"Hay empresarios en el sur de la provincia de Santa Fe que luego de las denuncias de trabajo esclavo intentan hacer desaparecer toda huella de explotación laboral y para eso desmantelan casillas y reenvían a la gente a su casa, muchas veces sin paga, por temor a que haya inspecciones". La denuncia la realizo el sociólogo Reinaldo Ledesma , ex consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). "Si en un campo tenían 300 ó 400 trabajadores en situación de hacinamiento, ahora dejan a 80 y tratan de que no se perciba su hiperexplotación", denunció Ledesma, quien reclamó al gobierno provincial que proteja los trabajadores. En campos similares a los de Nidera pero administrados por otras multinacionales semilleras (trascendieron los nombres de Monsanto y Pioneer,) los encargados también comenzaron a proveer de cosas elementales para la supervivencia con el fin de disimular las condiciones a las que someten a sus empleados. En un mensaje de texto que remitió a su familia en Santiago, uno de los peones hacinados en una planta al sur de Santa Fe , en la zona de Venado Tuerto contó que habían llevado "siete freezers y bidones de agua. A otros campos llegaron baños químicos segun hicieron saber voceros de la propia comunidad de trabajadores santiagueños.

Los trabajadores rurales temporarios santiagueños eran regresados en las últimas horas a sus lugares de origen luego de que se hiciera pública la denuncia de explotación laboral por parte de empresarios agrícolas en el norte de la provincia de Buenos Aires y en el sur santafesino, informó la Unión del Pueblo Diaguita Cacano.

"Son días muy angustiosos porque los trabajadores volvieron a sus casas como se fueron. Los castigan y tienen la incertidumbre de no saber si los culpables de esto son los empresarios, los que descubrieron los campos de trabajo esclavo o, ellos mismos, por haberse atrevido a denunciar", declaró desde Santiago del Estero Reinaldo Ledesma.

Integrante de la mencionada organización indígena, con sede en Atamisqui, propuso que el Estado Nacional "haga un censo para saber quiénes son y dónde están estos compañeros que en estos momentos son devueltos a sus casas sin el único ingreso monetario", agregó Ledesma.

El sociólogo detalló que los empresarios agrícolas tienen como "propósito hacer desaparecer toda huella de explotación laboral y para eso desmantelan casillas y reenvían a la gente desde campos del sur de la provincia de Santa Fe donde creen que podría haber inspecciones".

También, que la maniobra empresarial deriva además en "tensiones y conflictos entre trabajadores porque las empresas les dan a entender que esto pasa porque otros, en Atamisqui, se atrevieron a denunciar las formas inhumanas de explotación a que son sometidos".

En el departamento de Atamisqui, donde viven unas 9 mil personas, más de 2 mil (el 90% de la población en edad activa) trabajan como empleados golondrina de las cerealeras y semilleras. En los 20 días que dura el desflorado de maíz, si se someten a las estrictas normas disciplinarias que imponen las compañías, los peones logran reunir cerca de $2.000 cada uno. Perderlos implica un golpe durísimo para sus ingresos.

Aunque para muchos obreros del campo la difusión del caso Nidera sirvió para mejorar las condiciones inhumanas bajo las cuales cumplían tareas, varios centenares de ellos fueron devueltos a sus hogares sin paga alguna y bajo amenazas para que no informen a las autoridades sobre su situación. Así lo denunciaron referentes de comunidades indígenas de Santiago del Estero, de donde proviene la mayoría del personal.

"Quieren hacer desaparecer toda huella de explotación laboral y por eso están desmantelando casillas y reenviando hacia acá a la gente desde campos situados en la provincia de Santa Fe, donde podría llegar a realizarse alguna inspección", informó el referente de la Unión Solidaria de Comunidades, Reinaldo Ledesma, un sociólogo santiagueño que vive hace 20 años en Villa Atamisqui, unos 120 kilómetros al sur de la capital provincial.

Según Ledesma, la movida encierra "una acción encubierta de despidos masivos" por parte de las multis del sector, temerosas de nuevas inspecciones que pongan al descubierto las flagrantes violaciones de los derechos laborales que ejercen. Aunque son "liberados" del yugo que ejercían sobre ellos los empleadores, los peones son devueltos sin paga alguna y pierden "el único ingreso anual fijo que en muchos casos les permite sobrevivir el resto del año", dijo Ledesma.

En el departamento de Atamisqui, donde viven unas 9 mil personas, más de 2 mil (el 90% de la población en edad activa) trabajan como empleados golondrina de las cerealeras y semilleras. En los 20 días que dura el desflorado de maíz, si se someten a las estrictas normas disciplinarias que imponen las compañías, los peones logran reunir cerca de $2.000 cada uno. Perderlos implica un golpe durísimo para sus ingresos.