[HTML]A más de ocho meses de haberse reglamentado la ley que regula el uso de radares en rutas santafesinas, ninguna localidad de la provincia está autorizada a utilizar los cinemómetros para controlar los excesos de velocidad. Esto ocurre porque ninguna de ellas suscribió un convenio con la subsecretaría de Transporte para homologar los aparatos y recibir así el aval de la provincia para poder cobrar las infracciones cometidas por los automovilistas. Pese a ello, varias comunas siguen emitiendo las multas. El caso más emblemático es Pujato, donde su presidente comunal, Mario Gatti contrató un estudio jurídico cordobés para intimar a los infractores -la mayoría de ellos rosarinos- a que paguen. "Las multas son ilegales, no hay que pagarlas", confirmó esta semana el subsecretario de Transporte de la provincia, Miguel Latorre, quien se reunirá mañana con Gatti para sugerirle que deje de emitir sanciones. En las últimas semanas el funcionario provincial recopiló información y la giró a Fiscalía de Estado, donde se analizarán posibles sanciones legales a los intendentes que, intencionalmente, violan la ley Nº 12.217.

La norma en cuestión fue sancionada por la Legislatura provincial el 20 de noviembre del 2003 y publicada en el Boletín Oficial el 9 de enero del año pasado. El 21 de enero de este año el gobernador Jorge Obeid firmó el correspondiente decreto reglamentario. Allí se estipula claramente el procedimiento que deben seguir los municipios y comunas interesados en utilizar los radares para controlar excesos de velocidad.

Desde la Subsecretaría de Transporte confirmaron a Rosario/12 que a la fecha ninguna localidad santafesina cumplimentó todos los requisitos exigidos por la Ley para poder usar legalmente los cinemómetros en rutas nacionales o provinciales que atraviesen ejidos urbanos en Santa Fe y, por ende aplicar sanciones económicas a los infractores. "Hemos tenido presentaciones de algunas comunas pero todavía no fueron autorizadas", aclararon desde la cartera que conduce Latorre.

Sin embargo tanto la comuna de Pujato como la Municipalidad de Venado Tuerto siguen emitiendo multas mediante el uso de radares no autorizados que llegan a los domicilios de los propietarios de los autos. Algunos optan por pagar con el promocionado descuento merced a la presentación voluntaria, otros eligen el descargo y la vía legal.

"Son dos casos emblemáticos que estamos analizando como solucionar", reconoció el subsecretario de Transporte. El funcionario provincial confirmó días atrás, en diálogo con Radio Dos que las multas son ilegales y recomendó a los automovilistas, contra su voluntad, no pagar las sanciones. "Lo que recomiendo en primer término es que conduzcan a las velocidades permitidas en las rutas para evitar accidentes y las infracciones", aclaró. Nada dijo Latorre sobre los infractores que ya pagaron las cuantiosas multas ilegales.

El presidente comunal de Pujato admitió publicamente estar incumpliendo la ley al no tener autorización para usar los radares y pese a ello emitir multas. "Estamos en la Argentina, no en Francia (sic). No podemos esperar (los plazos legales y burocráticos). Yo tengo que hacer algo para que no me maten a los habitantes de mi comuna", afirmó.

Tras escuchar las declaraciones de Gatti, Latorre tramitó un nuevo encuentro con el presidente comunal de Pujato que se concretará mañana. Será un nuevo intento del subsecretario de Transporte por convencer al polémico Gatti para que se ajuste a la ley vigente y no emita multas ilegales a los automovilistas que exceden las velocidades permitidas.

Latorre aclaró que ya remitió toda la documentación a Fiscalía de Estado, dependencia que evaluará posibles sanciones legales tanto a Gatti como al intendente venadense, Roberto Scott.

Además, el subsecretario de Transporte le pedirá intervención al subsecretario de Comunas de la provincia, Roberto Melli. "Si Latorre me pide intervención, voy a ofrecerme de mediador pero de buenos oficios porque la legislación vigente no me da mayores facultades", dijo el funcionario ante una consulta de Rosario/12.

Melli explicó que la intervención de la comuna "es una medida extrema que adopta el gobierno provincial después de agotar todas las instancias de diálogo como ocurrió en la localidad de Maciel donde además las irregularidades eran notorias y eso incluso perjudicaba el funcionamiento normal de la administración pública".