El Tribunal Electoral de Santa Fe recibió 81 denuncias de ciudadanos que no dieron su consentimiento para figurar como candidatos en las listas de las primarias del domingo. En este marco, el secretario electoral, Avelino Lago, apuntó ayer a funcionarios públicos, escribanos y apoderados de los partidos como responsables de la maniobra. En diálogo con Rosario/12, Roberto Bambini, apoderado de la lista del Frente para la Victoria, opinó que detrás de estas maniobras "existe un interés económico exclusivamente". Bambini explicó que Santa Fe, a través del ministerio de Gobierno, reconoce un montó determinado por cada boleta que se imprime, "algo así como 0.054 pesos. A su vez, la provincia se compromete a pagar hasta un padrón por cada localidad. De manera tal que en Rosario, si se multiplican los 711.054 mil votantes por 0.054, la cifra alcanzaría los 38 mil pesos". Como uno de los mecanismos de fiscalización consistió en acreditar ante el Correo Argentino una remisión de 150 votos por cada urna, con 200 mil votos impresos para una lista de Rosario, la diferencia alcanza los 26 mil pesos.

Ante la consulta de este diario, Lago dijo que a partir de una sugerencia escrita del Tribunal Electoral al ministerio de Gobierno se establecieron dos mecanismos para acreditar que efectivamente los votos estaban impresos. Uno era fiscalizar físicamente la impresión de las boletas para garantizar que el dinero que salía del Estado sea utilizado para el fin para el cual la ley lo había previsto.

Bambini señaló que esta fiscalización, que este año se hizo por primera vez a través del decreto 989 del Poder Ejecutivo, "no la hizo nadie". El apoderado puntualizó que para la lista del FPV que encabezó Héctor Cavallero imprimieron hasta tres padrones -más de 2 millones de votos y solamente les reconocieron un padrón.

El otro mecanismo de fiscalización consistía en presentar en el Tribunal Electoral un certificado expedido por el Correo Argentino, donde se acreditaba la remisión de 150 votos por cada urna. "A razón de 1600 mesas aproximadamente en Rosario; sí o sí había que mandar alrededor de 200 mil votos. Con la guía emitida por el correo, y la factura correspondiente, se realizaba la presentación en el Tribunal Electoral y la provincia reconocía la totalidad. Imprimía 200 mil boletas, con un costo de 12 mil pesos y en realidad me pagaban 38 mil; me parece que es un buen negocio", ironizó Bambini.

Para presentar una lista en Rosario se necesitan una cantidad significativa de avales. "Evidentemente, como decía Avelino Lago, acá se necesita la participación de algún funcionario que acreditaba que la firma era de alguien sin haber estado presente al momento de la firma", dijo el apoderado del FPV. Y teniendo en cuenta que el de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias que se realizaron el domingo en Santa Fe es un modelo a seguir por la Nación, Bambini entiende que "habría que encontrar los mecanismos para mejorar este sistema, que como está planteado deja muchos resquicios para que sucedan estas cosas".

El Artículo 138 del Código Electoral Nacional establece que "se impondrá prisión de seis meses a cuatro años a los que falsifiquen formularios y documentos electorales previstos por esta ley, siempre que el hecho no estuviere expresamente sancionado por otras disposiciones, y a quienes ejecuten la falsificación por cuenta ajena". Para el apoderado del FPV "la situación es muy difícil de verificar. Pueden aparecer personas que denuncien que sus firmas no son las que corresponden, que se las falsificaron, pero hay decenas de miles".

En este sentido, el secretario electoral dijo que llevará "a cada Juzgado Comunal las nóminas presentadas en el Tribunal, en fotocopias certificadas, y los citaré por cédulas a cada uno para que comparezcan a ese juzgado y ratifiquen o rectifiquen sus firmas".

Finalmente, Bambini planteó que con la presentación de los avales "se hizo cualquier cosa". Según el apoderado, "ese hubiese sido el filtro para impedir que la lista avance. Pero una vez que el funcionario o un escribano público certificaron las firmas, el Tribunal Electoral las tiene que tomar como válidas. Eso habilitó las 72 listas en Rosario, una verdadera locura".