La Sindicatura de la Municipalidad de Santa Fe elaboró un crítico informe sobre el estado de las cuentas. Revela, por ejemplo, que no se sabe cuáles son los bienes muebles e inmuebles de la administración, porque no existe un inventario único. Tampoco tienen registradas ni unificadas todas las compras y contrataciones. Y encontraron una abultada deuda en concepto de juicios, irregularidades en los planes sociales y demoras en la rendición de los subsidios. En este punto, la gestión del ex intendente Martín Balbarrey sólo fundamentó el uso del 18 por ciento de los 35 millones de pesos que recibió para paliar los efectos de las inundaciones de marzo y abril pasados.

En ese marco, el actual intendente de la capital provincial, el radical Mario Barletta, señaló que iniciarán los sumarios administrativos pertinentes y, si corresponde, elevarán las actuaciones a la Justicia.

El informe elaborado por la sindicatura, a cargo de Germán Huber indica que, de los 35 millones 700 mil pesos que la provincia remitió el año pasado a la Municipalidad de Santa Fe en concepto de subsidios, sólo se rindió el 18 por ciento. El resto del dinero, que asciende casi a 30 millones, deberá ser devuelto por la actual administración municipal. La información fue reproducida tanto el portal de noticias Notifé como por el diario El Litoral.

El documento, de 35 carillas, ingresó ayer a la Fiscalía de la ciudad, pero el actual mandatario municipal ya adelantó que no dejarán pasar las irregularidades. El estudio de los números fue encargado por las nuevas autoridades y hace un corte de las finanzas públicas al 12 de diciembre del año pasado, fecha en que asumió Barletta.

Los subsidios para paliar las consecuencias de la inundación que los santafesinos nombran como "por lluvia", para diferenciarla de la crecida del Salado en 2003, llegaron a las arcas de la municipalidad de Santa Fe en tres etapas. Por el decreto 497/2007, el gobierno provincial le otorgó a la ciudad cinco millones, destinados a "restituir las condiciones además de la infraestructura urbana y posibilitar el regreso a sus hogares de las personas afectadas" por las lluvias de fines de marzo de 2007. Aún no se rindieron más de cuatro millones.

En una segunda etapa, y por la ley de Emergencia 12.709, el Ejecutivo Provincial suscribió convenios con entes territoriales y organismos públicos para "disponer los medios necesarios para recomponer la infraestructura urbana y para disponer la remoción provisoria de las consecuencias negativas provocadas" por la inundación. A partir de esa rúbrica, y por el decreto 499/2007, la provincia otorgó 30 millones de pesos, de los cuales restan rendir más de 24 millones.

En una tercera etapa, y con un monto muy inferior, la Unidad Ejecutora Provincial del Fondo de Emergencia Social asignó a Santa Fe la suma de 700.000 pesos, destinados a atender gastos y servicios relacionados con la emergencia hídrica. La totalidad del uso de este dinero aún no fue rendida.

Los inconvenientes comenzaron apenas asumieron las nuevas autoridades. La provincia pidió a la Municipalidad de Santa Fe que rinda la utilización de los subsidios. Fue el 23 de enero pasado, y el plazo otorgado para la rendición fue de 20 días hábiles. Pero la administración encontró que sólo existen comprobantes del 18 por ciento del dinero.

Mientras Barletta manifestó su voluntad de acudir a la Justicia para determinar qué pasó con los fondos, también explicó que esta situación es perjudicial en más de un sentido para la administración municipal. "El hecho de no rendir los subsidios inhibe a la Municipalidad a acceder a nuevos aportes", indicó el intendente santafesino.

En cuanto a las cuentas generales, la Sindicatura destacó la "forma precaria en que se encuentran los registros y la documentación", lo que dificultó el estudio del estado de situación en las diversas dependencias. Además, "no se cuenta con un sistema de Administración Financiera integrado, que permita proporcionar información confiable y oportuna".