El gobierno de Hermes Binner iniciará una demanda al Estado nacional ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una deuda cercana a los 1.000 millones de pesos por recortes de recursos coparticipables en los últimos ocho años por un decreto de Fernando de la Rúa y Domingo Cavallo de noviembre de 2001, según anticipó el ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti. "En los próximos días estaremos en condiciones de hacer el planteo", dijo el funcionario, quien evitó los detalles del reclamo. "La decisión ya está tomada y estamos de acuerdo que el gobierno defienda los intereses de los santafesinos para que esos recursos vuelvan a la provincia", completó después al jefe del bloque de diputados del Frente Progresista, Raúl Lamberto.

Bonfatti sorprendió el jueves a la noche con el anuncio de que la Casa Gris recurrirá a la Justicia para frenar una sangría de recursos coparticipables de la provincia que hoy se destinan a financiar organismos nacionales como la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). "Ya estamos en condiciones de iniciar una demanda vía Corte Suprema de Justicia de la Nación en muchos ítems de deuda de la Nación con Santa Fe. En los próximos días haremos el planteo", dijo el ministro en el programa "Animal político" que se difunde por Cablevideo.

Poco después, el diputado Lamberto confirmó que Binner ya había tomado la decisión de demandar al gobierno nacional por recursos coparticipables de la provincia detraidos desde 2001 hasta ahora. La deuda ronda los 1.000 millones de pesos, estimó el legislador ante una consulta de Rosario/12. "Nos parece correcto que el gobierno defienda los intereses de la provincia y promueva las acciones judiciales que correspondan en reclamo de estos recursos de la coparticipación federal de impuestos", agregó Lamberto.

"Se trata de varios reclamos. Hay tres o cuatro rubros que estaban planteados ante la Corte Suprema de la Nación y deben ser activados. Este es uno de los pasos. El otro, es un reclamo por la detracción de recursos coparticipables de la provincia que se destinan a financiar la Afip en base a un decreto del año 2001 que firmaron De la Rúa y Cavallo", explicó. "Nosotros cuestionamos que esa detracción se haga por un decreto nacional (Nº 1399/2001), cuando debería hacerse por una ley del Congreso. Entonces, nos parece correcto que el gobierno de Santa Fe genere las acciones que sean necesarias para estos recursos que son de la provincia no se pierdan", insistió Lamberto.

Ya en agosto último, el gobierno de Binner había solicitado a la Comisión Federal de Impuestos (CFI) que emita "una resolución en pugna" contra el decreto 1399/2001 por la detractación a la provincia de recursos coparticipables para financiar un fondo de autarquía y la cuenta de jerarquización de la Afip. No era el primer reclamo, otras provincias y el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires habían hecho también el mismo planteo. Y ya entonces, el fiscal de Estado Jorge Barraguirre no descartaba abrir la vía extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia en el caso de no obtener una respuesta favorable de la CFI. "El tema está en la Comisión Federal de Impuestos que es el órgano natural para interpretar el régimen de coparticipación. Una vez que la Comisión interprete en base a resoluciones generales interpretativas, las provincias que se consideran desfavorecidas tienen la vía extraordinaria ante la Corte Suprema de Justicia" , le dijo Barraguirre al diario El Litoral.

El decreto 1399 es de noviembre de 2001, lleva la firma del entonces ex presidente De la Rúa, de su ex jefe de Gabinete, Crystian Colombo y del ex ministro de Economía, Domingo Cavallo y detrae fondos de la masa coparticipable para fortalecer a la Afip en dos rubros: un fondo de autarquía y una cuenta de jerarquización.

El ministro de Economía de la provincia, Angel Sciara estimó que en los últimos ocho años, desde 2001 hasta ahora, se le habían detraido a Santa Fe unos 700 millones de pesos que fueron a parar a la Afip. En el 2007, esa cifra llegó a 136 millones de pesos y en el primer semestre de este año era de 89 millones de pesos.

Según el decreto 1399/01, los recursos de la Afip están conformados por un porcentaje de la recaudación neta total de los gravámenes y de los recursos aduaneros cuya aplicación, recaudación, fiscalización o ejecución fiscal se encuentra a su cargo. En principio, el porcentaje de la recaudación destinada a financiar Afip era de 2,75%, pero en 2005 se redujo al 1,90%. Santa Fe entiende que el decreto colisiona con la ley 23.548 de coparticipación federal de impuestos. "Esta es una ley convenio y como tal sólo puede ser modificada por un acuerdo de partes entre Nación y las provincias", sostiene el ministro Sciara, quien entiende que el decreto "produce una actividad prohibida al permitir direccionar un porcentaje sustancial de la recaudación para la Afip sin haber siquiera consultado a las provincias".