[HTML]El 28 de septiembre de 2002 distintas organizaciones dedicadas al derecho de acceso a la información en todo el mundo acordaron promover este derecho y la transparencia en la gestión de gobierno. Desde ese año, el antepenúltimo día del mes de la primavera o del otoño según el hemisferio; activistas de todas partes utilizan ese día para promover este derecho fundamental generando sociedades más trasparentes y estimulando democracias más participativas.

Así, el pasado jueves en consonancia con esta celebración el Sindicato de Prensa Rosario (SPR) y el Foro de la Comunicación Santafesino (FOCOS) convocaron a organizaciones intermedias de variado espectro a manifestarse en contra del tratamiento legislativo que le está dando la Legislatura provincial al proyecto enviado por el gobernador el primer día de su actual mandato. El proyecto del Ejecutivo fue arruinado por el Senado al incluirle la llamada "cláusula Gramajo" (en referencia al senador por el departamento 9 de Julio) al establecer que el ciudadano que solicite información debe tener un "interés legítimo" que motive su pedido. Esto es claramente absurdo y va contra la naturaleza del instituto. La información es pública y cualquier ciudadano por el solo hecho de serlo tiene derecho a que se le entregue la información que solicita. En diputados duerme en algún húmedo cajón.

El acceso a la información pública es un derecho tan básico en cualquier República que los trabajadores de prensa y los dueños de los medios (ADEPA) sistemáticamente reclaman su reconocimiento. Además, diversas ONG (ADC, CELS, FARN, CIPPEC, entre otras) trabajan desde hace años para que la ley que regule el acceso cumpla con los requisitos exigidos por los acuerdos internacionales en la materia. Un ejemplo del resultado positivo de estas gestiones lo marca el decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) 1172/03 donde regula: el Acceso a la Información Pública, las Audiencias Públicas, la Gestión de Intereses (lobby), la Elaboración Participativa de Normas, las Reuniones Abiertas de los Entes de los Entes Reguladores de Servicios Públicos y el acceso gratuito vía Internet al Boletín Oficial del día (todo en el ámbito del PEN). Por otra parte vale recordar que la ciudad de Rosario desde fines de 2001 tiene la ordenanza 7249 sobre acceso a la información pública que casi nadie conoce y que desaprovechamos.

Los claroscuros en este tema son enormes. Usted ya lo habrá podido apreciar. Hay ejemplos de avances pero también de conductas que quisiéramos ya no existan. La semana pasada la Cámara de Diputados de la Nación apeló una sentencia del Juez Silva Garretón que había ordenado a los legisladores a que hagan públicas sus declaraciones juradas de bienes de acuerdo a lo establecido en la Ley de Etica Pública. Este amparo promovido por la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) terminará en la Corte Suprema donde sus ministros al igual que el resto de la judicatura no presentan declaraciones juradas ni paga impuestos a las ganancias.

Nosotros desde la Fundación Derecho Social acompañamos todas las acciones que aboguen por la consolidación de los derechos fundamentales y seguimos luchando en concreto para lograr uno de los derechos a la información legislativa: el voto nominal.

*Director Ejecutivo (FDS) [email protected]