Lo que sonó en su momento como una frase ampulosa de Jorge Obeid va en camino de transformarse en una realidad. "Vamos a recuperar la soberanía sobre el agua en Santa Fe", había disparado el gobernador cuando se desató el conflicto con el Grupo Suez apenas asumía su segundo mandato. No bien se formalice -y se comunique oficialmente-, la disolución de la sociedad Aguas Provinciales de Santa Fe, el gobierno anunciará la creación de una sociedad anónima de la cual conservará el 51% del paquete accionario, mantendrá el 10% del programa de propiedad participada, y ofrecerá el 39% restante a los 15 municipios comprendidos en la concesión caída. "Ahora, si (Miguel) Lifschitz quería la municipalización va a poder comprar las acciones", dicen cerca del gobernador en respuesta a las demandas que en su momento hizo el Intendente de Rosario y algún otro de sus colegas. Lo cierto es que "la empresa se queda en manos del Estado, ahora y por lo que resta del mandato de Obeid con seguridad", sostuvo la fuente que reconoció que el gobernador se siente reconfortado por esta posibilidad de recuperar la prestación del servicio. La provincia analiza demandar al grupo Suez.

La Fiscal de Estado Igmar Lepeniés esta preparando la demanda económica contra el grupo Suez por la disolución del vínculo, y estudiando a la vez si hay margen para una demanda de tipo penal teniendo en cuenta el abandono de la prestación de un servicio esencial. Como se ve, después de marchas y contramarchas, y aún cuando no se trata del escenario ideal, el gobierno ha decidido pasar a la ofensiva, aunque esto se concretará recién dentro de 48 horas cuando en la Casa Gris se firmen los decretos que ya están siendo elaborados.

La salida de Suez y la no transferencia de acciones -vedada por el Gobierno al no retirar la compañía la demanda en el Ciadi- no generó sorpresa en la Casa Gris. En alguna reunión de los últimos días, un directivo del consorcio extranjero había lanzado una frase reveladora: "Es posible que tengamos que perder un peón para defender la dama". El concepto fue ratificado por el Ministro de Infraestructura de la Nación, Julio De Vido quien le dijo al gobernador el jueves por la tarde que la situación del grupo a nivel nacional estaba también "muy complicada". Más aún, en los principales despachos de Santa Fe anida la convicción de que "Aguas desde hace tiempo quería que este fuera el final", aunque no dejan de reconocer que el Embajador francés -entre otros- intentó hasta último momento que se llegara a una salida menos conflictiva. Fue precisamente a él a quien Obeid le comunicó que "no hay margen de negociación si el grupo no hace expresa renuncia de acudir a los tribunales arbitrales". A partir de ese instante, el gobierno puso en marcha un "plan B", por cierto desconocido por la opinión pública. "Hace seis meses que hay gente que está trabajando sobre este escenario que no era el deseado, sobre todo porque la gente de Cerámica Alberdi demostró estar a la altura de nuestras exigencias, pero lo que se aprobó en la legislatura preveía esta posibilidad", dijo a este cronista uno de los artífices de ese proyecto que en su segundo y tercer artículo contempla la "creación de una sociedad anónima" y faculta al Estado para "contratar un operador".

Para avanzar en todo este esquema, el gobierno espera que se resuelva la impugnación presentada por el Banco Galicia y otro grupo de accionistas, para lo cual sería necesaria otra asamblea en la que el ahora liquidador --y antes Gerente General-- Alberto Gregorini debería recibir la ratificación o no del mandato de disolución de la sociedad.

No se descarta que esa resolución sea inmediata, más aún se preve que podría demorar más de un mes, y en ese caso el gobierno seguiría adelante con la redacción del decreto que crea la empresa, decide la integración del directorio y se hace cargo de la facturación y operación del servicio. Si bien no han trascendido nombres, la idea es que al frente de la nueva empresa estatal haya funcionarios políticos pero también técnicos, garantizando la fuente de trabajo para la totalidad de los empleados, y tomando posesión inmediatamente para evitar que se pierda información o bienes que vuelven al Estado.

Para el gobierno, tan importante como garantizar el servicio es avanzar en el plano judicial para conseguir un pronunciamiento que permita deslindar responsabilidades y que sea la empresa la que cargue con el peso del "abandono del servicio", al punto que se estudian posibles derivaciones penales además de la presentación para obtener un resarcimiento económico.

En 48 horas como máximo, los santafesinos asistirán al resurgimiento de la "Dipos". Si bien es poco probable que esa sea la nomenclatura, será la empresa de agua del estado provincial. Una situación ciertamente impensada hace poco más de una década cuando 8 días antes de asumir como gobernador -sin siquiera ser consultado-, Jorge Obeid recibía el "paquetito" que le había dejado su predecesor, Carlos Reutemann. Desde entonces, y por más de dos lustros la relación fue tumultuosa, complicada, y si bien desde la Casa Gris se pretendió evitar este desenlace, desde hace algunas horas -tal vez ante el hecho irreversible- va creciendo en el gobierno la sensación de que "no hay mal que por bien no venga".