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Sábado, 27 de septiembre de 2008

SANTA FE › PROGRAMA DE SALUD REPRODUCTIVA Y PROCREACIóN RESPONSABLE

Nuevas instancias en Santa Fe

La provincia se comprometió a reimpulsar el registro de objetores de conciencia -que permitirá cumplir con las prácticas de abortos no punibles- y crear espacios de interacción entre profesionales y adolescentes sobre métodos anticonceptivos.

Las organizaciones de mujeres que integraron el Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (CoNDeRS), organismo que realizó el Monitoreo Social del Programa de Salud Reproductiva y Procreación Responsable en Santa Fe, se reunieron con autoridades provinciales de Salud, y tomaron nota de un compromiso político para derribar las barreras de acceso a los servicios que garanticen la salud reproductiva en Santa Fe: reimpulsar la disposición de la Ley 11888 que exige el registro de objetores de conciencia -que permitirá cumplir con las prácticas de abortos no punibles- y configurar espacios de interacción entre profesionales de la salud y las mujeres o parejas -especialmente adolescentes- sobre el uso de los métodos anticonceptivos. La secretaria de Salud de la provincia de Santa Fe, Débora Ferrandini, consideró al informe del Monitoreo como "una herramienta fundamental para tomar decisiones para garantizar la equidad en el acceso al derecho de salud reproductiva". En ese sentido, una de las disposiciones legales que pretenden desempolvar es el resistido registro de objetores de conciencia. "Vamos a incorporar su contenido a la gestión de un modo artesanal", explicó a Rosario/12 la funcionaria. "Trabajaremos en cada equipo para redistribuir a los profesionales que estén impedidos por posicionamientos éticos o religiosos de indicar y efectivizar medidas anticonceptivas recomendadas científicamente", se explayó. Y aclaró: "De ese modo, no se obligará a nadie a ir en contra de sus principios individuales, pero se garantizará el derecho social, que es nuestro deber fundamental". Mabel Busaniche, miembro de la Asociación Civil Palabras, una de las encargadas del Monitoreo Social, recordó que "cuando se intentó implemetar el registro, ningún profesional ni efector de salud se anotó, mientras que la realidad mostraba que eran muchos los que se negaban a concretar prácticas abortivas a mujeres violadas, o impedían el uso de anticonceptivos de emergencia o quirúrgicos". Entre los ejes que las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres -INDESO Mujer, Palabras, INSEGNAR, Mujeres de la Costa- monitorearán en 2009 a través de un convenio con la Universidad Nacional del Litoral, se pondrá la lupa sobre la anticoncepción de emergencia. "Es que los relevamientos demostraron que la mayoría de los efectores de salud se niegan persistentemente a prescribir este método, aduciendo que no disponen de cantidad suficiente de píldoras o que las deben utilizar sólo en casos de violaciones", observó Busaniche. Tanto para Busaniche como para Ferrandini, para viabilizar el acceso a la salud reproductiva, será de gran impacto la implementación de espacios de interacción entre la comunidad de salud y los pacientes, contempladas en la legislación como "consejerías". Sin embargo, no se implementarán con ese nombre ya que, en palabras de la secretaria de Salud, "contiene una relación asimétrica, del que sabe y aconseja sobre el que ignora, y va a contramano de la concepción de los espacios donde las mujeres y las parejen busquen opciones, y aumenten su libertad". Ferrandini explicó que ese intercambio se garantizará en cada consulta: "No serán consultorios independientes, sino que se trabajará con cada profesional para que puedan atender las demandas de las mujeres, especialemnte de aquellas que necesitan asistencia en situaciones graves y angustiantes".

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Se busca viabilizar el acceso a la salud reproductiva.
 
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