El ex director y el subdirector del penal de Coronda fueron procesados por su participación durante el motín ocurrido el 11 de abril de 2005, en el que 14 internos fueron pasados asesinados por sus compañeros. Las acusaciones más graves recaen en los dos guardiacárceles tomados de rehén esa tarde, cuya actuación permitió que se desencadenara la masacre. El juez de Instrucción Penal de la Quinta Nominación, Darío Sánchez, procesó a Oscar Daniel Mansilla, entonces director del Instituto de Detención U1 de Coronda, por el delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público". También lo acusó de "homicidio culposo agravado" por los cuatro internos del pabellón 1, al igual que al subdirector, Carlos Daniel Monti. En tanto los guardiacárceles Oscar Yosviak y Eduardo Daniel Marchesin están procesados como autores de los delitos de "incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal, con homicidio culposo agravado", por las 14 muertes. Además, el juez les trabó un embargo de $ 50.000 a cada uno según publicó el diario El Litoral.

La resolución firmada el jueves pasado por el juez Sánchez pone fin a una ardua investigación, en la que se buscó "la presunta responsabilidad penal de los funcionarios penitenciarios, que tuvieron algún tipo de participación en el desgraciado suceso", expresó el juez.

La causa, que se inició con las denuncias de los sobrevivientes de la masacre, tuvo 17 imputados, cuatro de los cuales fueron procesados, 11 recibieron la falta de mérito y otros dos quedaron sobreseídos.

Los guardiacárceles quedaron procesados por no atenerse a los estrictos códigos de vigilancia y reglamentos internos con los que cuenta el Servicio, dado que al momento de producirse el motín, el celador Yosviak "abandonó su puesto de guardia en la planta alta del pabellón 7", a poco de que terminara el recreo. Cuando le preguntaron por qué lo hizo, respondió que tenía necesidad de ir al baño y que había sido autorizado por Marchesin.

Según el juez esta actitud desató la tragedia: el magistrado llegó a la conclusión de que si bien actuaron de manera contraria a los reglamentos, y por eso fueron atrapados como rehenes, no hubo "connivencia alguna con los amotinados".

En cuanto a la situación de Mansilla y Monti, el juez la evaluó de manera conjunta "debido a la similar obligación funcional que les competía como director y subdirector del establecimiento carcelario".

En ese sentido, fue fundamental el testimonio del jefe del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias, cuyo personal "se había posicionado en situación ventajosa, ya sea para disuadir a los internos o eventualmente para actuar directamente en la represión", y sin embargo se les ordenó el repliegue.