La familia de Abel Beroiz, el dirigente camionero santafesino asesinado en Rosario a fines de 2007, presentó ayer ante la Fiscalía una denuncia por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público que involucra al director de la cárcel de Piñero y a la cúpula del Ministerio de Seguridad por la fuga de Raúl Flores, confeso sicario del sindicalista asesinado. En el escrito la familia Beroiz cuestiona a éstas áreas del gobierno santafesino "por no haber impartido órdenes respecto a la debida vigilancia de los alojados" en el penal o bien "no haber suministrado el debido funcionamiento de las cámaras de filmación". En la presentación judicial se hace mención a la peligrosidad del imputado y a las versiones que daban cuenta del trato preferencial que recibía del personal penitenciario, abonando la hipótesis de presunta complicidad o connivencia en su evasión.

Flores se escapó de la cárcel de Piñero el miércoles 3 de marzo en una trafic que transportaba el pan producido en el penal, burlando por lo menos tres puestos de control internos. Por esa razón el titular del Servicio Penitenciario, Mariano Bufarini resolvió relevar a cuatro guardiacárceles. "Acá hubo claramente negligencia e impericia, el resto lo estamos investigando", planteó. El ministro de Gobierno, Antonio Bonfatti fue más allá al vincular este hecho con otras fugas, tras lo cual no descartó un presunto mensaje de las fuerzas de seguridad, molestas con la política de la Casa Gris.

Los abogados de la familia Beroiz rechazaron esa línea argumental y remarcaron la responsabilidad de los funcionarios políticos provinciales en la fuga de Flores. Ayer, con la firma de uno de los abogados de la familia, Romeo Díaz Duarte y la del hijo del dirigente asesinado, se presentó un escrito en la Fiscalía donde se solicita investigar al director del penal de Piñero y eventualmente al Director de Institutos Penales, al secretario de Asuntos Penitenciarios, al secretario de Seguridad Pública y hasta el propio Ministro del área por presunto incumplimiento de los deberes de funcionario público.

En la denuncia se cuestiona a las autoridades del Ministerio por "no haber impartido órdenes respecto a la debida vigilancia de los alojados y/o no haber suministrado el debido funcionamiento de las cámaras de filmación o reproducción de imágenes de los alojados en la unidad carcelaria donde se diera a la fuga Flores".

Luego, el escrito plantea una "síntesis histórica" del caso. Se recuerda que fue detenido en el norte provincial ya que "era sabido que en Rosario jamás iba a ser apresado porque gozaba y goza de impunidad policial y política al grado de declarar el propio Flores que el comisario de la seccional 16º, mientras estaba alojado, le permitía salir a robar y luego regresar al penal". Más adelante, enumera otros acontecimientos que refuerzan la "peligrosidad de Flores", quien confesó haber asesinado a Beroiz "por dinero que le abonaron sus cómplices".

Tras recordar que fue alojado en Piñero por razones de seguridad, el hijo del dirigente asesinado comentó que Flores "comenzó a gozar de prebendas, llegando a nuestros oídos lo que era voz de pasillo en la cárcel, que en cualquier momento se evadía del penal. Esta situación no era desconocida por la autoridad penitenciaria, al contrario sabían mejor que nosotros que la posibilidad estaba latente y que en cualquier momento se producía".