La misma semana en que un juez mandó a prisión perpetua a un joven de 20 años por el asesinato de un taxista, mostrando el más duro de los rostros de la justicia, otro magistrado decidió absolver de culpa a dos policías que estaban procesados por haber fusilado a dos hombres. Uno de los efectivos ya había asesinado a un joven de 16 años, a quien también ejecutó, en este caso a la vista de sus propios vecinos de Parque Casas, hecho por el que también fue absuelto. Sin embargo el sargento Claudio Thedy -el policía en cuestión- no terminó allí sus andanzas antes de caer detenido: tuvo tiempo de bajar del patrullero del Comando Radioeléctrico y dispararle a un joven estudiante que esperaba el colectivo. Para Ana Oberlin, miembro del Centro de Investigación en Derechos Humanos (CEIDH), "la actitud de los jueces que considera al asesinato a manos de policías como un caso de legítima defensa, la aceptación de la primera versión sobre el hecho que siempre es de la propia policía, la falta de decisión para constituirse en el lugar del hecho", resulta un cóctel explosivo. En resumen: "Estos casos no podrían producirse y repetirse sin la connivencia del Poder Judicial", señala la letrada.

Oberlin esta trabajando junto a un importante grupo de profesionales en un proyecto que esta financiado por Ciencia y Técnia de la Nación que vincula el trabajo de la Universidad Nacional de Rosario con la Universidad Nacional del Litoral, el Centro de Estudios Legales y Sociales y la Universidad de Buenos Aires, sobre el uso de la fuerza letal por parte de la policía -la Bonaerense, la Federal y la santafesina- y las respuestas que se dan desde los distintos niveles al fenómeno.

"Lo estamos procesando y es parte de un trabajo que venimos haciendo desde la sección Criminología del CEIDH, y de las respuestas judiciales que se les da en estos casos", dice Oberlin. Este proyecto empezó en el 2004 y abarca desde 1996 hasta justamente ese año. Lo comprobado es que hay tres casos de victimarios que se repiten con dos casos cada uno.

La abogada no duda al señalar que "el de Thedy es un caso muy particular porque estaba imputado en el caso Ortega y Cabral, en el David Juárez y en un tercer caso: el de un estudiante al que le disparo cuando estaba esperando un colectivo en plena luz del día, y no se supo nunca porqué. Lo que decimos, y nos parece el eje en este tema, es que sin la connivencia del Poder Judicial no se repetirían estos caso. Si el Poder Judical aplicara las reglas del Código de Procedimientos como lo hace en la mayoría de los casos en donde no hay implicados policías -como en los casos en los que los comete cualquier joven pobre-, estos hechos de gatillo fácil no se repetirían ni tendrían los mismos protagonistas".

En el estudio se destaca que "el Poder Judicial tiende a excarcelar a los policías cuando la figura que les cabría es la del homicidio, pero nunca la aplican. Hay una tendencia del Poder Judicial a considerar cualquier hecho de violencia policial como legítima defensa. Entonces esta carátula permite excarcelarlos y absolverlos".

"Lo que decimos -agrega Oberlin- es que además influye que la primera versión del hecho es la de la policía y la mayoría de los jueces no se procuran otra información sino que aceptan esta versión sin cuestionarla. Evidentemente una fuerza policial como la de nuestra provincia, que tiene una larga tradición de violación a los derechos humanos sumamente arraigada, que además es un corporación, se protege a si misma: aunque no sea el mismo policía el que haga el acta que el que haya disparado el arma, hay altas probabilidades de que proteja a su compañero".

"Por eso decimos -señala la abogada- que el Poder Judicial tiene un rol fundamental en esto, porque en cierta forma no solo la justicia tiene que ver con el caso concreto, con que las víctimas puedan conseguir una reparación y justicia, sino que tiene una proyección muy clara para el futuro: en el caso concreto del sargento Thedy le permitió seguir cometiendo otros delitos".