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Por G.V.

El 22 de junio de 2000, el ex presidente de Racing, Osvaldo Amadeo Otero (foto), firmó un contrato con Fernando Marín, Fernando De Tomaso y Carlos Mocorrea, los principales directivos de Blanquiceleste que, por entonces, aún no se había constituido. En el convenio de asesoramiento –así se lo denominó–, la empresa que se inscribió en la Inspección General de Justicia el 8 de agosto de ese año contrataba al abogado Otero “para su asesoramiento y preparación de la documentación pertinente” del futuro proyecto de gerenciamiento.
El ex dirigente y ex subsecretario de Deporte de la Nación durante el gobierno de Raúl Alfonsín se comprometió a entregar la propuesta antes del 15 de agosto de 2000 y pautó honorarios profesionales por 60 mil pesos, más una suculenta remuneración adicional de 550 mil pesos en el caso de que Blanquiceleste obtuviera la adjudicación de los principales ingresos económicos de Racing.
El punto 2 de la cláusula quinta del contrato así lo expresa: “Para el caso de que la empresa, o cualquier cesionaria de la misma, o cualquier otra sociedad que estuviere constituida por los señores firmantes del presente, fuere la adjudicataria de la concesión o gerenciamiento que constituya el objeto de la presentación, la empresa se compromete a pagar al profesional la suma de $ 550.000...”. Si la sociedad anónima de Marín no lograba su propósito, Otero perdería el derecho a cobrarle esa suma.
Concedida la explotación del fútbol de Racing y todos los recursos que genera, el ex presidente se dispuso a esperar el compromiso de pago por escrito. Sin embargo, en lugar de exteriorizar su alegría por semejante nivel de ingresos, Otero, con el tiempo, se ha quejado con amargura de que Marín no cumplió lo pactado. Que nunca percibió la totalidad de esa suma.
Lo que quizá no les describió a los socios o hinchas que todavía lo escuchan es la cláusula sexta del mismo convenio de asesoramiento. En ella se le concedía “al profesional el siguiente derecho: Para el caso de que la empresa decida licitar o comercializar todo o parte de los derechos que adquiere, otorga un derecho de preferencia para la obtención de los mismos, consistente en otorgar al profesional el derecho para igualar o mejorar la mejor oferta que existiere. A tal efecto, la empresa deberá notificar en forma fehaciente al profesional de la oferta que recibiere y del derecho de que trate, para que en el plazo de 90 días, el profesional haga uso de ese derecho, vencido el cual cesará de forma automática la vigencia de ese derecho de preferencia”.
Se entiende, ¿no? Lalín pidió la quiebra de Racing y Otero podría hacer valer su derecho a gerenciar el club si Blanquiceleste decide irse antes de los diez años de contrato que le extendió el juez Gorostegui.