El gobierno provincial admitió ayer que de prosperar el reclamo por mayor coparticipación a la Nación, que se discutirá el miércoles ante la Corte Suprema, "es muy probable que se empiece a cobrar en otra gestión; pero éste es hoy nuestro deber, en defensa de nuestros legítimos derechos". De cara a la audiencia con el ministro de Economía, Amado Boudou convocada por el máximo tribunal el gobernador Hermes Binner y el fiscal de Estado Jorge Barraguirre, dieron detalles ayer de los argumentos que esgrimirán y se mostraron optimistas sobre la viabilidad del planteo santafesino.

Binner recordó que la provincia agotó "la vía administrativa" y por eso recurrió al único espacio donde se puede demandar al Estado nacional. "Creemos que los reclamos son legítimos, y hay una posibilidad cierta de que sean reconocidos por el gobierno nacional. No es una demanda del gobierno provincial, sino de todos los ciudadanos santafesinos, y es muy probable que estos se empiece a cobrar en otra gestión; pero éste es hoy nuestro deber, en defensa de nuestros legítimos derechos", dijo.

Entre las presentaciones, la que más fuerza cobra por lo que significa económicamente, son las detracciones que se hace a la provincia para sustentar la caja de la Ansés. "El fondo nos pareció adecuado en el momento de su creación (durante la gestión de Carlos Reutemann). Cuando aparecen las AFJP, la caja de jubilaciones tenía muchos beneficiarios con pocos aportantes, entonces fue la única forma de hacer frente a los derechos de los jubilados", explicó Binner.

La provincia suscribió un acuerdo que "implicaba la contribución de un 15 por ciento para la Ansés". Ese compromiso "venció en 2005 y la Nación lo prorrogó sin el consentimiento de la provincia, a partir del traspaso de los fondos de las AFJP a la Ansés. La administración ha quedado con una caja superavitaria y pierde el objetivo que tuvo en su nacimiento como sustento de mantener uno de los derechos más importantes: la seguridad social".

Con esta demanda y el pedido de la medida cautelar -para que, hasta tanto se resuelva definitivamente la cuestión se suspenda la aplicación del artículo en cuestión y el cese preventivo de la detracción de los fondos coparticipables-, la Corte convocó a las partes para discutir allí el valor de los derechos de factibilidad de la misma.

"Nuestro pedido no está vinculado a un resarcimiento sino a una visión responsable del país para que se pueda recuperar paulatinamente y cumplir con la provincia en esta demanda", dijo el gobernador, y agregó: "Pensamos que esto puede demorarse y no se tiene que empezar por el 100 por ciento, puede ser gradual", aseguró.

Barraguirre detalló que hay demandas adicionales a la actual, temas que también se llevarán a la audiencia con la Nación. Una de ellas está relacionada a la Ley del Cheque, que "tenía una asignación específica en 2002, para sostener los programas de emergencia por la situación que vivía el país. A través de un acuerdo interfederal, se modificó la distribución de los recursos, siendo 70 por ciento para la Nación y el 30 restante para la masa coparticipable". Su continuidad es considerada "inconstitucional".

Por otro lado, hay una demanda adicional con el Fondo Autarquía AFIP, de 2001, que "consistía en financiar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, a través de la masa de recursos coparticipables, y hay elementos que hacen que este decreto también sea considerado inconstitucional". Un tercer reclamo está vinculado al régimen de compensación de deudas y créditos entre nación y provincia.