La Cámara Federal de Rosario que separó al juez federal Nº 1 Reynaldo Rodríguez, de la investigación del terrorismo de estado en Santa Fe tiene otro problema. ¿Quién será el magistrado que se hará cargo de esta causa que se inició hace ocho años en España, en el Juzgado de Baltasar Garzón, que ya lleva cuatro de trámites en la Argentina y acumuló 16 cuerpos y 3.200 fojas? El juez federal Nº 2, Francisco Miño, se excusó de intervenir por su vínculo con uno de los detenidos en el proceso: el ex juez federal Víctor Brusa. Y ayer se apartó el primer conjuez sorteado en una lista de diez abogados del foro santafesino: el doctor Ricardo Prono, un experto en concursos y quiebras que fue delegado de Carlos Reutemann en el Consejo de la Magistratura, en el primer gobierno de Lole. Hasta anoche, no habían trascendido los motivos por los cuales Prono rechazó la designación.

Ahora, la Cámara deberá hacer un nuevo sorteo entre los abogados que siguen en la lista, pero un corrillo ya resuena en los Tribunales Federales. "Va a ser muy difícil encontrar a algún conjuez que se haga cargo de una causa tan caliente. Que además, es una changa paraguaya porque no se cobran honorarios", reveló una fuente a Rosario/12.

La separación de Rodríguez de la causa por una cuestión técnica sorprendió en Santa Fe. Más, porque el juez investigó la represión ilegal durante cuatro años, fue uno de los primeros en declarar la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final en la Argentina y ordenó la detención de los militares más encumbrados de la dictadura: el ex jefe de Inteligencia del Segundo Cuerpo y luego jefe del Area 212, coronel Juan Orlando Rolón y el ex jefe del Destacamento de Inteligencia Militar 122, coronel Domingo Manuel Marcellini.

Nunca antes, Rolón y Marcellini habían sido molestados por la Justicia Federal. Rodríguez fue el primer juez civil desde la restauración democrática en hacer comparecer a Marcellini y procesarlo como autor mediato e ideológico de crímenes de lesa humanidad. Y después de un largo escarceo judicial con la defensa de Rolón, libró la orden de captura y detención del coronel que hoy está internado en el Hospital Militar de Buenos Aires por un problema cardíaco.

En la causa, Rodríguez ordenó detener también a otro militar de menor rango, pero que revistó en el Destacamento de Inteligencia Militar 122 y hasta tuvo actuación pública en la Casa Gris, donde se desempeñó como el número dos de la Subsecretaría de Seguridad Pública en el primer gobierno de Jorge Obeid, entre 1995 y 1999.

Uno de los primeros en advertir sobre las consecuencias de separar al juez Rodríguez fue el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Domingo Pochettino, para quién el fallo de la Cámara Federal de Rosario puede abrir las puertas para que los crímenes de lesa humanidad queden impunes en Santa Fe. "Me preocupa muchísimo el futuro de la causa. Hay testimonios. Hay datos aportados por denunciantes incriminando gente y corremos el riesgo de que todo quede en la nada. Pero además hay otras causas. Tengo miedo que caiga todo y las consecuencias pueden ser catastróficas", dijo el funcionario.

La Cámara apartó a Rodríguez por una recusación de la defensa de una de las imputadas en la causa: la ex carcelera de la Coordinación del Area 212, María Eva Aevi, quien actuaba bajo las órdenes de otro de los detenidos: el ex comisario Juan Orlando Perizotti. Los dos, Aevi y Perizzotti dependían de Rolón.