Desde Santa Fe

La diputada Alicia Gutiérrez (SI) insistió esta semana con una ley para señalizar como "sitios de la memoria del terrorismo de estado" a los centros clandestinos de tortura y exterminio que operaron en la provincia durante la dictadura. Un proyecto que presentó hace ya dos años, pero que caducó a fines de abril, pero que ahora renovó su estado parlamentario y el compromiso de sus colegas del oficialismo y la oposición que será aprobado lo antes posible. "Hay una promesa y una voluntad política para tratarlo. Incluso, un interés de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para que haya una legislación sobre este tema", dijo la legisladora.

Gutiérrez presentó el proyecto en setiembre de 2008 y fue girado a cuatro comisiones: Derechos y Garantías, Cultura, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales. Las tres primeras le dieron dictamen favorable, pero quedó cajoneado en la cuarta: Asuntos Constitucionales, que preside la diputada socialista Inés Bertero. En la sesión del jueves, la primera del período ordinario, Gutiérrez formalizó un nuevo proyecto idéntico al anterior, pero solicitó que sólo fuera enviado a Asuntos Constitucionales para que se complete el trámite legislativo y el pleno de la Cámara lo aceptó. "Hay voluntad política para que esta ley sea aprobada lo antes posible", afirmó.

La iniciativa caducó en el pase de una comisión a la otra. "Y después, en Asuntos Constitucionales hubo otras urgencias y otros proyectos y éste quedó postergado. Pero ahora existe el compromiso de tratarlo", se entusiasmó la diputada del SI. "Incluso, un interés de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia para que haya una legislación sobre el tema. Ya hay una política de señalamiento de los lugares donde operó el terrorismo de estado, pero quieren llevarla a cabo con un marco legal".

La ley propuesta por Gutiérrez considera "sitios de la memoria del terrorismo de estado a los lugares ubicados dentro del territorio de la provincia de Santa Fe, en los que funcionaron centros clandestinos de detención, tortura y exterminio o donde sucedieron hechos emblemáticos del accionar de la represión ilegal desarrollada durante el terrorismo de estado ejercido en el país hasta el 10 de diciembre de 1983", dice el artículo 1. "El Poder Ejecutivo provincial garantizará la preservación" de todos estos lugares (") para "facilitar las investigaciones judiciales" y "la memoria histórica", agrega el artículo 2.

"Esto implica que todos los lugares donde hayan existido campos de concentración y exterminio, conocidos por municipios, comunas o por la provincia, la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe se encargará de señalizarlos con una aclaración de que ahí funcionó un centro clandestino de detención e inclusive poner el nombre de las víctimas. El texto no lo especifica, pero deja cierta libertad para que así se haga. Y hasta, faculta a llamar a un concurso para que la señalización tenga la misma estética en toda la provincia.

"La ley es importante -insistió Gutiérrez porque nos parece totalmente injusto que en un lugar como "La Intermedia", por ejemplo, que está a la vera de la autopista Santa Fe Rosario, donde hay una casa, un campo que se cultiva y vive gente, y nadie sepa cuando pasa por allí que existió en campo de concentración" que operaba uno de los represores condenados a prisión perpetua en el juicio de Rosario, el teniente coronel Juan Daniel Amelong. Además de Amelong, también fueron condenados a perpetua por delitos de lesa humanidad los coroneles Pascual Guerrieri y Jorge Fariña, y los agentes civiles del Ejército durante la dictadura, Walter Pagano y Eduardo Costanzo.

En el juicio de Rosario quedó probada la existencia de cinco campos clandestinos: la Quinta de Funes, la escuela Magnasco, La Intermedia, la Fábrica Militar de Armas y La Calamita", recordó Gutiérrez. "Estos centros clandestinos de detención existieron, no fueron una fábula de tres o cuatro personas sino que los testigos y querellantes atestiguaron dónde estuvieron detenidos, dieron detalles y dijeron quiénes habían sido sus captores y los reconocieron. Entonces, esto es un hecho muy importante".

"Muchas veces, hemos intentado señalizar estos lugares. Hace varios años, los familiares de las víctimas de la Quinta de Funes plantamos un árbol que fue extraído rápidamente y pusimos una placa que también fue cortada a la semana. Hoy no existe ninguna señalización de esos hitos de la memoria. No estamos pidiendo la expropiación ni nada por el estilo, pero sí que en cada localidad la gente sepa, los adolescentes y los niños sepan que sucedió en estos lugares. Eso me parece lo más importante. Los jóvenes son los que más preguntan, los que más acompañan, los que masivamente se incorporan a las marchas del 24 de marzo, los que nos acompañaron el día de las sentencias en los juicios en Santa Fe (al ex juez de Santa Fe, Víctor Brusa y cinco policías) y en Rosario (a Guerrieri Amelong y compañía) Entonces, nos parece muy importante que todo esto tenga un correlato como parte de la memoria histórica de un pueblo.

"Algunos municipios también lo intentan. Mañana, lunes, vamos a ir con el Espacio Juicio y Castigo de Rosario a la Municipalidad de Granadero Baigorria, donde el Concejo Municipal aprobó por unanimidad una ordenanza que tiene que ver con el señalamiento de los lugares de los centros clandestinos de detención", finalizó Gutiérrez.