta que se subió al micro”. Asimismo, explicó que “hace mucho tiempo pretendemos que el personal vaya desarmado a las canchas, como va la infantería. Pero le debemos entregar los elementos disuasivos, como los cartuchos de estruendo que hacen ruido y no tiran nada y los de postas de goma, que a un metro pueden ser mortales y deben ser utilizados a la distancia permitida”. El funcionario, acaso el que más experiencia tiene en seguridad deportiva de la Argentina, se excusó de opinar sobre las muertes de las otras jurisdicciones y las heridas graves ocasionadas al jugador Azcurra, aunque brindó su pensamiento sobre lo que pasa con la policía: “Buscamos la profesionalización. Pero se tendría que reformar una ley. Es la que obliga al personal de grupo comando a estar armado en todo momento. Por eso, les pedimos a los suboficiales que llevan armas que no pongan el cargador con las balas. Nosotros en la provincia tuvimos otro caso similar al de Furnus, en un partido entre Almirante Brown y Deportivo Morón, y en los dos hubo impericia personal”.
El último hecho, ocurrido a metros del estadio de Almagro el sábado 15 de este mes, acabó con la vida de Suárez, en medio de una refriega que había iniciado la barra brava de Estudiantes en su regreso desde la cancha de San Telmo. Su objetivo era enfrentarse con los hinchas del equipo de José Ingenieros –tradicional rival de la zona– y que en su mayoría ya habían abandonado el lugar tras un partido con Atlético Rafaela. A su paso, los agresores rompieron y robaron lo que encontraron. El comisario Furnus, como respuesta, disparó con un cartucho de caza y arriba de un micro. “No se puede matar así...”, reconoció el propio Gallina. Ni así, ni con la rivalidad que genera el fútbol como excusa.