Con la muerte por ahorcamiento de Mario Ledesma, detenido en el pabellón de castigo del ala sur de la cárcel de Coronda, sumaron ayer 10 las personas fallecidas en lugares de encierro de la provincia durante el año, según los datos difundidos por la Coordinadora de Trabajo Carcelario. En su informe para el subcomité contra la tortura de Ginebra, la organización no gubernamental detalló que hay 4.128 privadas de la libertad en Santa Fe, de las cuales 2.620 están distribuidas en unidades penitenciarias y 1508 en comisarías. Del total, 122 son mujeres y 83 niños menores de 18 años. Más de la mitad (un 53 por ciento) no tiene condena. Entre los presos a disposición de la Justicia Federal, el porcentaje de procesados asciende al 58 por ciento.

"Las dependencias policiales, básicamente Comisarías, no se encuentran preparadas para alojar personas, y pese que legalmente no debería estar allí, una persona puede transcurrir más de un año o toda su condena en estas", dice el informe. "La situación es de la precariedad más absoluta, no se garantiza un lugar digno para vivir, la salud, la educación, la posibilidad de realizar actividad alguna. Y a ello se suma un altísimo grado de violencia policial", agrega.

En cuanto a los penales, la CTC afirma que "si bien no existe sobrepoblación, existen fallas estructurales que no se condicen con la dignidad humana. Faltan elementos indispensables, como colchones, ventanas en invierno, problemas con los desagües cloacales, cañerías, falta de agua potable, mala calidad de la alimentación". En especial, destacan los "graves" problemas en la cárcel de Piñero, pese a ser una unidad nueva.